CHILE: FIN DE LA LEY DE AMNISTIA

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La decisión de derogar la ley de amnistía abre para Chile la posibilidad cierta de sepultar uno de los resabios más dolorosos de la dictadura de Augusto Pinochet: la legalización de la práctica sistemática de exterminio de opositores a ese régimen, ya que su vigencia mantiene al país con una deuda permanente en materia de derecho internacional. Se trata de un gesto potente hacia las víctimas del terrorismo de Estado y sus familiares, que aún temen su aplicación en cualquier causa. Bajo el régimen de Pinochet, entre 1973 y 1990, unas 3 mil personas murieron o fueron desaparecidas y otras 28 mil sufrieron torturas, incluida la presidenta Michelle Bachelet.

Texto: Marianela Jarroud / Fotos: Rubén Gómez / Catalina Rodríguez

Ley de amnistia

Medida simbólica. Si se aprueba la derogación, quienes participaron en crímenes entre 1973 y 1978 podrían ser juzgados.

El pasado jueves 11 de septiembre, durante la conmemoración del 41 aniversario del golpe de Estado que en 1973 derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende, la también socialista Michelle Bachelet anunció, en el Palacio de la Moneda, la tramitación con “suma urgencia” de un proyecto de ley que deroga y anula la ley de amnistía. “Basta ya de esperas dolorosas y de silencios injustificados. Lo he dicho estos días y lo repito hoy: es el momento de hermanarnos en la verdad. Y para ello es fundamental que quienes tienen información relevante, sean civiles o militares, la entreguen. Hoy, nuevamente en democracia, Chile no ha perdido la memoria, Chile no ha olvidado a sus hijos perseguidos, ejecutados y detenidos desaparecidos. Chile no ha olvidado a quienes mantuvieron viva la esperanza de un país libre”, sentenció la primera mandataria de Chile.
El fin de la amnistía podría derivar en la eventual reapertura de los juicios que fueron cerrados invocando la polémica norma, además de la posibilidad de avanzar en la anhelada revelación del paradero de los “detenidos desaparecidos”, cuya suerte aún se desconoce. “Hemos creído que, a 41 años del golpe de Estado, Chile tiene que seguir avanzando en más verdad, más justicia y en reparación”, planteó la presidenta Bachelet el pasado viernes 12 de septiembre, durante una visita a Uruguay. Porque “mucha gente en nuestro país está muriendo, y está muriendo sin la verdad”. El procedimiento de urgencia obliga a que la decisión definitiva del Senado se dé en un plazo de 15 días. El gobernante partido Nueva Mayoría cuenta con los votos suficientes para su derogación en las dos cámaras del Congreso, por encima de las críticas a la iniciativa por parte de la derecha chilena.
“La presidenta ha señalado claramente que va a impulsar la Subsecretaría de Derechos Humanos, que va estar en el Ministerio de Justicia y que va a tener la fortaleza suficiente para preparar un plan de derechos humanos que explique el conocimiento de estos derechos en el país”, subrayó el ministro de Justicia, José Antonio Gómez.

En cifras

* Según datos oficiales, en Chile hubo un total de 40 mil víctimas durante la dictadura militar, de las cuales 3.095 fueron asesinadas por agentes represivos. De ellas, un millar continúan desaparecidas.

* Entre 2002 y 2013 existían 1.350 causas de derechos humanos en trámite o bajo investigación contra más de 800 ex agentes de la dictadura. A fines de julio de 2013, la Corte Suprema de Chile había resuelto 153 causas criminales, 140 de ellas con sentencias condenatorias. La mayoría de los condenados cumple su pena en libertad.

*Entre el inicio de 2010 y octubre de 2013, la Sala Penal de la Corte Suprema dictó sentencia en 36 casos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En ninguno de estos casos se aplicó la prescripción o la amnistía. Sin embargo, a la mayoría de los condenados se les aplicó la causal de “irreprochable conducta anterior” y en 24 casos se aplicó la prescripción gradual o media prescripción, que les permite a los jueces rebajar en uno, dos o tres grados la pena. En ninguno de los casos se reconocieron agravantes.

* En el penal Punta Peuco, exclusivo para represores de la dictadura, conviven actualmente 61 condenados, entre ellos el jefe de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras, y el coronel Miguel Krassnoff, sindicado como uno de los más crueles torturadores del régimen. La cárcel cuenta con una docena de cabañas climatizadas, rodeadas de áreas verdes, piscina, cancha de tenis y un lugar para hacer asados.

La ley de amnistía

El Decreto Ley de Amnistía, aprobado en 1978 por la junta militar presidida por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990), dejó sin sanciones a los militares y civiles responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, período en que se cometieron las peores violaciones a los derechos humanos en Chile. Pinochet excluyó de la ley el caso del asesinato del ex canciller Orlando Letelier, perpetrado en Washington el 21 de septiembre de 1976, para evitar problemas con la justicia estadounidense, que realizaba una acuciosa investigación.
El decreto obligó a la Justicia, tras el retorno a la democracia en 1990, a ocuparse sólo de crímenes contra los derechos humanos ocurridos después de 1978. Pero desde que Chile ratificó en 1998 el estatuto de la Corte Penal Internacional de La Haya, los jueces comenzaron a aplicar su principio de que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Esa ratificación coincidió con la detención, ese mismo año, de Augusto Pinochet en Londres, por orden del juez español Baltasar Garzón. Según los expertos, ese hito marcó un antes y un después en la evolución del derecho internacional en materia de derechos humanos.

“El fin de la amnistía podría derivar en la eventual reapertura de los juicios que fueron cerrados invocando la polémica norma.”

Para el abogado Roberto Garretón, el denominado caso Pinochet, “derribó el miedo de los jueces a hacer justicia” e incrementó exponencialmente una tímida tendencia nacional hacia mayores cuotas de justicia por las múltiples, graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile durante la dictadura. En la actualidad, la jurisprudencia chilena es unánime en que no corresponde aplicar la ley, dado que se trata de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, anteriormente, hubo decenas de juicios por casos ocurridos entre 1973 y 1978 que se cerraron invocando la normativa del régimen militar. En algunos de ellos, explicaron fuentes del Poder Judicial, los abogados de las víctimas han pedido la reapertura de esas causas y se les ha dado la razón, salvo en las que fueron falladas por la propia Corte Suprema. Existe un conjunto importante de causas que se podrían reabrir.
“La normativa se aplicó antes en muchos de los procesos y, mientras esté vigente, se puede invocar en cualquier momento. Aunque actualmente existe una conciencia distinta, estamos al arbitrio de la voluntad ideológica y no judicial de los magistrados”, precisó la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García. Por esta razón, la anulación de la ley de amnistía ha sido una demanda histórica de las agrupaciones de derechos humanos desde la llegada de la democracia. Por ello, García consideró que “la medida no sólo tiene carácter simbólico, sino efectos judiciales concretos, ya que muchos casos se podrían reabrir en los tribunales chilenos”.
A través de un comunicado, la AFDD respaldó la iniciativa legal: “Este cuerpo legal emanado de la dictadura militar fue y ha sido un obstáculo para lograr la verdad y la aplicación de justicia frente a las masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidas por ex miembros de las fuerzas armadas y carabineros de Chile”.

La marcha de las cordilleras
Texto: Raúl Zurita (Santiago de Chile, 1950)

Se hacía tarde ya cuando tomándome un hombro
me ordenó:
“Anda y mátame a tu hijo”
Vamos -le repuse sonriendo- ¿me estás tomando
el pelo acaso?
“Bueno, si no quieres hacerlo es asunto tuyo,
pero recuerda quién soy, así que después no
te quejes”
Conforme -me escuché contestarle- ¿y dónde
quieres que cometa ese asesinato?
Entonces, como si fuera el aullido del viento
quien hablase, El dijo:
“Lejos, en esas perdidas cordilleras de Chile”.

Con la cara ensangrentada llamé a su puerta:
Podría ayudarme -le dije- tengo unos amigos
afuera
“Márchate de aquí -me contestó- antes de que
te eche a patadas”
Vamos -le observé- usted sabe que también
rechazaron a Jesús
“Tú no eres El -me respondió- ándate o te
rompo la crisma. Yo no soy tu padre”
Por favor -le insistí- los tipos que están
afuera son hijos suyos…
“De acuerdo -contestó suavizándose- llévalos
a la tierra prometida’’
Bien: ¿pero dónde queda ese sitio? -pregunté-
Entonces, como si fuera una estrella la que
lo dijese, me respondió:
“Lejos, en esas perdidas cordilleras de Chile”.

Despertado de pronto en sueños lo oí tras la
noche
“Oye Zurita -me dijo- toma a tu mujer y a tu
hijo y te largas de inmediato”
No macanees -le repuse- déjame dormir en paz,
soñaba con unas montañas que marchan…
“Olvida esas estupideces y apúrate -me urgió-
no vas a creer que tienes todo el tiempo del
mundo. El Duce se está acercando’’
Escúchame -contesté- recuerda que hace mucho
ya que me tienes a la sombra, no intentarás
repetirme el cuento. Yo no soy José.
“Sigue la carretera y no discutas. Muy pronto
sabrás la verdad”.
Está bien -le repliqué casi llorando- ¿y dónde
podrá ella alumbrar tranquila?
Entonces, como si fuera la misma Cruz la que se
iluminase, El contestó:
“Lejos, en esas perdidas cordilleras de Chile”.

Según los especialistas, si bien la justicia desistió de amnistiar o prescribir crímenes de lesa humanidad, aún persiste la lentitud en los procesos, las bajas penas, la falta de transparencia sobre la concesión de beneficios penitenciarios, la continua aplicación de la prescripción total de demandas civiles y parcial de causas criminales. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, confirmó que la derogación y anulación de la ley de amnistía “es una demanda muy sentida e histórica de los familiares. Si finalmente el proyecto se convierte en ley sería un precedente muy importante, porque la impunidad existente hoy día en los casos que amnistiaron en el pasado y en los casos en que se aplica la media prescripción constituye una denegación de justicia”.
José Zalaquett, abogado experto en derechos humanos, fue más cauteloso: “Si se deroga reconoce que existió una ley que provocó efectos y ahora la debe rechazar. Si la ley produjo efectos significa que los delitos quedan borrados y si la nueva ley los repenaliza estaría aplicándose retroactivamente a una situación borrada, lo que es muy peligroso. Anular no existe en nuestra Constitución. Yo soy partidario de dejar las cosas como están, lo que puede ser poco simbólico, pero más práctico porque desde 1999 no se está aplicando la ley, entonces qué sentido tiene tratar de anular cuando puede producir efectos contraproducentes”.
La ONU había solicitado a Chile que derogara la iniciativa, para que ningún crimen de lesa humanidad quedara impune y para que no hubiera espacio a la interpretación, ya que los familiares de detenidos desaparecidos consideraban su mera existencia como una afrenta. En septiembre de 2013 miembros de Amnistía Internacional entregaron más de 25 mil firmas al Poder Ejecutivo para que anulara la medida, declarando que “es inaceptable que todavía haya obstáculos a la búsqueda de justicia, verdad y reparación”.

Te recuerdo, Víctor
Es en este escenario donde la derogación de la ley de amnistía permitiría, por ejemplo, dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sancionó al Estado chileno por la aplicación, en 1997, de la ley de amnistía en el caso de un opositor ejecutado durante la dictadura. El tribunal internacional determinó que Chile vulneró las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica en el caso de Alfredo Almonacid, un profesor militante del Partido Comunista asesinado el 17 de septiembre de 1973, un día después de haber sido arrestado por la policía. También permitiría juzgar, sin trabas legales, al asesino o los asesinos del artista y activista político Víctor Jara, acribillado con 44 balazos en el entonces estadio Chile, tras ser brutalmente torturado por agentes de la dictadura que, 41 años después, permanecen impunes. “Hasta la victoria”, se lee en el nicho que guarda los restos de Jara.
“Más allá de lo jurídico, anular una disposición legal dictada por los propios violadores de los derechos humanos para garantizar su impunidad tendría un efecto simbólico importante, superior a cualquiera concreto que pueda derivarse”, afirmó el abogado de derechos humanos Alberto Espinoza. Y recordó que “esta amnistía tiene las características de una autoamnistía, de un autoperdón dictado por los mismos responsables de las violaciones a los derechos humanos”.


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