POLITICAS DE SEGURIDAD EN JAQUE: EL GRAN OJO

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Una encrucijada legal rodea al Programa de Vigilancia Terrorista activado por la administración Bush. De cara a 2008, el Departamento de Justicia busca que el Congreso apruebe un paquete de medidas para proteger a las compañías de telecomunicaciones que dan acceso al Gobierno a sus bases de datos con información privada de los usuarios. En la Casa Blanca sostienen que es una herramienta para resguardar la Seguridad Nacional, en tanto que senadores y distintas organizaciones han denunciado la inconstitucionalidad de esas políticas y la violación de las libertades civiles. Una extensión del Patriot Act que puede traer más de un dolor de cabeza en Washington y ha puesto en el centro de las críticas a la NSA, por sus supuestas tareas de vigilancia a los ciudadanos estadounidenses.

Texto: Matyas Mon / Fotos: AFP / AP

CONYERS

Conyers es uno de los principales opositores a las políticas de seguridad propuestas por Bush.

Hay quienes dicen que “Estados Unidos no es un país, sino una idea”, un concepto que reúne los valores de democracia y libertad. Sin embargo, el actual divorcio entre el poder político y la sociedad civil ha derivado en una profunda crisis de representatividad política. Concretar esa desunión, sostienen los analistas políticos, sería el mayor triunfo del terrorismo. La presentación del Departamento de Justicia al Congreso de un paquete de medidas abrió en las últimas semanas un nuevo frente de batalla en la guerra contra el terrorismo. Se trata de una serie de modificaciones a la ley de inteligencia para 2008, entre las cuales se encuentra el pedido de inmunidad retroactiva para las compañías de telecomunicaciones que enfrentan demandas por haber brindado información sobre sus usuarios a las agencias federales de seguridad. La Casa Blanca considera necesarios esos cambios a la ley para resguardar cierta y delicada información respecto de la defensa de la Seguridad Nacional, temiendo que estas empresas desistan de cooperar a futuro si no cuentan con protección oficial. Kevin Bankston, abogado de la Electronic Frontier Foundation (EFF), una entidad sin fines de lucro abocada a la defensa legal de la libertad de expresión y la Primera Enmienda en la era digital, afirma que “dotar de inmunidad a quien viola una ley esencial en la preservación de las libertades públicas y la privacidad, es sentar un mal precedente para la constitucionalidad del país”. Junto a otros grupos de defensa de las libertades civiles y derechos de los consumidores, para la EFF se trata de un programa de vigilancia doméstica sin autorización judicial previa, lo cual es una directa “violación de la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), la Cuarta Enmienda y la sección 222 del Acta de las Comunicaciones” que prohíbe a las compañías telefónicas dar información sobre los hábitos de consumo de sus usuarios.

US-IMMIGRATION-BUSH

Vigilar las fronteras. En Laredo, Texas, Bush examina los controles fronterizos en el río Bravo.

El recuerdo aún fresco del atentado a las Torres Gemelas, y la paranoia desatada por los confusos ataques con ántrax a miembros del Senado, ayudaron el 11 de octubre de 2001 al presidente George W. Bush a promulgar la ley más controvertida de los últimos tiempos: la resolución número 3162, o Patriot Act, como se la denominó para menoscabar críticas hacia la iniciativa. Prácticamente sin debate, el Acta contó con un rotundo apoyo en el Congreso; sólo el senador por Wisconsin, Russ Feingold, votó en su contra alegando que “sus provisiones infringen libertades civiles esenciales”. Esas provisiones a las que hacía referencia son las pertenecientes al título II de la ley (denominado Enhanced Surveillance Procedures), cuya sección 224 fue pensada para potenciar el accionar de las agencias federales de seguridad, dotándolas de mayor poder para interceptar, compartir y utilizar telecomunicaciones privadas, especialmente comunicaciones electrónicas: es decir, bases de datos financieras, registros bibliotecarios, emails, llamadas telefónicas, entre otras. La implementación del Acta Patriota propuesta por la Intelligence Community y rechazada durante la administración Clinton, según un informe de la organización Amnesty International, está “erosionando derechos civiles y humanos básicos, amenazando derechos adquiridos por la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre”.

LA CAMARA NEGRA

“La más grande y secreta agencia de inteligencia del mundo triplica en tamaño a la CIA”, estas palabras pertenecen al periodista James Bamford, autor de Cuerpo de Secretos: anatomía de la ultrasecreta NSA, 9/11 Un pretexto para la Guerra, y El Palacio del Rompecabezas, únicos libros existentes sobre la National Security Agency. Su jefatura, ubicada en Fort Meade, es una ciudad en sí misma, con más de 50 edificios, cuenta también con departamento de policía y bomberos propios. Sus actividades comenzaron de manera ilegal en 1920, cuando Herbert Yardley formó una pequeña organización de descifradores y analistas de códigos, denominada La Cámara Negra. Luego de la Primera Guerra Mundial, la entidad firmó un acuerdo secreto con Western Union para tener acceso telefílmico diario a sus telegramas. Excluida de la Free Information Act (ley que regula el acceso a la información del Estado), y debido a su “utilidad” durante la Guerra Fría, nace oficialmente en noviembre de 1952, junto a las demás agencias de seguridad nacional. La particular diferencia es que la NSA no fue creada luego de un debate en el Congreso, sino por puño y letra del entonces presidente Harry S. Truman. En enero de 1970, el ex oficial de inteligencia Christopher Pyle reveló en el Washington Monthly que el ejército estaba realizando vigilancia política doméstica, destapando con este artículo el proyecto SHAMROCK, un programa de espionaje político que interceptaba todos los datos telegráficos entrantes y salientes del país, y el proyecto MINARET, que hacía lo propio dentro de Estados Unidos. Aquella denuncia sumada a la ya impopular guerra en Vietnam y el caso Watergate provocaron la conformación del Comité Church (liderado por el senador Frank Church), que en 1975 realizó la investigación más exhaustiva sobre las actividades de las agencias de inteligencia. El informe final concluyó en la creación de la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA).

Spy Imagery

La imagen satelital del GeoEye exhibe un área estratégica clave: el Capitolio.

Piedra fundacional del vacío legal internacional de la prisión en Guantánamo, Cuba, en propio suelo estadounidense, permitió lo que se dio en llamar “sneak-and-peek searches”: una serie de escuchas secretas, detenciones, torturas psicofísicas y deportaciones masivas de inmigrantes, basadas en sospechas infundadas por estereotipos étnicos, y sin el consentimiento legal previsto por la Regla Federal de Procedimientos Criminales. Con sus provisiones, de carácter temporal y vencimiento a fines de 2005, lo que buscaba el Gobierno con el Acta Patriota era actualizar la FISA a sus actuales acciones de prevención y lucha contra el terrorismo internacional. Precisamente el 16 de diciembre de ese año, y luego de estar demorado debido a un expreso pedido del Gobierno, el diario New York Times daba a conocer en su artículo “Bush deja que Estados Unidos espíe llamadas sin orden judicial”, que la National Security Agency (NSA) estaba llevando a cabo un programa de vigilancia doméstica sin utilizar la aprobación legal necesaria de la Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC), sino a partir de una autorización secreta firmada por el presidente en 2002, y certificada por el fiscal general, Alberto Gonzales. Tiempo después, con la edición del 10 de mayo de 2006 del diario USA Today, se supo que la NSA estaba trabajando en el Terrorist Surveillance Program (TSP) desde hacía ocho meses antes del atentado a las Torres, en contrato junto con los tres operadores de telecomunicaciones más importantes del país: AT&T, BellSouth y Verizon, siendo Qwest la única compañía que se negó a revelar información sobre sus usuarios. Agregaba el artículo que con los 200 millones de usuarios que suman las tres empresas, se habría creado una base de datos que rondaría 1,9 trillones de detalles de llamadas y de e-mails. El 17 de agosto de 2006, la jueza federal de Michigan, Anna Diggs Taylor, falló a favor de la demanda establecida el 16 de enero por la organización American Civil Liberties Union (ACLU), declarando “inconstitucional e ilegal el programa de vigilancia de la NSA”, ya que “viola la libertad de expresión y privacidad, la doctrina de división de poderes, la FISA y la Primera y Cuarta Enmienda de la Constitución Nacional”. La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Al instante, la oficina de prensa de la Casa Blanca emitió una declaración en la que aseguraba que “los oficiales de inteligencia han confirmado que el programa ha ayudado a detener ataques terroristas y salvar vidas”. Pero el reporte no terminaba allí: “El programa está administrado cuidadosamente, y sólo apunta a llamadas internacionales que entran o salen de los Estados Unidos… El Programa de Vigilancia Terrorista está estrictamente basado en la ley y es regularmente revisado para asegurar que cada paso dado proteja las libertades civiles… Probando ser una de nuestras más críticas y efectivas herramientas en la guerra contra el terrorismo, seguiremos demostrándolo apelando por su vital validez”. Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU y uno de los 25 hispanos más influyentes según la revista Time, declaró luego de conocer la sentencia: “Que el Gobierno vigile a norteamericanos inocentes sin ningún tipo de autorización ni aprobación del Congreso atenta contra los principios fundacionales de nuestra democracia… El abuso de poder se ha convertido en el sello de la administración Bush”.

CAZA DE BRUJAS E INMIGRANTES

Los primeros que sintieron en carne propia el accionar del Acta Patriota y el Programa de Vigilancia Terrorista fueron los inmigrantes. Tras su aprobación, la directora del Centro por los Derechos Constitucionales, Barbara Olshansky, comentó que “siguieron siete semanas de arrestos y deportaciones secretas y masivas de inmigrantes a partir de estereotipos”. El caso más conocido es el de José Padilla, ciudadano estadounidense de origen puertorriqueño, acusado de terrorismo en junio de 2002. Sin pesar cargo criminal alguno en su contra, fue declarado “combatiente enemigo ilegal” (privándolo de las leyes de protección a los prisioneros de guerra reconocidos en la Convención de Ginebra), y encerrado en una prisión militar en Carolina del Sur, sin ningún tipo de contacto con el mundo exterior, ni con su abogada ni familiares. El informe de abril de 2003, “Revisión del tratamiento a inmigrantes con cargos en conexión con la investigación por los ataques del 11 de septiembre”, realizado especialmente por la oficina del inspector general del Departamento de Justicia, confirma la veracidad del caso Padilla. Para el ex director de análisis de operaciones y contraterrorismo de la CIA, Vincent Cannistraro, “las detenciones masivas son contrarias a una política para acabar con el terrorismo”. Según su experiencia, “se debe utilizar la inteligencia, trabajar junto a las comunidades para obtener información sobre sospechosos dentro de ellas. Las detenciones masivas a través de estereotipos terminan alienándolas”. En 2005, el Gobierno introdujo en el Congreso la Border Protection, Anti-terrorism, and Illegal Immigration Control Act, intentando el endurecimiento de las leyes migratorias; las reacciones en contra derivaron en las protestas masivas de abril de 2006.

SECRETOS DE ESTADO

GONZALES

Un grupo manifiesta en contra del fiscal Gonzales por su aval a las políticas de seguridad.

También la Electronic Frontier Foundation inició una demanda, esta vez de acción popular, contra AT&T el 31 de enero de 2006, acusando a la empresa de violar la ley y la privacidad de sus usuarios al colaborar con la NSA en un programa ilegal de vigilancia de los ciudadanos. El 20 de julio del mismo año, el juez federal Vaughn Walker denegó los pedidos de inmunidad de la compañía y el Gobierno, quienes le solicitaron desechar el caso. Los representantes de AT&T argumentaron que “lo que se hizo, el Gobierno nos solicitó que lo hiciéramos”, mientras que en Washington respondieron que “seguir con el caso significaría revelar secretos de estado que dañarían la Seguridad Nacional”. Ambos casos se encuentran actualmente en instancia de apelación. Una posibilidad es que este avance judicial amplíe la investigación sobre el factor político que secretamente posibilitó la vigilancia interna sin autorización legal, verdadero punto de inflexión en la historia política de los Estados Unidos. El programa de espionaje doméstico de la NSA está siendo duramente criticado inclusive desde el riñón de la misma agencia. Bobby Ray Inman, que fue su director entre 1977 y 1981, dijo el 8 de mayo de 2006 que “esa actividad no está autorizada”, en un panel de discusión sobre el TSP auspiciado por la Biblioteca Pública de Nueva York. El 13 de marzo de 2006, Russ Feingold, miembro del Comité de Inteligencia del Senado y única voz en contra del Acta Patriota, propuso un voto de censura para el presidente Bush, producto de sus maniobras ilegales de vigilancia, liderando al mismo tiempo una coalición bipartita de senadores para eliminar sus provisiones más controversiales. En una entrevista realizada por la revista GQ el 16 de julio de 2006, indicó que amparándose en esa ley, “George Bush ha cometido una ofensa acusable más grave de la que Clinton o inclusive Nixon hayan hecho”. El 28 de septiembre de 2006, la Casa de los Representantes aprobó la Electronic Surveillance Modernization Act. Mientras se aguarda su debate en la Cámara Alta, el pasado 17 de enero, el fiscal general Alberto Gonzales informaba en una misiva a los líderes del Senado que el Programa no sería reautorizado por el presidente, sino que “cualquier vigilancia electrónica que haya ocurrido como parte del TSP será ahora conducida a partir de la aprobación de la FISC”. En diferentes puntos del país ha comenzado a gestarse una tímida reacción frente a las políticas oficiales de seguridad. Se trata de un movimiento heterogéneo que aboga por el juicio político, por abuso de poder, al presidente Bush y su vice, Dick Cheney. Entre sus fervientes propulsores se encuentran los congresistas Dennis Kucinich, John Lewis, Jerrold Nadler, Keith Ellison, Cynthia McKinney, y John Kerry, las legislaturas de Vermont, Illinois, California, Minnesota y Nuevo México, además de organizaciones tales como CodePink Women for Peace y la coalición After Downing Street. El pasado 28 de abril este movimiento realizó, simultáneamente, una protesta masiva en distintas ciudades del país. Incluso una encuesta realizada por la revista Newsweek el 21 de octubre pasado, revela que el 51% de los ciudadanos estadounidenses estarían a favor del pedido de enjuiciamiento político. A pesar de no tener aún el aval necesario en el Congreso, hoy en manos de los demócratas, la solicitud de desafuero cuenta con numerosos apoyos dentro del Partido Republicano y el Comité Judicial, como por ejemplo el congresista John Conyers y el senador Chuck Hagel. Conyers, representante por Michigan, reconocido luchador contra la segregación racial y la guerra de Vietnam, y firme opositor de las políticas de la administración Bush, fue justamente designado en enero pasado como presidente del Comité Judicial. Orador en la protesta contra la guerra en Irak realizada en Washington D. C. el 27 de enero, afirmó durante su discurso, respecto de Bush: “El no puede echarte, él no puede echarnos, ¡pero nosotros sí podemos echarlo! ¿Es que acaso alguien en la historia de los Estados Unidos ha estado tan equivocado sobre tan importantes y fundamentales eventos, y sin embargo continuó insistiendo en que estaba en lo cierto frente a una abrumadora evidencia de lo contrario? Ciertamente, no”. Agregando luego: “No se trata sólo de nuestro poder para frenar a Bush, sino que es nuestra obligación hacerlo… De frenar esta ilegal e inmoral guerra en Irak”.


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