BRASIL: CRISIS ECONOMICA Y VACIO POLITICO, UNA MEZCLA PELIGROSA

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El gobierno de Dilma Rousseff, que en enero inició su segundo mandato, ha cometido una serie de errores y muestras de ineptitud que han puesto en crisis la economía de Brasil, mientras la baja de popularidad de la presidenta ha creado un vacío de poder. El escándalo de Petrobras, que tiene 53 políticos bajo investigación policial por indicios de sobornos de constructoras y otras empresas que prestan servicios a la petrolera estatal, impulsó las protestas callejeras contra Rousseff, junto con “las mentiras” de su campaña electoral, cuando negó el ajuste fiscal que acabó por adoptar ahora.

Texto: Fernando Cardim de Carvalho / Fotos: Paulo Gondim / Manoel de Andrade

Foto Oficial Presidenta Dilma Rousseff.  Foto: Roberto Stuckert Filho.En enero, cuando la presidenta Dilma Rousseff inició su segundo mandato, los analistas tenían claro que la economía de Brasil estaba en malas condiciones. A diferencia de su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), Rousseff no tuvo la suerte de gobernar en un período económico favorable. Y también a diferencia de Lula, Rousseff no fue una buena promotora de los productos brasileños y, menos aún, una buena conductora de la economía nacional.

Parece lícito pensar que la política económica, especialmente en los dos últimos años de su primer mandato, fue manejada con una visión de muy corto plazo y que, por el contrario, hubiera sido necesaria la adopción de serios ajustes para volver a poner la economía en marcha. Es aún más llamativa la comprobación de que también la política nacional está en malas condiciones.

Tomados de sorpresa ante las revelaciones de la escandalosa corrupción en Petrobras, la gigantesca corporación petrolera nacional, las autoridades federales, comenzando por la propia Rousseff, quedaron atónitas ante la caída a plomo del respaldo de la opinión pública, perdieron por completo la capacidad de iniciativa y crearon un peligroso vacío de poder en el país. Se trató de un vacío más que de una amenaza política porque la oposición estaba tan desorientaba como la presidenta. La derecha política, que nunca fue un firme sostén de las instituciones, parecía más interesada en “desangrar” a la presidenta, según la declaración de uno de los líderes de la oposición, que de luchar por la hegemonía política.

La eterna corrupción

Los problemas económicos fueron ciertamente empeorados por la baja calidad de la política económica durante la segunda parte de su primer cuatrienio. La comprobación de que el “viento de cola” creado por la fuerte demanda china de materias primas había dejado de soplar, indujo al gobierno a adoptar una serie de medidas para estimular la economía que resultaron en gran parte ineficaces. Las numerosas medidas instrumentadas fueron tomadas aisladamente, sin una estrategia de conjunto, y parecieron como regalos otorgados a diversos sectores, lo que contribuyó a la percepción popular de que la corrupción se había convertido en un sistema de gobierno.

Para enfrentar los problemas semiestructurales del tipo de cambio monetario, que afectaban la competitividad de los productos locales frente a los productos importados, así como a las exportaciones, el gobierno actuó en manera dispersa, principalmente a través de reducciones impositivas, o cambios en los tipos de interés. Obsesionado con la producción automotriz, el gobierno quemó recursos para estimularla, sólo para encontrar resistencia de otros países a comprarla, sobre todo de Argentina.

Diversas estimaciones coinciden en señalar que muy probablemente la reducción de impuestos y otras medidas similares fueron decididas sin previo cálculo de costos, pérdida de ingresos fiscales y otras precauciones. La política macroeconómica antirrecesiva adoptada a fines de 2008 se apoyó en gran medida en la expansión del consumo impulsada mediante el endeudamiento de las familias. La creciente morosidad crediticia y la restricción en los ingresos hicieron esa opción cada vez más insostenible, mientras las inversiones públicas y privadas decepcionaron las expectativas.

Al no lograr captar los fondos para inversiones indispensables en infraestructura, el gobierno fue extremadamente lento en diseñar una estrategia apropiada para atraer a inversores del sector privado. Aparentemente desorientado por su propia incapacidad para hallar la salida de la crisis, el gobierno dejó de tomar decisiones que eran necesarias, por ejemplo en el caso del sector eléctrico.

Catálogo de errores

La lista de errores y muestras de ineptitud es larga y bien conocida. Rousseff, que ganó en octubre su reeleción por un escaso margen, optó por un viraje de 180 grados, al nombrar como nuevo ministro de finanzas a Joaquim Levy, un economista conservador, sorprendiendo a sus partidarios, que se veían ante la obligación de tener que defender políticas que hasta el día anterior habían atacado cuando las proponían los opositores.

Todo esto hubiera sido muy difícil de manejar aún sin el escándalo de Petrobras. Pero la compañía petrolera no es sólo la mayor empresa nacional, es en cierto modo un símbolo de la nacionalidad. Además, se daba por supuesto que la energía era la especialidad de Rousseff, quien fue responsable de las políticas de la empresa como ministra de Minas y Energía (2003-2005).

Un rumor cada vez más fuerte sobre un posible juicio de destitución de la presidenta la llevó a equívocas decisiones políticas, entre ellas la designación de un gabinete que es considerado de pobre calidad y a perder el apoyo del mayor aliado del gobierno, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, así como de la mayoría de su propio Partido de los Trabajadores.

El resultado de la situación política ha sido ilustrado por dos grandes manifestaciones, el 13 y el 15 de marzo. En la primera, marcharon por las calles de las principales ciudades de Brasil los partidarios del gobierno. En sus declaraciones, la mayor parte de los líderes (Lula no participó) manifestaron un apoyo condicional a Rousseff; es decir, sujeto a que prescinda del ministro de Finanzas y que cancele las recientemente anunciadas medidas de austeridad. El 15 de marzo, una multitud aún mayor marchó en las mismas ciudades proclamando su incondicional oposición a la presidenta.

Brasil está viviendo una situación peligrosa. Ni el gobierno ni la oposición parlamentaria están conducidos por líderes en los que el pueblo confíe. Este cuadro político es inquietante para un país que recién ha celebrado 30 años de gobiernos civiles. Pero se sabe que cuando la economía agrega graves problemas al vacío político, es imposible no temer por el futuro.

Manifestaciones callejeras

Texto: Mario Osava

Brasil incorporó las manifestaciones callejeras como un dato nuevo en sus variadas crisis, cuya sinergia dificulta una respuesta del gobierno maniatado por la necesidad de un ajuste fiscal, que a su vez avivaría las protestas. Centenares de miles de personas, según estimaciones comedidas, o dos millones, según datos de la policía, protestaron el domingo 15 de marzo contra la presidenta Dilma Rousseff, el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y la corrupción, en Brasilia y las 26 capitales estaduales del país.

Dos días antes, centrales sindicales y movimientos sociales reunieron 170 miles manifestantes, según los organizadores, y solo 26 miles según la policía, en defensa del gobierno pero contra sus medidas de austeridad fiscal que afectan derechos laborales. Es decir, un apoyo con restricciones.

Experiencias similares del pasado reciente poco ayudan al análisis del cuadro político actual, inédito, en que Rousseff enfrentó una protesta masiva 74 días después de iniciar su segundo mandato el primero de enero, tras su reelección en octubre. El ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) también empezó su segundo gobierno debilitado por el llamado “estelionato” (fraude por ocultación de una medida), al promover una “maxidevaluación” cambiaria en enero de 1999, después de asegurar durante la  campaña electoral que mantendría estable el valor del real.

“Pero nadie propuso su impeachment, sólo unos pocos alocados gritaban ‘fuera FHC’ y no hubo investigación sobre los rumores de corrupción en la aprobación parlamentaria de la reelección inmediata”, recordó el cientista político Fernando Lattman-Weltman, profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Durante el primer mandato de Cardoso se aprobó una enmienda constitucional que facultó la hasta entonces prohibida reelección inmediata de jefes de podres ejecutivos. El y sus dos sucesores hasta ahora fueron reelegidos.

El ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) también enfrentó un escándalo de corrupción que involucró importantes ministros de su gobierno y dirigentes del PT, partido que fundó en 1980 y que llevó al poder, acusados de comprar votos parlamentarios, sobornados por pagos mensuales. Pero el denominado “mensualón” estalló en agosto de 2005 y la proximidad de las elecciones estimuló la opción opositora de mantenerlo “sangrando” para destruir su fuerza electoral. No resultó, Lula, popular por sus políticas sociales, superó el escándalo, ganó un segundo mandato e hizo de Rousseff su sucesora.

Quedan al movimiento anti-Rousseff posibilidades limitadas a “dos hipótesis improbables, que son la renuncia de la presidenta y un golpe de fuerza”, y a una “movilización tal que presione el parlamento a iniciar un proceso de impeachment”, señaló Lattman-Weltiman. En el régimen presidencialista, como el brasileño, “la destitución legal del jefe del Estado es una excepción, aquí a cargo del Senado, que exige condiciones jurídicas, es decir, un delito concreto, políticas y sociales, con la movilización de partidos y de la población”, observó el consultor político André Pereira.

El único caso conocido y exitoso de destitución en Brasil fue el del ex presidente Fernando Collor, inhabilitado por corrupción en 1992, dos años después de iniciar su mandato, luego de practicar el más estrepitoso “estelionato electoral”. Confiscó todas las cuentas de ahorro en su primer día de gobierno, una medida que durante la campaña electoral de 1989 había insistido que no adoptaría y que sí lo haría su adversario Lula da Silva, en caso de ganar.


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