A UN AÑO DEL ATAQUE A LOS NORMALISTAS: LOS DESAPARECIDOS DE LA DEMOCRACIA MEXICANA

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La desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas y el descubrimiento de centenares de cementerios clandestinos en México movilizó a un país que, poco a poco, fue naturalizando el mercado que propone la muerte. El ataque a los normalistas destapó el albañal de la alianza entre políticos locales y grupos criminales y revivió el dolor de los 30 mil desaparecidos que, según las organizaciones de derechos humanos, dejó la estrategia militar de seguridad instaurada por el ex presidente Felipe Calderón y visibilizó el Movimiento por la Paz, encabezado por el poeta Javier Sicilia. Radiografía de un país en llamas.

Texto: Joaquín Cruzalegui / Fotos: Enrique Sabines / Alejandro Pacheco / Vicente Espejo / Gabriela García Rojas / Mercedes Gorostiza

La parroquia de San Gerardo, en el estado mexicano de Guerrero, se encuentra surcada por las sombras de unos árboles débiles un caluroso mediodía de septiembre. Unos muchachos caminan distraídos bajo el sol abrazante. No corre viento y adentro se encuentra un poco más fresco. En el comedor, hay decenas de fotografías alrededor de una frase escrita en blanco sobre papel negro, el mensaje es claro: “Te buscaré hasta encontrarte”. Las imágenes pertenecen a rostros de desaparecidos, personas secuestradas, amputadas de su vida sin dejar rastro alguno. Sólo queda el dolor de quien sufre una pérdida repentina y terrible.

Las imágenes pertenecen a rostros de desaparecidos, personas secuestradas, amputadas de su vida sin dejar rastro alguno.

En el comedor de la Parroquia de San Gerardo, en la ciudad de Iguala, se han ido colgando las fotos de los desaparecidos.

En el comedor de la Parroquia de San Gerardo, en la ciudad de Iguala, se han ido colgando las fotos de los desaparecidos.

Cada día se suman más personas a una lista regional que, hasta hoy, entrega la brutal cifra de 350 seres humanos desaparecidos en una pequeña sociedad malherida. Guerrero es uno de los estados que conforman las 32 entidades federativas de México, y además del poblado Acapulco, este territorio cuenta con una de las geografías más accidentadas del país. Montañoso y complejo, se extiende como una superficie rugosa llena de cerros y sierras.

En Guerrero la vida vale poco, casi menos que nada. Es un suspiro efímero que se pierde con la noche. Hace más de diez años que los pellizcos en la tierra se utilizan como fosas comunes y cementerios clandestinos para enterrar muertos. La mayoría son del norte del estado, el más pobre de México y uno de los más azotados por la violencia en un país donde el 93% de los delitos permanecen en total impunidad y más de veinte millones de armas se negocian de forma cotidiana en el mercado que propone la muerte. Excavar la tierra en Guerrero hoy es revolver suavemente las entrañas del horror.

Tener nombres que abrazar y recuerdos manifiestos de sus seres queridos ha sido el pilar central de la lucha constante y trabajosa que mantienen las familias que se reúnen en la parroquia de Iguala para denunciar y buscar a sus desaparecidos en el interminable cementerio clandestino que se descubrió en los cerros que envuelven esta ciudad a partir de la desaparición forzada de 43 normalistas –como se llama aquí a los estudiantes de magisterio– de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.

Estas brigadas civiles de búsqueda encontraron 104 cuerpos, aunque sólo 9 pudieron ser identificados dadas las circunstancias de degradación biológica y muchas veces, el maltrato propinado. La mayoría quedarán en eso: cuerpos anónimos, brutalizados y en silencio. Los hechos que dejaron al descubierto una terrible crisis social y política son difusos, incógnitas sin resolver en la memoria de quienes vivieron la situación que llevó a México a la boca de todos.

Atrás en el tiempo

Fatídica. Aquella noche del 26 de septiembre de 2014, los estudiantes fueron atacados por la policía municipal de Iguala.

Fatídica. Aquella noche del 26 de septiembre de 2014, los estudiantes fueron atacados por la policía municipal de Iguala.

Cercana la medianoche de ese viernes 26, un grupo de camionetas flanqueadas por motocicletas llegó al punto final de su recorrido. Lo único que se veía entre la fina cortina de llovizna constante eran los focos de los vehículos. De sus vehículos. La ruta desolada concluye en un basurero que, según dicen, sólo utilizan los agentes de policía municipal. El camino es de tierra y la vegetación crece a los lados como una alfombra verde, selvática e interminable. Los locales de Cocula, en las inmediaciones de Guerrero, lo llaman “Hoyo del Papayo” por su caída abrupta y su inclinación vertiginosa. Más de 20 metros de profundidad en una noche cerrada que albergaron el horror silente de los estudiantes muertos luego de varias horas de tortura y maltrato.

La “versión histórica”, como tituló la Procuraduría General de la República (PGR), sostuvo que los estudiantes que desaparecieron en Iguala fueron asesinados, y sus cuerpos incinerados en ese mismo basurero. Los alumnos fueron atacados en una operación llevada a cabo por la policía municipal de Iguala según puede saberse ahora, un año más tarde, por la investigación de un grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), elaborada en colaboración con las autoridades locales, federales y militares. Hubo cuatro balaceras distintas y un sólo objetivo: los jóvenes. El saldo que dejó esa noche fue de 6 muertos, 5 heridos graves y 43 desaparecidos en medio del salvajismo propuesto por un mecanismo de represión manipulado por el alcalde José Luis Abarca.

Los especialistas señalan que no se hizo todo lo posible para localizar a los estudiantes.

Como parte de un plan para asistir el 2 de octubre de 2014 a las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco en la Ciudad de México –se cumplían 46 años de la matanza perpetuada por las ametralladoras del ejército, donde decenas de jóvenes protagonistas de la rebelión contra un estado autoritario fueron asesinados en la emblemática Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en un intento de represión–, estudiantes normalistas e integrantes de organizaciones sociales se congregaron en Guerrero antes de que la mujer de Abarca y aspirante a sucederlo, María de los Angeles Pineda, compartiese el informe de gobierno anual. El pacto era que esa ciudad de 140 mil habitantes y a 216 kilómetros de la capital no pasase ningún sobresalto esa tarde del 26 de septiembre.

Ayotzinapa es sinónimo histórico de confrontación. Sus estudiantes se organizan cada año para presionar a la secretaría de Educación del estado de Guerrero, y en mayor medida al Estado nacional. ¿Para qué? Si no se abre la convocatoria para las becas para la Escuela Normal Rural, se declara desierto el establecimiento y en dos años puede cerrarse. Tanto alumnos como docentes hacen fuerza en conjunto para asegurar, año tras año, la supervivencia de la educación pública de los sectores menos favorecidos, muchas veces dependiente de los narcogobiernos locales que sostienen cadenas de tráfico hacia Estados Unidos.

Un año después de la desaparición forzada de 43 estudiantes, las marchas pidiendo justicia se multiplicaron por todo el país.

Un año después de la desaparición forzada de 43 estudiantes, las marchas pidiendo justicia se multiplicaron por todo el país.

Hay que volver al pacto que tramó Abarca con la policía local, fuerzas militares y personas de Guerreros Unidos, cártel para el cual operaba el ex alcalde: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la CIDH explicó, en su informe publicado el domingo 6 de septiembre, que “el nivel de intervención de diferentes policías y escenarios da cuenta de la coordinación y mano existente para llevar a cabo dicha acción”.

La policía bloqueó la ruta tras la orden de no dejar avanzar a los estudiantes luego de la toma de algunos autobuses de la línea Estrella Roja. Cercó la ruta y abrió fuego contra los vehículos. Este macabro operativo no encontró reparos a la hora del fuego: disparó contra todos, un ómnibus que transportaba un equipo de futbol también fue baleado. Murieron seis personas, entre ellas tres alumnos de Ayotzinapa, un futbolista de 15 años, un chofer y una mujer que tomaba un taxi.

“Los estudiantes no llevaban armas, no hay policías heridos y su plan no era entrar en la ciudad”, reconoció la abogada guatemalteca e investigadora del GIEI, Claudia Paz, en relación al móvil que se planteó en la versión oficial de los hechos. “Fue un ataque simultáneo, que duró al menos tres horas en nueve escenarios distintos, con la intención de impedir que los autobuses abandonaran la ciudad.”

Los claroscuros de una hipótesis

En un informe de 550 páginas, Paz, junto con los otros cuatro expertos que integran el GIEI, aseguran que no hay certezas de que un fuego de esa magnitud haya ocurrido, ni de que los estudiantes hayan sido incinerados en un basurero. En el basurero de Cocula, “no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo”, según concluye la investigación en uno de sus apartados. También añade que no se observan los daños que resultarían de un fuego tan importante y que no existe prueba de que el combustible necesario estuviera disponible en las cercanías. Se habla de toneladas de madera, cientos de neumáticos y mucho combustible, además de casi tres días disponibles para completar la cremación.

Después de seis meses de trabajo, los especialistas de este grupo interdisciplinario de investigación señalan que no se hizo todo lo posible para localizar a los estudiantes. Este y otros organismos de renombre a nivel internacional, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional, se han pronunciado en contra de la violencia que atraviesa el país y exigen un trabajo más exhaustivo sobre el caso. ¿México se acostumbra progresivamente a esta relación clandestina que mantiene el poder político con el mercado de la muerte?

Los jóvenes desaparecidos por el simple delito de ser jóvenes viven a través de la memoria de sus familiares y seres queridos.

La masacre de los normalistas dejó al descubierto un vínculo estrecho y oscuro entre mandatarios locales y grupos criminales, y además reabrió la herida que significan los 30 mil desaparecidos durante la presidencia de Felipe Calderón (Partido Acción Nacional), iniciada en diciembre de 2006 y finalizada en 2012. Su estrategia militar dejó más dolor que aciertos. Desde su triunfo dudoso en las elecciones nacionales hasta su intento por legitimar una autoridad trastocada por su transversalización con movimientos del crimen organizado. Lo único que resultó de la violencia punitiva de su planteo fue un número cruento, centenares de fallecidos y desaparecidos. Miles de personas torturadas, calcinadas y desolladas, enterradas en ningún lugar.

Por otro lado, Enrique Peña Nieto, actual mandatario y representante del PRI, no sacudió de raíz este esquema: tras los 500 millones de dólares invertidos en publicidad oficial en el primer año de gobierno, la violencia se paseó en las calles como antes, y como siempre. En números –aunque no existan cifras reales–, quizá lo más relevante es el absoluto abandono por parte de la estructura del Estado en todos sus estratos. Según un trabajo de investigación del periódico El Universal que se publicó una semana antes del primer aniversario del ataque en Iguala, en 2014 las fiscalías del país reportaron más de 5 mil personas desaparecidas. Cada hecho aislado parece inédito. Parece una atrocidad inclasificable. Pero son catorce desaparecidos por día.

Poder, corrupción y mentiras

6 de septiembre de 2015. Peña Nieto, con cada rincón de su imagen pública en serios problemas, pide desde sus cuentas en las redes sociales y por todos los medios posibles seguir las recomendaciones del informe presentado por la CIDH y el GIEI. Salpicado por el escándalo, remarca la necesidad de encausar nuevamente las investigaciones. Hay quienes afirman que el presidente juega su carta más desesperada: la empatía. Como el último manotazo de un ahogado.

El brutal ataque a los estudiantes normalistas ha puesto en evidencia la gravedad de la crisis de derechos humanos en México.

El brutal ataque a los estudiantes normalistas ha puesto en evidencia la gravedad de la crisis de derechos humanos en México.

Nos encontramos al sur del continente, más precisamente en Argentina. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires fue uno de los tantos escenarios latinoamericanos que abrió sus puertas a la “Caravana 43” en señal de apoyo al pueblo mexicano. A casi un año de su ausencia, los jóvenes desaparecidos por el simple delito de ser jóvenes viven a través de la memoria de sus familiares y seres queridos. Los primeros 43 asientos de una sala llena a pesar del mal clima y el frío, se encontraban vacíos, y las paredes, como en la parroquia rodeada de árboles en Guerrero, cubiertas de rostros de desaparecidos.

“Fue el peor golpe psicológico que pudimos recibir”, comenzó Mario González Contreras, padre del huamantleco César Manuel González cuando habló de la muerte de su hijo de 22 años y cómo trataron los grandes medios de comunicación la noticia. César, como muchos otros normalistas, soñaba con ser maestro de educación primaria. También contaron hasta 43. En voz alta y al borde del llanto en un vacío que sólo se llenó de a momentos. Con aplausos, abrazos y palabras de esperanza. Se veían los rostros endurecidos por el tiempo de tensión y los ojos oscuros como la noche que se posan en un punto indefinido, allí lejos. En busca de una verdad o una señal que guíe un poco entre el poder, la corrupción y las mentiras.

“Ayotzinapa es una escuela normal rural donde van a estudiar hijos de campesinos, gente pobre. Una escuela que no quiere perder la cultura, el origen, donde lo único que hacemos es defender nuestro derecho de una educación pública, gratuita”, la voz de Francisco Sánchez Nava, pausada y contundente, recorrió los matices del dolor y la indignación. El, uno de los sobrevivientes de la masacre, remarcó que sus compañeros fueron víctimas del terrorismo de Estado en su país. El joven no habló mucho pero sus palabras quedaron retumbando en el auditorio. Afuera llovía, y el grupo marcharía hasta la mítica Plaza de Mayo antes de seguir su caravana de luto por Latinoamérica.

En la vorágine turbia que es la historia actual de México lo que se propone desde esta asociación, y muchas otras más, es despertar a una cultura que soporta, y cada vez más, los niveles de violencia que propone la realidad mexicana. Intereses geopolíticos, lazos criminales y la atrocidad instaurada en los pliegues de la vida cotidiana son algunos de los componentes de un mapa que perjudica, como dijo el joven Francisco, siempre a los que menos tienen.

Cuando un pueblo pide educación y lo único que recibe son balas, no existe otra opción que seguir luchando.

Aguantar no significa someterse. Y aguantar no es verbo. Es repudio. “El PRI creyó que podría administrar el infierno”, remarcó Javier Sicilia, el poeta y activista que fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en respuesta al asesinato de su hijo Juan Francisco a manos de gente vinculada a los cárteles narcos. Uno de los tantos rostros visibles en una lucha que se hartó de llorar y ahora no es más que fuerza, lágrimas y dolor constante que ya se extiende por el norte y el sur, a lo largo y ancho del territorio continental con el objetivo de vaciar las fauces de todos los cementerios clandestinos y fosas comunes que alberga la tierra mexicana.

Sería leve decir que México se acostumbra a la brutalidad de sus días, y absurdo pensar que la gente no sufre los embates del affaire corrupto entre el poder político y el poder criminal. En un poema titulado Vigilias, Javier Sicilia, el poeta que dejó de serlo el día que asesinaron a su hijo, escribe sobre lo mucho que saben aquellos que están despiertos y aquellos que velan a cielo abierto en espera de su Dios.

Hoy, a un año de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la lucha de los presentes se asemeja a la sabiduría paciente sobre la que escribe Sicilia; cuando un pueblo pide educación y lo único que recibe son balas, no existe otra opción que seguir luchando.

 


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