BRASIL: CRISIS INSTITUCIONAL

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¿Dónde quedó el mito de la cordialidad brasileña? Una sociedad crispada y dividida asiste a la inhabilitación de su presidenta, Dilma Rousseff. La medida fue requerida por tres juristas, acusándola de fraudes fiscales por haber ordenado gastos sin autorización parlamentaria, violando el presupuesto oficial de 2015. Ante esto, el Congreso votó abrumadoramente a favor de abrir un proceso de destitución contra la mandataria. Trazamos un cuadro de situación y tratamos de visualizar los próximos movimientos frente a un final que parece anunciado.

Texto: Mario Osava / Fotos: Arnaldo Freyre / Isabel Prada / Lúcio Guimarães

La presidenta Dilma Rousseff parece, como se calificó ella misma hace poco, “una carta fuera de la baraja” del poder, ante la abrumadora derrota sufrida el domingo 17 de abril en la Cámara de Diputados (Congreso). Pero es tan complejo el enredo de la crisis política en Brasil que su desenlace sigue incierto. El proceso para su destitución, el llamado “impeachment”, fue aprobado por 367 diputados (congresistas), el 71,5% del total o 25 más de lo necesario para autorizar su juicio político por el Senado. Como la correlación de fuerzas en el Senado es similar a la de la cámara baja, aparentemente el destino de la presidenta está sellado.

Sin embargo, se vive un tiempo en Brasil que siembra sorpresas casi semanales desde el año pasado. Y el juicio puede prolongarse por más de seis meses, cumpliendo varias etapas y ritos, bajo tormentas como el escándalo de corrupción que amenaza a más de 300 políticos. Transmitida a la cámara alta, el lunes 18, la resolución de los diputados que aprobó el proceso de inhabilitación pedido por tres juristas por supuestas irregularidades presupuestarias, los senadores tendrán cerca de tres semanas para deliberar si aprueban o no enjuiciar a la presidenta de izquierda.

Aparentemente el destino de la presidenta está sellado.

Esa decisión sólo exige mayoría simple, de 41 de los 81 senadores, por lo que se da por descontado que Rousseff será procesada. La votación se basará en una evaluación del caso hecha por una comisión especial compuesta por 21 senadores que dispondrán de 10 días hábiles para concluir su informe. Durante esas semanas, Rousseff seguirá en la presidencia, que asumió el primer día de 2011. Ella sólo será suspendida de sus funciones si la plenaria del Senado aprueba procesarla. Entonces, otra comisión especial investigará, oirá la defensa y elaborará su parecer, con la propuesta de condena o absolución de la acusada.

El plazo para esa etapa final es de 180 días y culminará con el juicio, presidido por el presidente del Supremo Tribunal Federal (SFT) y con los 81 senadores convertidos en jueces. Rousseff sería inhabilitada y con prohibición de ejercer funciones públicas por ocho años, si dos tercios de los senadores, 54, la condenan. Ella será absuelta si logra 28 votos favorables en que se incluyen abstenciones y ausencias.

Nadie sale vivo de aquí

Los factores que pueden alterar tanto el guión como el final son muchos y variados. Los que conducen ese proceso y heredarían el poder, si la presidenta resulta separada del cargo, están todos involucrados en las denuncias de corrupción de la operación Lava Jato (autolavado de vehículos) y podrán perder sus puestos por un juicio del SFT, la instancia que procesa a legisladores y miembros del Ejecutivo. El más amenazado es el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que fue decisivo en la fase inicial del proceso contra Rousseff, al acelerar los trámites.

Sin embargo, ese papel crea resistencias al impeachment. Cunha, con denuncias de haber recibido millones de dólares en sobornos por favorecer negocios con la compañía petrolera estatal Petrobras y tener cuentas ilegales en Suiza, es visto como el mayor símbolo de la corrupción, incluso entre los que apoyan la inhabilitación de la presidenta. Muchos de los diputados aprovecharon para acusar de “ladrón” o “corrupto” al presidente de Diputados, al informar sobre su voto el domingo. Incluso algunos que votaron a favor del juicio político trataron de apartarse de la imagen de Cunha.

Los senadores tendrán cerca de tres semanas para deliberar si aprueban o no enjuiciar a la presidenta.

El diputado Jarbas Vasconcelos, por ejemplo, culpó a Cunha de “manchar” al proceso y a la Cámara. Ambos pertenecen al centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aliado del gobierno hasta marzo pasado y que, con la suspensión de Rousseff, presidiría el Poder Ejecutivo y las dos cámaras del legislativo Congreso Nacional. El vicepresidente Michel Temer, que asumiría la presidencia si la titular reelegida en octubre de 2014 es enjuiciada, y el presidente del Senado, Renán Calheiros, fueron denunciados como beneficiarios de la corrupción orquestada desde Petrobras, por procesados que colaboran con la justicia, en la llamada “delación premiada”.

El foco de las denuncias y de las informaciones tenderá a concentrarse en esos tres jefes del nuevo poder, especialmente porque los presidentes de Diputados y del Senado, en ese orden, son los eventuales sustitutos del presidente de la República. El hecho resaltará una contradicción que los defensores de Rousseff intentan destacar: el hecho de que ella es una excepción entre los protagonistas de esas disputas por el poder, como ajena a todas las acusaciones de corrupción.

Su aislamiento, sin embargo, se debió a la imagen del izquierdista y todavía gobernante Partido de los Trabajadores (PT), como el adalid de desviaciones de recursos públicos durante sus gobiernos, iniciados en 2003 por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nuevas denuncias o investigaciones de la operación Lava Jato, encabezadas por el Ministerio Público (fiscalía) y la Policía Federal, podrán alterar el cuadro político, como lo hicieron en los últimos meses al investigar favores que habría recibido Lula de grandes constructoras, ejecutoras de grandes proyectos petroleros e hidroeléctricos en las últimas décadas.

Muchos de los diputados aprovecharon para acusar de “corrupto” al presidente de Diputados.

Otro frente imprevisible lo representa la actual investigación de las cuentas de la campaña electoral de 2014 por el Tribunal Superior Electoral, que podrá invalidar el triunfo de la fórmula Rousseff-Temer, por uso de recursos ilegales. Varios testimonios señalan que hubo contribuciones provenientes de los sobornos pagados por Petrobras. En caso de que se impugnen los resultados este año, habría nuevas elecciones presidenciales. Pero los especialistas creen que el fallo solo ocurriría en 2017, y en ese caso será el Congreso el que elegirá al presidente y el vicepresidente que deberán culminar el período.

Panorama lúgubre

Mientras, se anticipa que la crisis económica se ahondará, porque difícilmente un gobierno interino podría adoptar las medidas impopulares que los economistas en general, y el propio Temer, consideran indispensables para enfrentar la recesión, tales como el ajuste fiscal. En la situación política es posible una tregua, aunque será difícil acomodar los intereses de una veintena de partidos que contribuyeron a aprobar el impeachment en Diputados. La amplia mayoría alcanzada se debió a partidos medianos y pequeños que adhirieron a las grandes fuerzas opositoras cuando se hizo probable la derrota de Rousseff.

Compartir el poder, aunque en posiciones subalternas, ha sido el gran combustible de las decisiones políticas en Brasil últimamente. La corrosión de la nueva coalición en el poder será inevitable, por divisiones internas, la recesión económica y el consecuente desempleo, novedades en las investigaciones sobre corrupción y manifestaciones callejeras que deberán intensificar los partidarios de Rousseff.

La agresividad en las relaciones interpersonales niega el mito de los brasileños como personas tolerantes.

Los medios de comunicación, que la izquierda acusa de parcial en contra de Rousseff, Lula y el PT, probablemente concentrarán sus noticias negativas en desmedro de los nuevos detentores del poder, ampliando la erosión. La defensa de la presidenta, encabezada por el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, intenta descalificar la decisión de los diputados, que acogió el impeachment, señalando que es “netamente político” y no comprobó ningún “crimen de responsabilidad” cometido por Rousseff.

En el régimen parlamentario eso es posible, pero no en el presidencialista de Brasil. El proceso se critica como inconstitucional, ya que no hay bases jurídicas, es decir un delito concreto de la acusada, para la inhabilitación de la jefa del Estado, que no puede basarse sólo en razones políticas, arguyó Cardozo. Probablemente esos argumentos no alterarán un fallo del Senado, ante el aislamiento de la presidenta, pero puede ampliar el movimiento contra su destitución.

Postales de la grieta

Una pediatra que deja de atender a un bebe por discrepancias políticas con la madre, ciclistas agredidos por usar bicicletas rojas, celebridades hostilizadas por su apoyo al gobierno, son casos de violencia que proliferaron en Brasil últimamente. La agresividad en las relaciones interpersonales, desatada por el proceso que busca destituir la presidenta Dilma Rousseff, niega el mito de los brasileños como personas tolerantes, que priorizan la alegría y la afectividad.

Se acumulan relatos de riñas familiares, amistades rotas, hostilidades en ámbito privado que acompañan las manifestaciones callejeras pro y en contra del gobierno que se hicieron masivas y frecuentes en todo el país desde marzo, con enfrentamientos marginales, hasta ahora sin víctimas fatales. Pero un largo muro metálico que divide la explanada de los ministerios, en Brasilia, para evitar enfrentamientos entre activistas de los dos lados, advierte sobre el riesgo de tragedias al acercarse el desenlace de la controvertida lucha por el poder.

“Ningún lado cuenta con argumentos políticos sostenibles, ambos son vulnerables a críticas y recurren a la agresividad porque la única forma de defenderse es atacar al adversario, buscando destruirlo”, diagnosticó Lia Zanotta Machado, profesora de antropología en la Universidad de Brasilia. “Predominan los adjetivos negativos y las acusaciones personalizadas, descalificadoras”, ante la fragilidad de las políticas que las fuerzas en confrontación podrían presentar como sus banderas, acotó.

El movimiento que pretende derrocar a la presidenta reclama el combate sin tregua a la corrupción, tratando de identificar como fuente de ese mal a los gobiernos del PT, iniciados en 2003 con el ex presidente Lula y seguidos por Rousseff desde 2011. “Corrupto es un estigma fuerte, pero la descalificación del oponente se hace con muchas acusaciones que fomentan el odio que penetró en las relaciones personales y familiares”, observó la antropóloga Machado. Rousseff es acusada de ser “inhábil, ineficiente e irresponsable” y sus partidarios son apodados “petralhas”, una combinación de PT, cuyo color distintivo es precisamente el rojo, con los “hermanos Metralla”, conocidos ladrones en las historietas de Walt Disney.

La respuesta es tildar los opositores de “golpistas y antidemocráticos”, además del apodo “coxinha”, nombre de una croqueta de pollo que también identifica a personas conservadoras, aniñadas y preocupadas por una apariencia excesivamente atildada. La presidenta se defiende destacando que no la afecta ninguna acusación de corrupción, al contrario de los líderes “traidores”.

Unificación ilusoria

Los bloques en confrontación “son muy heterogéneos, contradictorios”, fatalmente se dividirían al definir una estrategia, un programa, por eso “buscan una unificación ilusoria, construyendo un enemigo común y demonizándolo”, evaluó Benilton Bezerra Junior, investigador de Medicina Social en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Mantener unidas las fuerzas exige asimismo una “simplificación que evita numerosos conflictos no asumidos explícitamente, dentro de los grupos. El bloque opositor se adueñó de la bandera de la anticorrupción, aprovechando los errores del PT, pero la corrupción es un peón en el ajedrez”, señaló Bezerra Junior.

“Pese a la pluralidad de posiciones en ambos lados, hay centros de gravedad que identifican sus distintos intereses en el juego”, conservadores entre los que quieren inhabilitar la presidenta contra la defensa de los avances sociales, como más escuelas y menos desigualdad, conquistados durante los gobiernos del PT, matizó Bezerra. Los brasileños practican una “autoevaluación positiva de que son afables, tolerantes y simpáticos” y de hecho “son reales los rasgos de afectuosidad, buena acogida a los extranjeros, de ausencia de odio racial, aunque haya racismo”, pero se trata de “una sociedad violenta, de estructuras jerárquicas nada democráticas”, sostuvo.

La cordialidad atribuida a los brasileños, que significa supeditar la razón al afecto, comprende la informalidad y “la dificultad de lidiar con el conflicto de forma pública y ordenada, incluso en el medio universitario es difícil discutir opiniones discordantes, incluso teóricas”, explicó el doctor en salud colectiva e identidades culturales. “Se personaliza todo, se entiende la crítica como hecha a las personas, no a las ideas”, concluyó.

Se trata de “una sociedad violenta, de estructuras jerárquicas nada democráticas”, sostuvo la experta.

“Es así que la disputa política se convierte en conflicto personal”, realzó Machado. “La gente se aferra a una posición, olvidando sus propios intereses y sujetándose a una discusión emocional, irracional”, observó la socióloga Bárbara Mourão, comparando sus estudios sobre mediación de conflictos en el ámbito de la justicia con la disputa política vivida por los brasileños. “La dificultad del mediador es buscar consenso, mientras los contendores sólo quieren el adversario para reforzar sus posiciones, su necesidad de certeza, sin admitir que otras visiones pueden tener algo no equivocado”, constató la investigadora del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía, de la Universidad Cándido Mendes.

Sonia Correa, coordinadora del Observatorio de Sexualidad y Política, destacó dos factores que causan o agravan esa intolerancia política. La violencia social es tradicional en Brasil, que concentra el 10% de los asesinatos del mundo según el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas, órgano público brasileño. “El mito de la cordialidad sirvió para ocultar esa violencia, que no se veía antes en la política debido al control de las élites, pero se evidenció con la democratización y el ingreso del pueblo en la vida política”, arguyó Correa.

“Otro factor a considerar es la intensificación del dogmatismo religioso por la expansión de las nuevas iglesias evangélicas, contrastando con la moderación con que la iglesia católica regulaba la sociedad en el pasado, con raros momentos de radicalización”, comparó. Los nuevos evangélicos “insuflaron concepciones binarias, de buenos y malos, creando condiciones para que la derecha salga del armario, la suspensión del diálogo y, por ejemplo, del debate sobre aborto”, lamentó. “La sociedad brasileña no desarrolló prácticas de deliberación democrática, incluyendo visiones diferentes, el PT también es binario y en el poder demolió alternativas a la izquierda”, criticó Correa.


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