ALBERTO GONZALES: MALAS COMPAÑIAS

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Abogado y amigo personal del presidente George W. Bush, Alberto Gonzales era un absoluto desconocido para la mayor parte de la nación a principios de 2001, cuando llegó a la Casa Blanca como jefe de asesores legales. Pero en los últimos tiempos cobró relevancia su polémico nombramiento como fiscal general, que lo transformó en el primer hispano en llegar a uno de los cuatro puestos más importantes del gabinete presidencial. Amado al tiempo que resistido, Gonzales está en el ojo de la tormenta en estos días por el controvertido relevo de ocho fiscales federales. Para muchos, detrás de esto hay motivaciones políticas.

Texto: Matias Maciel / Fotos: AP

Durante la década pasada, Al ha sido un asesor de confianza, un funcionario público honorable y un querido amigo. Ahora, toma un nuevo cargo. Hoy es un honor para mí llamar a este hijo de Humble, Texas, el 80º fiscal general de Estados Unidos”, expresó el presidente George W. Bush en la ceremonia de asunción que convirtió a Alberto Gonzales en el primer hispano en llegar a uno de los cuatro puestos más importantes del gabinete presidencial. Nieto de inmigrantes mexicanos e hijo de trabajadores ambulantes, Gonzales nació el 4 de agosto de 1955 en San Antonio, aunque pronto toda la familia se trasladó a una humilde casa en Humble, un pueblo en las afueras de Houston. Sin embargo, en virtud de su empeño, una oscura ambición y una cuota de suerte, el joven Gonzales fue el único de los ocho hermanos que llegó a matricularse en la universidad: después de pasar cuatro años en la Fuerza Aérea, el actual fiscal general fue aceptado por la Universidad de Rice para estudiar ciencias políticas. Las instituciones académicas comenzaban a admitir estudiantes pertenecientes a grupos minoritarios, aunque años más tarde el propio Gonzales renegara de tales medidas: “Si la acción afirmativa son las cuotas, entonces yo no la apoyo. Si significa igualdad de oportunidades, entonces sí la apoyo. Pero exigir tratamiento especial por cuestiones de raza es algo que me molesta”. Tiempo después, Gonzales se doctoró en leyes en la Universidad de Harvard. Esto se convertiría, probablemente, en la puerta de entrada principal y definitiva a los círculos de poder.

LA PRIMERA MISION

Alberto Gonzales

Gonzales en el congreso de la Asociación Nacional de Sheriffs.

Además de la amistad, George W. Bush tenía un segundo motivo para confiarle el cargo a Gonzales. Este fue el abogado que, en 1996, consiguió liberarlo –cuando aún era gobernador de Texas– de integrar un jurado estatal que debía decidir sobre la culpabilidad de un hombre acusado de conducir ebrio. Así, Bush pudo seguir ocultando que, años antes, él mismo había sido protagonista de un delito idéntico. La historia recién tomaría estado público al filo del cierre de campaña presidencial de 2000, pero aquella experiencia le sirvió al presidente para probar la lealtad de Gonzales. El abogado le demostró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por quien había apadrinado su carrera. Algunos meses más tarde, cuando se trató su nominación en el Senado, hubo un duro debate en torno de la figura de Gonzales. Recibió numerosos elogios del oficialismo por su trayectoria profesional, aunque mucho más fuerte sonaron las críticas por su presunto respaldo legal a las torturas a prisioneros en Irak, Afganistán y Guantánamo. “Muchos de los aquí presentes tenemos la sensación de que la administración no ha dado demasiadas razones en cuanto a los problemas de la tortura, que no sólo se cometió en Abu Ghraib (Irak), sino que se está cometiendo hoy mismo. Ahora los memorandos de tortura, redactados por solicitud suya, facilitaron el abuso en la interrogación, redujeron la definición de tortura (…). Usted nunca la repudió. Eso es lo que dicen los registros”, expresó el senador demócrata de Massachusetts, Ted Kennedy. El resultado, no obstante, fue de 60 a 36 en favor del amigo del presidente. Pero los del Partido Republicano no fueron los únicos que explicitaron su apoyo. Gonzales también contó con el respaldo de algunas de las principales organizaciones hispanas en Estados Unidos. Por ejemplo, el del Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por sus siglas en inglés), la organización hispana de derechos civiles más importante de la nación. “Antes hemos criticado a la administración de Bush por no tener un hispano en el gabinete desde la salida del secretario de Vivienda, Mel Martínez. Estamos contentos de que una de las primeras acciones del presidente luego de su reelección rectifique esa situación y marque un momento histórico para la comunidad latina”, afirmó Janet Murguia, presidenta y gerenta general del NCLR, en ocasión del nombramiento de Gonzales. Tal vez el NCLR, como la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos (LULAC, su sigla en inglés) o la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), pecaron de cierta ingenuidad al no investigar en profundidad la competencia y la idoneidad del postulante. De algún modo, la llegada de Gonzales a la primera línea del gabinete presidencial fue la reedición del caso de Clarence Thomas, el segundo jurista negro que integró la Corte Suprema en la historia de Estados Unidos y cuya postulación sólo puede explicarse en virtud de la “controversial” corrección política. Propuesto por el Presidente George H. W. Bush en 1991 –y pese a la baja calificación que recibió por la Asociación de Abogados (ABA) y a la oposición de diversas organizaciones que luchan por los derechos de las minorías–, Thomas consiguió los votos necesarios para transformarse en magistrado del máximo tribunal del país, gracias al apoyo de la mayoría republicana que por entonces dominaba el Senado. “El Fiscal General Gonzales cuenta con toda mi confianza”, aseguró el presidente Bush en la ceremonia de asunción del hombre que había diseñado la estrategia judicial para justificar los abusos de la guerra contra el terrorismo. “Desde los días de joven en que vendía bebidas gaseosas en los juegos de fútbol de la Rice University hasta su tiempo en la Fuerza Aérea, desde su distinguida carrera de derecho hasta su servicio como miembro del personal de la Casa Blanca, Al ha sido un ejemplo de valentía y carácter para sus conciudadanos. He sido testigo de su integridad, su decencia, su gran dedicación a la causa de la justicia”, añadió para endulzar todavía más los oídos de las organizaciones hispanas, pues hablaba de uno de los suyos. El caluroso respaldo inicial de las instituciones hispanas contrasta con la tibia reacción manifestada frente al escándalo que Gonzales protagoniza desde principios de este año, a raíz del relevo de ocho fiscales federales (sobre un total de noventa y tres). Para los legisladores demócratas, la Casa Blanca quiso desplazar a los fiscales renuentes a sus políticas y ubicar en sus puestos a otros más afines. En rigor, no está mal que un presidente despida a los fiscales, pero lo relevante es cómo lo hace y por qué se realizan esos relevos. El delito por el que se cuestiona a Gonzales es el de haber obligado a los fiscales a actuar de acuerdo con los intereses políticos de la Casa Blanca y amenazar su independencia. Por ese motivo, el pasado 19 de abril, Gonzales participó de una dura sesión interrogatoria en el Senado, en la cual los demócratas le señalaron la inconveniencia de seguir en el cargo de fiscal general. “Creo que cualquiera que haya visto esto puede decir que podríamos haber conseguido un mejor fiscal general. Por lejos, él parece mucho menos calificado que cualquiera de los fiscales que despidió”, afirmó Charles Schumer, senador demócrata. Torpe orador, tras admitir algunos errores y mostrarse confundido, la salida de ese encuentro no pudo ser peor para Gonzales: perdió credibilidad y el apoyo de los senadores republicanos, y se lo vio como a un incompetente que puso la lealtad a su amigo (el presidente Bush) por encima de sus responsabilidades y del interés nacional. Semanas más tarde, más precisamente el 11 de junio, los senadores demócratas volvieron a emprender contra Gonzales al someter a votación una moción de censura, con el propósito de aumentar la presión y forzar su renuncia. Aunque la simbólica resolución –porque no era vinculante– no alcanzó los 60 votos necesarios para su aprobación, el resultado (53 a 38) puso en evidencia que los senadores republicanos no respaldan al fiscal general, aunque en su mayoría rechazaron la propuesta por considerarla una treta política y una pérdida de tiempo. De los 48 miembros de la bancada oficialista, siete senadores votaron a favor de la moción y otros tres se abstuvieron. “Nadie confía en Gonzales de este lado del recinto”, aseguró Allan Specter, uno de los republicanos que se manifestó a favor de la moción. A esta altura, sólo el absurdo y necio empecinamiento de Bush explica que Gonzales siga al frente del Departamento de Justicia. “Pueden seguir adelante con su voto de confianza, pero eso no va a cambiar mi determinación sobre quién debe servir en mi gobierno”, expresó el presidente desde Bulgaria.

El escándalo que Gonzales protagoniza desde principios de este año es a raíz del relevo de ocho fiscales federales (sobre un total de noventa y tres). El delito por el que se cuestiona a Gonzales es el de haber obligado a los fiscales a actuar de acuerdo con los intereses políticos de la Casa Blanca y amenazar su independencia.

EL FUTURO HISPANO

Con tan pocos representantes en altas posiciones, hay quienes se preguntan cuántos reforzarán sus creencias acerca de la ineptitud de los hispanos a la hora de conducir y liderar en Estados Unidos. Sin embargo, es algo que siempre ocurre con todos los “adelantados” de cualquiera de las minorías relegadas, ya se trate de afroamericanos, mujeres o hispanos. Los primeros en llegar son los que siempre quedan más expuestos. En la actualidad, otros dos líderes de origen hispano se distinguen en el firmamento político local. Antonio Villaraigosa, demócrata, 54 años, lleva adelante desde 2005 una destacada tarea como alcalde de Los Ángeles. En tanto, Bill Richardson, también demócrata y de 59 años, gobierna Nuevo México desde 2002 y es el primer gobernador hispano de la historia estadounidense. Además, en enero de este año, Richardson se postuló para competir en las primarias demócratas que determinarán el candidato presidencial de ese partido en 2008. Echada o no la suerte de Gonzales, la pregunta es cómo quedan parados los hispanos de cara al futuro. El final de Gonzales no puede (ni debe) ser el final de la comunidad hispana en relación con el acceso a las posiciones de poder. Sin duda, habrá otras oportunidades (¿acaso con Richardson, a quien en el último tiempo se señala como potencial compañero de fórmula de Hillary Clinton?), pero hay que hacer algo cuanto antes. Porque nada puede hablar peor de los hispanos que el silencio de sus propias organizaciones en torno de un escándalo de estas magnitudes.

 


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