CRISIS POLÍTICA Y ECONÓMICA: DIL(E)MA BRASILEÑO

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“Nunca pensé que tendría que volver a luchar contra un golpe de Estado en Brasil”, aseguró Dilma Rousseff tras ser suspendida de sus funciones como presidenta. Como muchos esperaban, el Senado inició el 12 de mayo el trámite judicial contra la mandataria, que la someterá a un juicio político. Análisis del papel protagónico de los medios de comunicación en la salida del gobierno de Rousseff y las diferencias y analogías con el anterior impeachment al ex mandatario Fernando Collor de Mello.

Texto: Mario Osava / Fotos: Paulo Meireles / Caio Neri

Brasil tuvo hasta ahora dos economistas en la presidencia del país y los dos son los únicos alejados del poder por procesos de inhabilitación, cuyo trasfondo, paradójicamente, fueron sus fracasos económicos. Dilma Rousseff, en el poder desde enero de 2011, fue suspendida de sus funciones de presidenta después que el Senado decidió la mañana del jueves 12 de mayo, por 55 votos contra 22, someterla a un juicio político que podrá prolongarse por hasta 180 días.

Durante ese período su mandato lo ejercerá el vicepresidente Michel Temer, quien asumirá definitivamente la jefatura del gobierno hasta el primer día de 2019 si Rousseff resulta destituida al final del proceso, para lo que se requerirá una mayoría de dos tercios de los 81 senadores, convertidos ahora en jueces, es decir, 54 votos. Los analistas coinciden en que es muy improbable que la suspendida mandataria del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) recupere el poder, después de sufrir derrotas abrumadoras en los trámites de aprobación del juicio por la Cámara de Diputados (Congreso), donde el 71,5% votó en su contra, y por el Senado.

Probablemente se repita el caso anterior, de Fernando Collor de Mello, elegido presidente en 1989, con 40 años, e inhabilitado en 1992, tras un proceso de sólo cuatro meses, basado en denuncias de corrupción. Pero hay muchas diferencias entre estos dos casos de “impeachment” (impedimento), el término del derecho anglosajón utilizado en la legislación brasileña para definir el proceso de destitución contra altos cargos públicos elegidos popularmente. Rousseff no es acusada de corrupción sino de fraudes fiscales por ocultar en los presupuestos la gravedad del déficit público en los últimos años y cuenta con un apoyo minoritario aunque aguerrido, de algunos partidos de izquierda y movimientos sociales capaces de movilizar protestas multitudinarias.

Collor cayó totalmente aislado, con pocos votos de diputados (congresistas) y senadores, apoyado por un micropartido creado para formalizar su candidatura. Su impeachment resultó prácticamente de un consenso. Sin embargo, hay también coincidencias. Ambos economistas perdieron su piso político por la gestión temeraria de la economía. Collor inauguró su gobierno con una brutal medida para contener la superinflación, bloqueó todas las cuentas bancarias e inversiones, liberando pequeñas sumas para gastos familiares esenciales. El producto interno bruto (PIB) de 1990 se desmoronó el 4,3% y se multiplicaron el desempleo y la quiebra de empresas. El más joven presidente elegido en Brasil perdió de golpe casi toda la popularidad. Así se cimentaron las condiciones para su inhabilitación al estallar un escándalo de corrupción dos años después.

Con Rousseff el deterioro económico llevó más tiempo. Se evidenció al final de su primer mandato (2011-2014) y se transformó en depresión con la caída del 3,8% del PIB en 2015, que se repetiría en 2016, antes de una aún incierta recuperación. Subsidios al consumo, reducción de impuestos para “estimular” ciertos sectores, contención artificial de precios de combustibles y de la electricidad están entre las medidas antiinflacionarias o pro crecimiento que condujeron al desastre, especialmente en el área fiscal.

Brasil tuvo hasta ahora dos economistas en la presidencia del país y los dos son los únicos alejados del poder por procesos de inhabilitación.

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Respaldo a la suspendida presidenta Rousseff. La crisis política en Brasil activó las alarmas en varios países de la región.

Collor y Rousseff también incubaron sus posteriores defenestraciones desde los comicios, donde cometieron el llamado “estelionato electoral”, el fraude en las ofertas durante la campaña. El primero se eligió en 1989 acusando a su oponente, el líder obrero Luiz Inácio Lula da Silva, que llegaría al poder en 2003 de la mano del PT, de preparar el bloqueo de los depósitos bancarios, justamente la medida fatal que él, Collor, adoptó en su primer día como presidente.

Rousseff descalificó a sus contrincantes, durante la campaña de su reelección en 2014, como promotores de un ajuste fiscal que luego ella misma trató de impulsar al iniciar su segundo mandato. Ocultó dificultades de su gobierno y anunció la ampliación de programas sociales inviables por la falta de recursos. “Fue un error que ayudó a engendrar el proceso de inhabilitación”, admitió el mismo alcalde de São Paulo, Fernando Haddad, dirigente del PT, en una entrevista el 6 de mayo.

La crisis económica ganó dimensiones de tragedia al sumarse el escándalo de corrupción en los negocios petroleros del grupo estatal Petrobras, que ya involucra más de 200 empresarios y políticos, incluyendo al ex presidente Lula y otros dirigentes del PT, contaminando así la imagen del gobierno, aunque la presidenta esté exenta. Ese cuadro hace más eficaz la acusación de que Rousseff violó leyes de responsabilidad fiscal y del presupuesto, al firmar decretos ampliando gastos gubernamentales sin autorización y al obtener créditos de bancos estatales, vedados al gobierno central.

Las dos medidas constituirían “delitos de responsabilidad” que justifican la inhabilitación, según la Constitución, y habrían agravado el déficit fiscal, el factor clave de la crisis económica. El defensor de la presidenta, el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, y parlamentarios oficialistas rechazaron las acusaciones, arguyendo que los decretos sólo redistribuyen recursos por otros rubros y el gobierno sólo atrasó pagos a los bancos estatales, no configurando las operaciones de crédito legalmente prohibidas.

“Decenas de alcaldes y gobernadores, además de presidentes anteriores, adoptaron medidas idénticas durante sus gestiones y no sufrieron ningún proceso de inhabilitación”, indicó el senador Otto Alencar, del Partido Socialdemócrata, cuya mayoría votó en contra de Rousseff. De todas maneras, el juicio es político, la presidenta será destituida e inhabilitada si dos tercios de los senadores juzgan que existen motivos para ese fallo, con independencia de argumentos estrictamente jurídicos.

Pero no es seguro que los senadores que aprobaron el proceso mantengan sus votos en el desenlace de ese proceso. Por lo menos tres de ellos matizaron sus votos, aclarando que sólo estaban aprobando la realización del juicio, para que se profundicen las investigaciones y las discusiones sobre las responsabilidades presidenciales, antes de decidir su voto sobre la destitución. Entre esos senadores están el ex futbolista Romario Faria, senador por Río de Janeiro, y Cristovam Buarque, ex gobernador de Brasilia, ambos de partidos socialistas diferentes.

“Habrá lucha” y movilizaciones para impedir la “injusta” inhabilitación, afirmaron tanto senadores del PT como la misma Rousseff que ha reiterado su disposición de resistir “hasta el último día”, lo que califica como un golpe institucional a la democracia. Con el acenso del vicepresidente Temer, habrá fuerte concentración de poder en manos del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que tiene la mayor cantidad de alcaldes, muchos gobernadores estaduales y ahora la presidencia, por ahora interina, además de la jefatura del Senado.

Un grupo de seis senadores de varios partidos defendieron una alternativa a la “traumática” inhabilitación, la convocatoria de elecciones extraordinarias para que “el pueblo elija sus gobernantes”. Muchos senadores, como Tasso Jereissati, del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña, y Collor, el primer inhabilitado, defendieron una reforma política, ya que el “presidencialismo de coalición” actual demostró ser fuente de crisis e inestabilidad. El juicio de Rousseff es también una oportunidad para debatir reformas en el sistema político.

El papel de los medios en esta crisis

“En política, lo que vale es la versión, no el hecho”, dijo el fallecido político Gustavo Capanema, ministro de Educación durante un período dictatorial de Brasil, hace más de siete décadas. Otro dicho, “la verdad es la primera víctima de la guerra”, también se acerca a las contradictorias versiones sobre la crisis que vive Brasil. Como en otras agudas disputas del poder, las discrepancias son desmesuradas, por ejemplo, en las cifras de los manifestantes callejeros. En la más masiva de las protestas contra la presidenta, el 13 de marzo en la ciudad de São Paulo, concurrieron 2,5 millones de personas según los organizadores, 1,4 millones según la policía o 500 mil para el Instituto Datafolha, órgano de sondeos del diario Folha de São Paulo.

En las redes sociales y sitios digitales proliferaron falsas informaciones. Activistas armados en las protestas, sobornos de parlamentarios para rechazar el proceso de inhabilitación contra Rousseff, elecciones presidenciales inmediatas y encarcelamiento del ex presidente Lula fueron parte de anuncios y alertas divulgados que resultaron inciertos.

El periodismo, arrastrado por el torrente, no quedó incólume. Los grandes medios fueron coautores del “golpe”, acusan los defensores de Rousseff. “No veo un sesgo golpista, el proceso es constitucional, respeta los ritos, y la prensa lo cubre como entiende que debe hacer, dentro de su derecho a la libertad. Tampoco veo omisiones o exageración en la cobertura”, evaluó el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Diarios, Ricardo Pedreira.

La Constitución brasileña es muy amplia en los “delitos de responsabilidad” que pueden justificar la destitución de mandatarios. Incluyen actos “que atenten contra” el Estado, la seguridad interna del país, la ley presupuestaria y la probidad administrativa, entre otras infracciones. Ello permite interpretaciones discrepantes, como la del “golpe parlamentario” con que el PT y sus aliados tratan de atenuar la derrota.

“En la letra fría de la Constitución no se trata de golpe, pero sí lo es en lo político, en las articulaciones de las fuerzas opositoras, que incluye los grandes medios”, es la visión de Carlos Castilho, redactor jefe del Observatorio de Prensa, un portal multimedios independiente y foro de opiniones analíticas sobre el periodismo. “Una troika determina la política brasileña actualmente: el Ministerio Público (fiscalía general), la Policía Federal que tiene la fuerza, y los medios de comunicación que producen el contexto. El actual panorama, construido paso a paso, con el uso de recursos técnicos de manipulación de la información, empezó por generar la idea de que el gobierno es ineficiente, luego de que el gobierno cometió errores y por fin de que es necesario hacer algo, para evitar el colapso económico”, explicó Castilho.

El PT, que gobernó Brasil en los 13 últimos años, tenía “una hegemonía ilusoria, aparente, ya que nunca controló el Parlamento, siquiera el Poder Ejecutivo ni la Policía Federal que se reorganizó de forma independiente ni los medios”, acotó el especialista. Además se difundió la idea de corrupción generalizada con el PT en el gobierno, a través de trascendidos de las “delaciones premiadas”, testimonios de acusados que colaboran con la justicia a cambio de reducciones importantes en sus condenas. Son más de 50 los delatores en la Operación Lava Jato (autolavado de vehículos) que investiga la corrupción estructurada en torno a la empresa petrolera estatal Petrobras, y la policía no puede investigar todo. “Por ello, las sospechas divulgadas por los medios actúan como un juicio público, una condena sumaria”, sostuvo Castilho.

“En esta crisis la llamada gran prensa se posicionó a favor de la inhabilitación de Rousseff”, concluyó la periodista Cileide Alves, en un estudio que comparó editoriales de los tres principales diarios brasileños en tres momentos históricos: el golpe militar de 1964, la inhabilitación del ex presidente Collor en 1992 y la crisis actual. En 1964 también O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo y O Globo, cabezas de grandes grupos mediáticos, apoyaron explícitamente al golpe de Estado que dio origen a veintiún años de dictadura militar.

“En 1992 hubo un enorme consenso social contra Collor, así que los tres diarios se limitaron a la crónica de los hechos, sin necesidad de fijar su posición”, según Alves analizó en Medium, una plataforma internacional de intercambio de ideas e información. Su estudio no incluyó la parte noticiosa, pero el rechazo a los activistas pro Rousseff y PT evidencia una percepción general de que también la información fue mayoritariamente contraria al ahora gobierno cesante.

“Hay una gran incomprensión de cómo funciona el periodismo, especialmente entre políticos, que identifican sesgos deliberados y conspirativos en sus noticias”, matizó un veterano periodista que pidió no divulgar su nombre y quien ha trabajado para varios partidos y gobiernos, siempre seguros de tener a la prensa en contra. “Resultó dramático para la izquierda y el PT el hecho de no haber logrado desarrollar medios progresistas”, observó. La TV Brasil, que el PT pretendió construir al alcanzar el poder, no obtuvo apoyo de la audiencia ni se la percibió como pública e independiente, según prometía el proyecto original.

Diarios y revistas de izquierda tienen tirajes muy pequeños, que no crecieron en los 13 años de gobiernos del PT. Muchas quejas y conflictos con el periodismo se deben también al no reconocimiento de que se trata de una actividad que, como la literatura, se alimenta de un sector de la población que lee y tiene condiciones de convertir informaciones en conocimiento, es decir una especie de élite intelectual de grandes ciudades.

El PT nació en São Paulo y alrededores, para crecer en las áreas más industrializadas del centro y sur de Brasil. Pero sus bases de apoyo se desplazaron al nordeste y las localidades más pobres dispersas por el país, desde que en 2003 asumió el gobierno central. A ello contribuyó mucho la Bolsa Familia y otros programas sociales masivos, así como el avance económico de áreas antes marginadas. No obstante, el PT perdió apoyos en la clase media de las grandes ciudades, especialmente en São Paulo, es decir en las metrópolis que concentran a los grandes medios de comunicación, sean impresos o televisivos. Son caminos divergentes.


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