CONSULTA CATALANA: HASTA LA INDEPENDENCIA SIEMPRE

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Durante mucho tiempo, Cataluña ha procurado su independencia de España. Las elecciones del 27 de septiembre no sólo han causado un fuerte alboroto político de muy difícil asimilación, al quedar dividida Cataluña aproximadamente en dos mitades en un asunto tan crucial como el de su independencia. Además, han supuesto un terremoto en la composición del Parlamento autónomo y en el sistema de partidos catalán, bastante estable desde el inicio de la transición.

Texto: Joaquín Roy / Fotos: Federico Celaya / Mariano del Rey

No hace muchos años, los catalanes tenían una actitud un tanto flexible acerca de su identidad. Una mayoría reconocía que se sentían por igual catalanes y españoles. Una minoría se consideraba exclusivamente catalana, mientras otra todavía menor tozudamente declaraba ser solamente española. Esta estabilidad se debía a que una parte notable de la población catalana tiene orígenes inmigratorios. De ahí que el modelo de “nación” adoptado ha sido el liberal, abierto, “norteamericano/francés”, en contraste con el étnico.

Según Madrid, la consulta independentista no es un derecho exclusivo de los catalanes.

Según Madrid, la consulta independentista no es un derecho exclusivo de los catalanes.

Esta flexibilidad y cierta ambigüedad que explicaba la relativa estabilidad, sobre todo en comparación con la vasca, ha saltado en añicos. ¿Qué ha provocado que apenas en un par de décadas, de un 15% que se reconocía declaradamente como independentista se haya pasado a rebasar de largo un 50% que votarían por la secesión en un referéndum?

Simplemente, ha sucedido que una parte notable de la ciudadanía, de diversos estratos, ha perdido la paciencia. Se ha intentado todo para negociar con el gobierno central de España. Ahora se siente desilusión. Constitucionalmente, Cataluña se ha comportado lealmente desde la transición que consolidó la democracia al final de los años 70. Las fuerzas políticas catalanas cumplieron con su parte del guión para redactar y aprobar la Constitución española, en 1978, y el razonable Estatuto de Autonomía catalán, un año después.

Tanto los conservadores como los nacionalistas moderados de la coalición formada por los liberales de Convergència i Unió (CiU, el partido forjado por Jordi Pujol) y los democratacristianos de Unió (ensamblados en CiU), ex comunistas (PSUC-ICV) y explícitamente independentistas de Esquerra Republicana (ER), además de los socialistas del Partit dels Socialistes Catalans (PSC), hicieron bien las tareas.

Todos se mostraron como modelo de convivencia que contribuyó a evitar que las demandas que habían presentado fueran envenenadas de violencia, y mucho menos de muestras de terrorismo, como desgraciadamente había sucedido en el País Vasco. Los políticos catalanes y las fuerzas sociales parecían cumplir con el tradicional “pactismo” que les caracteriza, parte de los mitos esenciales sobre su identidad. Se trataba de conseguir aproximadamente un 50% de las reclamaciones, en lugar de presionar por una utópica recompensa, en un todo o nada que nada resolvería.

Esta estrategia ha fracasado. Aunque las reivindicaciones de carácter fiscal (una mejora en el reparto y las contribuciones del Estado) siguieron siendo parte fundamental del persistente problema, se fue posicionando el sentimiento creciente del no reconocimiento de lo que se llama el “hecho diferencial”. La posibilidad de la doble lealtad “nacional” (hacia España y Cataluña) y mucho menos la exclusiva reverencia a una esencia catalana, en desmedro de la española, se rechazaba de plano.

Los analistas críticos se han preguntado sobre la justificación de una operación de tal calado, que ha causado tanta alarma.

Este obstáculo proviene de lo que se llamó la solución del “café para todos”, como es tradicional al final de una cena. Ante la reclamación de una autonomía para las “regiones” históricas (definidas ambiguamente en el texto constitucional como “nacionalidades”), se creyó en los momentos álgidos de la transición de la dictadura a la democracia, que el problema se resolvería con la concesión de 17 autonomías, una subdivisión de apariencia cuasi federal (sin serlo en estricto sentido), sin consideración alguna por las diferencias.

Cataluña y el País Vasco se sintieron oficialmente aludidos de forma explícita, ya que por su historia y tradición jurídica (ya habían disfrutado de privilegios autonómicos en el pasado) se merecían un trato especial. Pasaron los años y el “Estado de las autonomías” sobrevivió. Pero en Cataluña la solución apareció no conmensurable con los anhelos de una mayor libertad de acción, aunque siempre dentro del sistema constitucional.

Cuando los electores catalanes, impecablemente, mediante votaciones en su Parlamento, con el referendo del Congreso español, pactaron un texto de un estatuto renovado en 2006, durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), el entonces opositor Partido Popular (PP) irresponsablemente le endosó el problema al Tribunal Constitucional. Este máximo ente, que dictamina sobre la bondad de las leyes fundamentales, al examinar diversos aspectos de contenido potencialmente polémico del nuevo estatuto, se cebó en la emblemática palabra “nación”. En su sentencia de junio de 2010, consideró que los catalanes no tenían el derecho a considerarse, libre y democráticamente, “nación”.

La protesta que estalló en Barcelona en el verano boreal de ese año fue impresionante. Insólitamente, se comprobaba que el tejido social de los demandantes había comenzado a capturar sectores políticos, sociales y económicos que no se consideraban hasta entonces proclives al activismo contra el orden establecido. El centrismo de coaliciones como CiU, en el poder autonómico desde la transición democrática salvo el período 2003-2010, se situó en un terreno común con la izquierda que capturó el poder en los años del llamado “tripartido” (formado por socialistas del PSC, republicanos independentistas de ER, y los sucesores de los partidos marxistas).

La arrogante reacción del sistema liderado por el gobernante PP fue ignorar el ruido de la calle. El resultado fue aumentar el potencial voto independentista y acrecentar todavía más el grado de las demandas, por encima del prudente autonomismo, tanto en el terreno económico, como sobre todo en el político. Y así llegamos a un nuevo capítulo de su proceso independentista, etiquetado como decisivo por sus proponentes y excepcional por el propio gobierno español.

Este proceso electoral llamó la atención por apresurado, ya que los últimos comicios fueron en 2012, y los anteriores en 2010. Tres elecciones en un lustro revelaban cierta urgencia y motivaban la preocupación y un alto grado de irritación de la mitad del electorado catalán, que no demostraba el mismo entusiasmo que el separatista presidente catalán, Artur Mas. Además, en los dos últimos años se han celebrado elecciones europeas (mayo 2014) y municipales (mayo 2015).

Cataluña va por Mas

Puja. El rechazo del gobierno español ha sido amenazador, incluida la advertencia de suspensión de la autonomía.

Puja. El rechazo del gobierno español ha sido amenazador, incluida la advertencia de suspensión de la autonomía.

La Declaración Unilateral de Independencia (DUI), amenaza de la alianza del venerable partido de Convergència (ya despojado de la democristiana Unió Democràtica) suena lingüísticamente conocida en angloamericano: Driving Under the Influence (DUI). De ser capturado conduciendo bajo los efectos (la “influencia”) de excesiva bebida o sustancias estupefacientes, el culpable es castigado con un abanico proporcional al grado del delito: multa, retirada del carnet de conducir, puntos, arresto, prisión, etc. El DUI no es broma.

El proceso que se ha desarrollado hasta las elecciones catalanas del domingo 27 de septiembre se antoja como una especie curiosa de DUI. Ha estado impelido por una pasión sin límites, ejecutada con audacia y encarando alto riesgo. Por un lado, el resultado es evidentemente positivo para la coalición ganadora formada entre Convergència (CiU) y Esquerra Republicana (ER). Pero, por otro lado, cada uno por separado ha recibido menos votos que en las anteriores elecciones. La oposición contraria a la independencia reclama que Mas y su coalición han recibido aparentemente el mismo número de votos que el “referéndum” especial celebrado el 9 de noviembre de 2013: 1.800.000 votos.

De ahí que los analistas críticos se hayan preguntado sobre la justificación de una operación de tal calado, que ha causado tanta alarma, incluso de repercusiones internacionales. El continuado descenso de votos efectivos de Convergència ha sido enmascarado esta vez por la alianza con Esquerra Republicana. Así han escondido muy eficazmente los escándalos de corrupción que han aquejado al partido de Mas, entre ellos la caída de su ex líder Jordi Pujol. Pero la deriva independentista se ha pagado a un alto precio con la destrucción de Unió Democrática, cuyos desechos se han quedado insólitamente sin un solo escaño en el nuevo Parlamento catalán.

Nada será lo mismo después de esta escapada bajo la influencia del entusiasmo independentista.

El gran ganador de las elecciones ha sido Ciutadans (Ciudadanos). Desde la nada hace un puñado de años, apenas un grupúsculo en el contexto catalán, que se concentraba en la reivindicación del castellano como lengua propia de los catalanes, ha pasado por un impresionante ejercicio de modernidad, juventud y atractivo de su liderazgo, a convertirse en segunda fuerza del Parlamento. Inés Arrimadas, la joven sin experiencia colocada en esa posición por Albert Rivera, se podría convertir en jefa de la oposición parlamentaria, un espacio tradicionalmente reservado a los socialistas o al PP.

El neto perdedor de este especial ejercicio democrático ha sido el PP. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, líder de ese partido, deberá aprender la lección de cara a las elecciones generales de diciembre. El PP respondió a la DUI con otra DUI (DrivingUnderInertia –conducción bajo la inercia). Ante las arriesgadas maniobras de Mas, Rajoy no supo más que contestar con artículos de leyes. No ha ofrecido ni una sola solución política.

En Cataluña, el PP respondió al reto de la nueva elección con la defenestración de su presidenta Alicia Sánchez Camacho, quemada en el caos del partido y la caída en barrena de los favores del electorado. La alternativa fue el nombramiento del ex alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, con un currículum bien ganado de actitud antiinmigración e intolerancia.

Por su parte, el PartitdelsSocialistesCatalans (PSC) apenas ha sobrevivido a su autodestrucción interna con la difuminación de la antes muy eficaz coalición de “españolistas” y “catalanistas”, de intelectuales y trabajadores. No le ha ido mejor a los restos de los antaño comunistas reciclados de Iniciativa-Verts, ahora en coalición con los similares de Podemos (cuyo futuro está en duda) en Cataluña.

Una serie de incógnitas revolotean sobre el panorama postelectoral. ¿Qué pasará con la coalición para formar gobierno, pues el “Junts pel Sí” no tiene la necesaria mayoría absoluta de escaños? ¿Cuál será la tajada que querrá sacar Esquerra para seguir colaborando con Mas? Igual enigma despierta el papel del electoralmente número uno de las listas del “Junts pel Sí”, Raül Romeva, ex miembro del Parlamento Europeo, ex militante de la variante catalana de lo que en Europa se llama ahora UnitedLeft, que engloba a los comunistas reformados. ¿Cuál será el precio de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) para dar los votos necesarios de la investidura de Mas, o cualquiera de los líderes colocados en los lugares más altos de la lista colectiva de “Junts pel Sí”?

Habrá tentaciones de creer que después de unas negociaciones, al final no pasará nada sustancial. Lo cierto es que nada será lo mismo después de esta escapada bajo la influencia del entusiasmo independentista. Más o menos la mitad del electorado efectivo no dejará de estar afectada. Depende entonces de que el gobierno español, liderado o no por el PP, o una coalición, deje su alternativa de su especial DUI (inercia) y opte por una estrategia innovadora de gran profundidad de reforma de las instituciones y de una oferta a Cataluña que ninguno de sus líderes pueda rechazar. No va a ser fácil.


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