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Martes 1 de Diciembre de 2009

Aborígenes australianos

Los condenados del primer mundo

por Manuel Rizzi / Fotos: Penny Tweedle / John Van Hasselt / Ludo Kuipers

Australia es uno de los países con mayores estándares de vida. Pero ese confort no alcanza a los descendientes de los habitantes originarios de este extenso territorio. Los 500 mil nativos viven una realidad muy diferente a la de los 22 millones de australianos. Condenados a permanecer en reservas indígenas por mucho tiempo, están marcados por la discriminación, la pobreza y el alcoholismo. Hasta 1970, sus hijos eran arrebatados para confinarlos a “casas de adiestramiento” y todavía hoy las cárceles se encuentran llenas de miembros de esta etnia. Tras doscientos años de matanzas y persecuciones, no hace mucho el gobierno les pidió públicamente disculpas por las injusticias que han sufrido y diseñó un multimillonario programa de asistencia social. ALMA MAGAZINE se inmiscuye en Wadeye, uno de esos poblados, para observar los avances de este lento proceso de integración.

"No al alcohol, no a la pornografía", reza un cartel metálico en el ingreso del poblado de Wadeye, ubicado a 60 millas de Darwin, la capital del estado australiano del Territorio del Norte. Es una extraña forma de dar la bienvenida en un país donde siempre hay motivos para brindar y se rinde culto a las libertades individuales. No obstante, más irritación le provoca a los vecinos del lugar, en su mayoría descendientes de los pueblos originarios de esa isla-continente. "Es discriminatorio y ofensivo. Nuestra comunidad ha estado seca durante dos décadas, pero el personal blanco tiene permisos para el alcohol", advierte el presidente del Concejo Regional Thamarrurr, William Parmbuk, mientras su rostro se ensombrece aún más. Ese hombre nos llevará a recorrer el pueblo para exponer los graves problemas que enfrenta su gente. Los altos estándares de vida que ostenta Australia no parecen haber alcanzado a este segmento de la población que permanece sumergido en el más cruel de los olvidos.

 

Para comenzar la historia habría que señalar que los primeros navegables británicos que arribaron en 1770 a estas costas rotularon a esta inmensa isla como terra nullis, es decir, sin ocupantes. Pero no era cierto: allí vivían entre 300 mil y 700 mil nativos cuyos ancestros habían llegado desde el sudeste asiático 60 mil años antes. Con esa denominación, no sólo estaban proclamando que tenían derecho a invadirla por estar deshabitada sino también que los que allí vivían no eran humanos. Y entonces ocurrió lo previsible: los ingleses comenzaron a expulsar, sucesivamente, a estos pueblos, hacia las tierras menos fértiles.

 

Así, además de organizar sangrientas matanzas, se implementaron métodos más sutiles: se los contagió con enfermedades mortales y se les regaló comida envenenada. En 1911, a 123 años del establecimiento de los primeros colonos, sólo quedaban 31 mil aborígenes. Su notable disminución llamó la atención de las autoridades y sancionaron "leyes de protección" por las cuales los aborígenes pasaron a recibir un trato comparable con el que se ofrece a las especies animales en peligro de extinción. Para "cuidarlos", eran obligados a permanecer toda su vida encerrados en reservas y se instauraron misiones religiosas con la finalidad de contenerlos y civilizarlos.

 

En ese marco legal, el Estado controlaba cada segmento de su vida: desde la educación y el tiempo libre hasta las relaciones sexuales. Al mismo tiempo, los sometía a normas comparables a las del apartheid en Sudáfrica: no sólo estaban prohibidos los matrimonios entre diferentes razas sino que había duras penas de prisión por "negarse a trabajar", "jugar a los naipes", "cometer adulterio" u "oponerse a dar una muestra fecal al servicio público de higiene". Recién en la década del 60, el Estado comenzó a oír las demandas territoriales de los aborígenes y más tarde aceptaría realizar un referéndum nacional para permitir que les sea reconocido el derecho a voto. Pero no sería hasta entrados los años 70 cuando se emprendería la suspensión de las crueles políticas de "limpieza de sangre". ¿En qué consistían? En separar a los niños aborígenes de sus madres para evitar que crezcan en "la barbarie" -eso decían- y entregarlos a familias blancas o a "casas de adiestramiento" en las cuales les enseñaban los quehaceres domésticos. Aunque no existen cálculos precisos, se estima que 100 mil niños conocieron ese destino.

 

Tras 200 años de genocidio étnico, las estadísticas sociales son alarmantes desde todo punto de vista: su expectativa de vida es 17 años menor que el promedio nacional y los bajos niveles de educación contrastan notablemente con los alcances del sistema pedagógico australiano. Las cifras de desocupación, alcoholismo y abuso infantil son escandalosas y hablan de la degradación a la que fueron sometidos. Recién en los últimos dos años, el gobierno pidió disculpas oficiales por tantas injusticias y se decidió a intervenir activamente con la inversión de 537 millones de dólares en las comunidades originarias. La única condición fue poner fuertes restricciones al consumo de alcohol y a la pornografía.

 

Esa es la razón del cartel que da la bienvenida al pueblo. Parmbuk lo mira con cara de molestia y vergüenza. Vergüenza de la vergüenza que le hacen pasar a su gente. "Este pueblo hace años que está seco. Los únicos que beben alcohol son los blancos y nos tratan a nosotros de borrachos", repite y su piel se abate con el enojo cuando hace referencia a la mención de la pornografía. El rostro de este dirigente es como una artesanía antigua e invalorable. Su nariz nos recuerda al escritor Joseph Conrad, que después de conocer estas latitudes, escribió: "La conquista de la tierra consiste en arrebatársela a aquellos que tienen un color de piel diferente o la nariz ligeramente más aplastada que nosotros". El sabe que esa conquista sigue vigente y que, a duras penas, en la actualidad es mitigada. A veces, se la encubre como una misión civilizatoria y otras como caridad o ayuda oficial, pero siempre incluye una dosis de miedo, incomprensión y desprecio por el otro.

 

A diferencia de muchos, Parmbuk tuvo la posibilidad de acceder a una buena educación y sabe que eso implica un compromiso para con los suyos. Cuando se harta del letrero, empieza a caminar por las calles de tierra anaranjada. Este somnoliento pueblo de 2.500 habitantes yace en el borde occidental de la reserva del río Daly, entre los matorrales y los manglares del golfo Joseph Bonaparte. En la temporada de lluvias, queda literalmente aislado; y en épocas en que reina el sol, el clima se vuelve pesado e irrespirable: al mediodía, nadie circula y se asemeja a un pueblo fantasma o una colonia en la superficie rojiza de Marte. Por las ventanas de las humildes casas aparecen semblantes similares a los del guía: a veces son ancianos con barbas blancas, niños con cara de miedo y mujeres de enredados cabellos. "En cada casa residen, en promedio, 16 personas", cuenta. "Escriba que necesitamos camas y colchones", pide al pasar y se esfuerza por explicar que el hacinamiento está relacionado con la violencia, la propagación de enfermedades contagiosas y el abuso infantil.

 

Las calles siguen silenciosas y desiertas hasta que llegamos al supermercado. Allí, una multitud se apiña. El guía hace un gesto como diciendo "pasen y miren". "Desde que el gobierno envió esos fondos han aumentado las ventas", cuenta mientras se desplaza por los coloridos pasillos y elige un par de alimentos al azar. Con sus manos, nos muestra las etiquetas y remarca: "Los precios son más caros que en Sydney. Y encima tuvimos que protestar porque ni bien comenzaron a ser cobrados los primeros bonos, los comerciantes aumentaron los precios".


Después de quejarse de las leyes de la oferta y demanda, con cierto aire misterioso pide que observemos con atención a los clientes y a los empleados: los compradores son en su totalidad nativos. Pero sólo tres de los quince empleados son indígenas. Este ejemplo permite ilustrar las cifras oficiales de ocupación del pueblo: menos de la cuarta parte de los adultos aborígenes trabajan y el 80% de los ingresos de esta población es brindado por el servicio de seguridad social.

 

El policía es blanco. Circula por las calles con su uniforme. De lejos parece un boy scout o un explorador que perdió su safari. Pese a la frialdad aparente, se comporta con cierta amabilidad con los lugareños. "Los tiempos van cambiando", bufa el guía y no ahorra saliva para enumerar todas las atrocidades que cometieron las fuerzas de control en la última centuria. "Antes podías ir preso por contestarle mal", resopla.

 

"En el pasado había mucha violencia, pero ahora se está calmando. Mi trabajo es mantener a los niños fuera de las calles. Tratamos de frenar los problemas antes de que ocurran, hablándoles a los muchachos y asegurándonos de que vayan a la escuela o con sus familias en vez de deambular por las calles en busca de problemas", describe uno de los oficiales destinados a este pueblo que ostentaba cifras criminales comparables con las de una gran y oscura metrópoli. Wadeye no es la excepción a la regla. La proporción de asesinatos es siete veces más alta en la comunidad aborigen que en el resto del país y ellos tienen trece veces más probabilidades de ser encarcelados que los demás australianos. Con semejante niveles de hacinamiento en cada vivienda, en las zonas indígenas se registran 34 veces más hospitalizaciones por violencia doméstica que en el resto del país.

 

Otro dato aterrador: 35 de cada mil de sus niños sufren abusos sexuales o abandono. ¿El porqué de esta situación? Los representantes de la organización de ayuda Link-Up responsabilizan a las leyes de separación familiar. "Jamás se compensarán las pérdidas, el dolor y el trauma de los aborígenes como consecuencia de las leyes de separación. Ninguna indemnización compensará el amor y el cariño que perdieron hijos y padres ni el sufrimiento psicológico, físico y sexual de los niños indígenas que vivían aislados en un mundo de adultos que los consideraba una raza despreciada. El trauma de esos sucesos afectará a los sobrevivientes de por vida y a sus hijos, y a los hijos de sus hijos", argumentan.

 

La madre y el hijo sonríen. En sus caras brillan sus dientes como diamantes. Fanny tiene 55 años y fue una de las niñas apartadas de su familia y enviada a una "casa de adiestramiento". Allí conoció el maltrato y la rudeza. Mike tiene 17 años y asegura que quiere ser deportista. Es otro de los jóvenes atraídos por la figura de la atleta Cathy Freeman, quien fuera la encargada de encender la antorcha en la inauguración de las Olimpíadas de Sydney 2000 para orgullo de su estirpe. Madre e hijo detallan cómo han cambiado sus vidas en los últimos tiempos. "Desde que en mi casa cobramos el bono, vivimos más tranquilos", acepta el muchacho y comenta en tono de broma que la más beneficiada fue su madre porque ahora tiene más poder. Ella lo mira con atención y ríe. "Algunas mujeres están más felices. Hacen compras a comienzos del mes para que los hombres no gasten en bebidas", aclara Parmbuk.

 

Aquellas mujeres como Fanny, que fueron separadas de su entorno, afrontan un gran desafío a la hora de conformar un hogar. Al haber sido criadas en un contexto tan dramático, se les dificulta la articulación de las relaciones familiares. Sin embargo, con un poco de ayuda pueden salir adelante. Ahora las mujeres también tienen una tarea extra: deben controlar que los niños no falten a clase para evitar que la asistencia económica sea suspendida. Si bien apenas un 50% de los más de 650 niños del pueblo están inscriptos en las escuelas, la cifra fue aumentando en el último año. "Queremos educar a nuestros niños para que sean futuros líderes de nuestra comunidad", resume Parmbuk y se pone a soñar con un futuro donde sus jóvenes puedan elegir ser ingenieros o médicos para no depender de la asistencia social. Ya llegará un día que en la entrada de su pueblo no coloquen carteles tan hirientes y estigmatizadores.

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