THE INNOCENCE PROJECT: YA NADA SERA IGUAL

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Inocentes condenados. Identificaciones equivocadas por parte de testigos. No implementación de reformas eficaces. Con Dean Cage libre después de haber estado en prisión por 14 años, ya son 217 los hombres exonerados tras estudios genéticos que confirmaron su inocencia. Sin embargo, otros cientos de presos inocentes aguardan que la justicia revise sus casos. Mientras, una red civil cada vez más extensa se ocupa en ayudarlos para lograr ese objetivo y, sobre todo, para evitar que más personas sean condenadas de forma desafortunada. The Innocence Project es su nombre.

Texto: Carolina Kohan / Fotos: AP / AFP

SCHECK KRONE

Final feliz. El fundador del proyecto, Barry Scheck (izquierda), junto a Ray Krone, uno de las personas salvadas de la pena de muerte.

Con 41 años de edad, Dean Cage está reiniciando su vida. Sabe que no será sencillo. Que seguramente encontrará obstáculos para conseguir empleo y sentirá con fuerza la discriminación que existe en ciertos sectores de la sociedad estadounidense. No sólo por su color de piel, oscura como el café, sino especialmente por haber estado preso. Más de 13 años en una cárcel de Illinois. Y lo peor: por un crimen que no cometió. Quedó libre el 27 de mayo pasado, tras ser excarcelado gracias a pruebas de ADN que demostraron que no era culpable de la violación por la que fue condenado a 40 años tras las rejas. Con Cage, ya son 217 los hombres exonerados en Estados Unidos tras estudios genéticos que confirmaron su inocencia. Otros cientos de presos inocentes esperan que la justicia les llegue también a ellos. Mientras, una red civil cada vez más amplia trabaja para ayudarlos a alcanzar esa meta y, sobre todo, para impedir que más personas sean condenadas de manera errónea en el país. Se trata de The Innocence Project, y tiene una ardua tarea por delante. En noviembre de 1994, una jovencita de 15 años fue atacada sexualmente cuando iba hacia la escuela, en Chicago. La víctima ayudó a la policía a realizar un identikit de su violador. El dibujo circuló por el barrio donde ocurrió el crimen, y un vecino declaró que un hombre con esas características trabajaba en un mercado de carne. La policía llevó a la niña violada a ese local, y allí identificó a Cage como su agresor, supuestamente por su voz. Fue arrestado enseguida, y condenado en 1996. Después de una larga saga de pedidos judiciales para que se revisara la causa, la oficina del fiscal del condado de Cook aceptó, a fines de 2006, que se realizara una nueva prueba de ADN sobre este caso. La comparación con la evidencia que quedó en la ropa que usaba la víctima en el momento de la violación demostró que Cage no era el culpable. Catorce años después del crimen, los investigadores buscan al verdadero violador, mientras Cage intenta reconstruir su vida. Al menos la que le queda por delante, pues sabe que jamás podrá recuperar los años de juventud que se le escaparon de las manos de una forma tremendamente injusta. Por ahora vivirá con su madre, en Chicago y, según dijo al salir de prisión, está dispuesto a colaborar y hacer comprender a los legisladores la necesidad urgente de reformas legales para evitar que se sigan produciendo condenas erróneas. “Dean Cage no debería nunca haber sido condenado por este crimen y no debería haber perdido 14 años de su vida por un arresto y una condena erróneos. Pero lo más aterrador es que todavía hay gente en Illinois que está siendo condenada debido a identificaciones equivocadas por parte de testigos. Esto podría evitarse si se implementaran simples reformas que se han demostrado eficaces”, explicó Alba Morales, abogada de The Innocence Project (Proyecto Inocencia). Y no sólo en Illinois. En cárceles de casi todos los estados del país hay alguna celda ocupada por un hombre inocente. Como el caso de Cage, otros 216 hombres fueron exculpados tras vivir pesadillas similares, acusados de violaciones, de asesinatos, de robos o de otros delitos. De ellos, 16 habían sido condenados a muerte. En 82 de estos casos, los estudios de ADN lograron no sólo liberar a los presos equivocados, sino que además ayudaron a encontrar al verdadero culpable del crimen. Es una buena noticia, sí. Pero llega demasiado tarde. Según The Innocence Project (IP), la mayoría de los inocentes encarcelados son pobres y olvidados, y han agotado todas las instancias legales para obtener la libertad. Gran parte de ellos pertenece a minorías muchas veces discriminadas en Estados Unidos.

Aunque un solo funcionario de justicia entre miles actúe en forma deshonesta, ocultando pruebas o desechando evidencias de la defensa, las condenas equivocadas seguirán ocurriendo. Para combatir todos estos peligros, The Innocence Project impulsa reformas en la legislación y las políticas que se aplican a nivel local, estatal y nacional. Otra gran batalla que libra IP apunta a lograr que se implementen en todos los estados leyes para indemnizar a quienes hayan sido sentenciados por error.

Los números son claros: 133 de los exonerados son afroamericanos (el 61%); 59 son blancos (28%) y 19 son latinos (10%). De la mano del avance revolucionario que marcaron los estudios genéticos en el sistema judicial, la primera exoneración de un preso inocente gracias a este método se logró en 1989. Convencidos de que las condenas de hombres equivocados ocurren con mayor frecuencia de lo que se cree, los abogados Barry Scheck y Peter Neufeld, de la Universidad Yeshiva, en Nueva York, fundaron en 1992 esta asociación sin fines de lucro con el objetivo de proporcionar asistencia legal gratuita a personas condenadas que aseguren ser inocentes, siempre que esto pueda quedar demostrado a través de pruebas de ADN. El ADN (ácido desoxirribonucleico) es una molécula que contiene la información genética de un ser viviente, y está presente en cada célula del organismo. En casos criminales, se lo encuentra generalmente en evidencias como sangre, saliva, sudoración, semen, cabello y piel. El código genético de cada persona es único, por eso las pruebas de ADN para identificación son concluyentes (excepto en el caso de gemelos idénticos). Pero IP apunta no sólo a liberar a presos inocentes, sino fundamentalmente a prevenir que otras personas puedan ser encarceladas por delitos que no cometieron. Los responsables de la organización remarcan que han demostrado “de forma irrefutable” que las condenas por error no son hechos aislados, sino que son consecuencia de defectos del sistema judicial que pueden ser identificados y corregidos. En los últimos años, el proyecto se amplió y ha inspirado la creación de más de 30 organizaciones similares a lo largo del país, en las que las que participan universidades de Derecho y de periodismo, y defensores públicos en diferentes estados. Los profesionales de IP consultan con legisladores a nivel local o federal, llevan adelante investigaciones y capacitación, y proponen una cantidad de reformas posibles para prevenir más casos como el de Dean Cage y tantos otros. “Tenemos en este momento más de 275 casos en los que estamos representado clientes o consultando con otros abogados. Sin embargo, más de 8 mil casos están siendo evaluados para una posible representación”, explicó a ALMA MAGAZINE, vía e-mail, Barry Scheck, uno de los fundadores y directores de IP. Y añadió: “El año pasado recibimos más de 3 mil cartas de personas que se contactaban por primera vez pidiendo nuestra ayuda”. Con todo, no siempre es sencillo obtener las pruebas para poder perdonar a un preso condenado de manera errónea. IP admite que se enfrenta a numerosos obstáculos cuando litiga. En gran cantidad de casos, encontrar muestras válidas para poder cotejar con el ADN lleva largos períodos y enorme esfuerzo. Con frecuencia las evidencias están desgastadas, destruidas o directamente se han perdido. “The Innocence Project es increíblemente tenaz en su intento de encontrar evidencias que puedan ser sometidas a tests de ADN”, detalló Scheck. “Tuvimos casos en los que nos decían que no había pruebas, que todo se había perdido o destruido, y luego de seguir presionando sobre el tema descubrimos que no sólo había evidencias, sino que estaban donde deberían haber estado en primer lugar. A veces la búsqueda puede llevar años. Si eventualmente determinamos que la prueba realmente ya no existe, debemos cerrar el caso. Y como no queremos hacer eso, buscamos realmente por todos los medios de encontrar pruebas antes de tomar esta decisión”, enfatizó.

“Me llevó varios años acomodarme”

Christopher Ochoa, hijo de un inmigrante mexicano, tenía 22 años cuando fue erróneamente acusado por el asesinato de una mujer en Austin, Texas, en octubre de 1988. Meses después fue condenado a cadena perpetua. En 2002, tras la intervención de The Innocence Project, se demostró su inocencia y fue exonerado, luego de casi 12 años en la cárcel. La víctima del homicidio trabajaba en un local de Pizza Hut, y allí había sido atacada. La policía sospechaba que el autor del crimen también era empleado de esa cadena, y una persona señaló a Ochoa, que trabajaba en otro local en la misma ciudad. Presionado por la policía, amedrentado ante la amenaza de ser condenado a pena de muerte, terminó confesando un crimen que no había cometido. Fue condenado aun sin que hubiera pruebas concluyentes. En una entrevista vía e-mail con ALMA MAGAZINE, Ochoa relató la horrenda experiencia que atravesó, y la nueva vida que está llevando.

ALMA MAGAZINE: ¿Durante el tiempo que estuvo preso, tenía esperanzas de que el caso se revisaría y usted podría ser liberado?

CHRISTOPHER OCHOA: Tuve esperanza en los primeros dos años de prisión. Pero con el tiempo la fui perdiendo. Esa esperanza se renovó cuando las autoridades de Texas me informaron que se estaba abriendo una nueva investigación sobre mi caso, que me llevó a contactar a The Innocence Project.

AM: ¿Cuánto tiempo llevó revisar su caso y encontrar las pruebas para exonerarlo?

C.O.: Cerca de un año y medio.

AM: ¿Fue difícil retomar la vida “normal” después de 12 años en prisión?

C.O.: Fue muy difícil. Muchas cosas habían cambiado en el mundo durante los años en que estuve preso. Yo no tenía idea del concepto de teléfono celular ni de internet. Sin embargo, la tecnología no fue para mí una adaptación ardua. Lo más duro fue adecuarme al aspecto social de la vida, que es absolutamente distinta de la existencia en la cárcel. Me llevó varios años acomodarme. Aún hoy algunas cosas me resultan complicadas, ahora que me gradué y trabajo como abogado.

AM: ¿Le costó mucho encontrar trabajo?

C.O.: No encontré tantos obstáculos cuando buscaba empleo, debido a dos razones: la buena prensa que recibí luego de mi liberación, y la educación universitaria que recogí mientras estuve en la cárcel. Al poco tiempo empecé a trabajar en la universidad de Texas El Paso, donde terminé de completar mis estudios de College, y luego decidí estudiar Derecho. Cuando me gradué, en 2006, resolví comenzar mi propia práctica en defensa criminal y derecho de propiedad. Como abogado defensor, trabajo incansablemente para evitar que personas inocentes sean condenadas.

ERRORES Y MALAS INTENCIONES

¿Por qué un inocente es acusado y condenado por un crimen que cometió otra persona? Las exoneraciones de las últimas dos décadas muestran que el desacierto en la identificación por parte de testigos oculares ocurre con una frecuencia peligrosa. Entre los presos absueltos tras estudios de ADN, el 75% había sido sentenciado tras un reconocimiento erróneo. En otras ocasiones la falla está en posible negligencia o insuficiente preparación de los laboratorios forenses. “Durante siglos, las cortes de justicia utilizaron evidencias científicas o pseudo científicas. Se han usado una cantidad de tipos de pruebas obtenidas a partir de métodos técnicamente cuestionables para condenar a sospechosos en Estados Unidos, como cotejar el tipo de sangre, muestras de cabellos o marcas de mordidas con los rastros dejados en el lugar del crimen”, señala IP en su sitio en internet. Todas las evidencias que tradicionalmente se comparaban con cabellos o con el tipo y factor sanguíneo a través de técnicas que no son tan exactas y pueden conducir muchas veces a errores, ahora pueden ser probadas con los tests de ADN, que sí aportan conclusiones definitivas sobre inocencia o culpabilidad, siempre y cuando las evidencias no hayan sido destruidas o estén muy deterioradas por el paso de los años. Alejandro Domínguez tenía apenas 16 años cuando fue condenado en Illinois por una violación que no cometió. Además de una identificación errónea por parte de un testigo, el limitado recurso del factor sanguíneo llevó a los jurados a creer que la evidencia contra este joven era contundente. Pero no era así. El tipo de sangre de Domínguez coincidía con la muestra de semen encontrada en la víctima, lo que indicaba que podía ser el culpable. Pero el experto forense que llevó a cabo el análisis omitió un dato de importancia crucial: no le dijo al jurado que dos tercios de los hombres en Estados Unidos hubieran mostrado el mismo resultado que Domínguez.

“Muchos inocentes que salen de prisión enfrentan grandes dificultades para encontrar trabajo y pagar un seguro de salud, para reconstruir las relaciones familiares, para socializar y para afrontar el trauma psicológico que les queda tras los años de prisión. Estos hombres no tienen registro de quiénes son”, afirmó Barry Scheck, uno de los fundadores de The Innocence Project en 1992.

Willie O Pete Williams

Tras 21 años de prisión, Willie P. Williams fue rescatado por las investigaciones impulsadas por la filial Georgia del The Innocence Project.

Algo que no puede ocurrir con los tests de ADN. Domínguez fue condenado a nueve años de prisión, pero fue liberado a los cuatro, tras demostrar con el estudio genético –pagado por él mismo– que era inocente. Este es sólo un ejemplo de condenas por errores y omisiones, y en algunos casos, de manera intencionada. Otros factores que pueden llevar a sentencias erróneas son confesiones falsas, el uso de delatores en prisión, abogados defensores incompetentes o inadecuados, o fallas y negligencias en la investigación policial. “La mayoría de los funcionarios y fi scales son honestos y confiables. Pero la justicia criminal es una actividad humana y la posibilidad de corrupción existe”, advierten los expertos de IP. Y agregan que aunque un solo funcionario entre miles actúe en forma deshonesta, ocultando pruebas o desechando evidencias de la defensa, por ejemplo, las condenas equivocadas seguirán ocurriendo. Para combatir todos estos peligros, IP impulsa reformas en la legislación y las políticas que se aplican a nivel local, estatal y nacional. Por ejemplo, reivindica el derecho a acceso a pruebas de ADN y la conservación de muestras para todos los ciudadanos, análisis independientes por parte de laboratorios, el establecimiento de niveles de calidad profesionales y transformaciones en las técnicas de identifi cación de testigos. Otra gran batalla que libra IP apunta a lograr que se implementen en todos los estados leyes para indemnizar a quienes hayan sido condenados por error. Está claro que estas personas han perdido para siempre sus bienes más preciados: el tiempo, gran parte de la juventud, la infancia y el crecimiento de sus hijos, en fin, la vida. Pero una compensación económica puede ayudarlos a reencauzar el futuro, a volver a instalarse en la comunidad, en el mundo laboral y familiar, a tratar de rehacer un camino que fue dramáticamente quebrado y ya nunca será igual. Actualmente, 24 de los 50 estados del país tienen normas compensatorias para estos ex presos. Con la ley de Justicia para Todos de 2004 el Congreso elevó la indemnización para los condenados a pena de muerte a 100 mil dólares por año de cárcel, y a 50 mil dólares por año de cárcel para aquellos que no están en el corredor de la muerte. Sin embargo, esta ley sólo es aplicable a los casos federales (aunque insta a los estados a actuar en el mismo sentido). Así, son muchas las personas que una vez liberadas pueden pasar meses o años hasta ser indemnizadas. Algunas no reciben nunca un billete, tampoco cobertura de salud o colaboración para encontrar un lugar para vivir. Los más afortunados pueden apoyarse en ayudas de familiares o amigos. Pero otros se encuentran solos en un mundo nuevo. Los parientes y allegados se han alejado. Si tenían dinero en el banco antes de ir a la cárcel, seguramente lo han gastado en los pagos de asistencia legal. La libertad los enfrenta a situaciones verdaderamente hostiles. Según IP, los inocentes condenados necesitan no sólo ayuda económica una vez que salen de prisión, sino además una serie de servicios básicos: capacitación para poder conseguir empleo, ya que muchos de ellos han pasado en la cárcel más de 20 años y, por ejemplo, no han visto jamás una computadora y otros artefactos tecnológicos; servicios psicológicos (muchos de estos hombres sufren estrés postraumático y otros síntomas, o precisan auxilio para reconstruir los vínculos familiares o sociales), y servicios legales para acceder a beneficios públicos y, en algunos casos, volver a obtener la custodia de sus propios hijos, un derecho perdido muchas veces por el hecho de estar preso. “La vida después de la exoneración puede ser extremadamente difícil y no existen suficientes servicios en este país para ayudarlos en esta transición”, señaló Scheck a ALMA MAGAZINE. “The Innocence Project está expandiendo su staff de trabajadores sociales para ayudar a los exonerados en esta transición. Muchos inocentes que salen de prisión enfrentan grandes dificultades para encontrar trabajo y pagar un seguro de salud, para reconstruir las relaciones familiares, para socializar y para afrontar el trauma psicológico que les queda tras los años de prisión. A veces pequeñas cosas como conseguir un documento o abrir una cuenta en un banco son grandes obstáculos porque después de años encerrados fuera de la sociedad, estos hombres no tienen registro de quiénes son”, afirmó. Wiley Fountain salió hace cinco años de una cárcel de Texas, cuando se probó que no había cometido la violación agravada por la que había sido condenado 15 años antes. Pero ahora no tiene dónde vivir. Aunque fue uno de los afortunados en recibir una indemnización por parte del estado, los 190 mil dólares que obtuvo ya se le fueron de las manos, según relató en una entrevista con la cadena CNN. Durante un tiempo recorrió las calles de Dallas buscando latas de aluminio para vender por unos billetes. También pudo costearse la comida limpiando ocasionalmente el estacionamiento de algún restaurante. Pero, a los 51 años y con una trayectoria manchada por sus años de prisión, no encuentra empleo. Uno de los abogados del IP de Texas, Jeff Blackburn, que representa a varios de los exonerados en ese estado (donde se han registrado 31 casos, el número más alto en todo el país, seguido por Illinois, con 29), señaló a CNN que estos hombres condenados por error suelen tener grandes dificultades tras su liberación. “Reciben poca ayuda estatal y son vistos muchas veces como criminales”, aunque se haya probado que nunca cometieron un delito. A otros, en cambio, la exoneración y el regreso a la libertad los han impulsado a involucrarse en The Innocence Project, ayudando a otros que están sufriendo el calvario por el que ellos pasaron. Es el caso de Kenneth Wyniemko, quien salió en junio de 2003 de una cárcel de Michigan donde había pasado casi nueve años. Lo habían condenado en 1994 por una violación y robo a mano armada cometidos por otra persona. Los estudios de ADN demostraron su inocencia. Wyniemko recibió una indemnización y creó una fundación, que lleva su nombre, para luchar contra la cadena de errores, omisiones y decisiones deliberadas que llevan a castigar a inocentes. “El 21 de mayo de 2008 fue para mí un día perfecto”, escribió Wyniemko en el blog de The Innocence Project (www.innocenceproject. org) hace pocos días. “Fue el día en que Walter Swift salió de prisión después de 26 años por una condena errónea. Yo sé lo que se siente al salir caminando de la cárcel, en mi caso después de casi diez años, y no tener absolutamente nada. Me hizo tan bien estar ahí para ayudar a Walter, como lo hice con Nathaniel Hatchett cuando fue liberado, en abril. Les di a cada uno un fuerte abrazo y un cheque de 500 dólares de mi fundación”, agregó. Wyniemko recordó que actualmente en Michigan las personas que fueron encarceladas en forma errónea y luego liberadas no tienen acceso a una indemnización. “Estoy tratando de corregir ese problema”, y señaló que se presentaría ante la justicia del estado para reclamar una ley al respecto. “Estoy tan contento de poder ayudar. Siento que mi vida vale la pena. No quiero que nadie más tenga que sufrir como sufrí yo”, concluyó. Cientos de personas inocentes esperan, en una celda, que también les llegue la justicia. Y la ansiada libertad.


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