El creciente escepticismo entre los legisladores demócratas sobre la guerra en Afganistán sin duda es uno de los más difíciles desafíos políticos del presidente Barack Obama en su primer año en el cargo. Mientras los militares presionan por un significativo aumento en el número de tropas para combatir a los talibanes, Obama, quien recientemente calificó el conflicto de “guerra de necesidad”, se verá pronto obligado a decidir si cede a esa exigencia, aun a riesgo de alienar a muchos representantes de su propio partido. Su decisión no la facilitan los entusiastas legisladores republicanos, quienes definitivamente apoyan las recomendaciones de los militares. Neoconservadores y otros “halcones” alertan desde hace semanas que cualquier cosa menos que una “victoria” en Afganistán podría tener consecuencias catastróficas para la seguridad nacional estadounidense en ese país y en Pakistán.

“Nosotros estamos convencidos no sólo de que se puede ganar la guerra, sino también de que no tenemos otra opción”, escribieron los senadores republicanos John McCain y Lindsey Graham junto al demócrata independiente Joseph Lieberman en una edición reciente del periódico The Wall Street Journal. “Debemos prevalecer en Afganistán”, continuaron, insistiendo que impedir una recuperación de los talibanes “sigue siendo un claro y vital interés nacional de Estados Unidos”. Su columna fue titulada “Sólo una fuerza decisiva puede prevalecer en Afganistán”.

El cada vez más polarizado debate fue reabierto a mediados de septiembre durante una audiencia de reconfirmación del presidente del Estado Mayor Conjunto, Mike Mullen, quien opinó ante el Comité de Servicios Armados del Senado que Washington probablemente tendría que enviar más tropas a Afganistán para que la nueva estrategia contrainsurgente, liderada por el general del Ejército, Stanley McChrystal, pueda triunfar. “Una contrainsurgencia adecuadamente provista de recursos probablemente requiera de más fuerzas y, sin duda, más tiempo y compromiso en la protección del pueblo afgano y el desarrollo de una buena gobernanza”, afirmó Mullen, aunque no especificó el número de soldados adicionales que pretendía solicitar.

McCain coincidió de inmediato. “Necesitaremos fuerzas adicionales de combate estadounidenses en Afganistán, al menos el mismo número que tenemos hoy", señaló, arguyendo que, al igual que la estrategia “surge”, por la cual se incrementó el número de uniformados en Irak, se necesitaban más efectivos para vencer a los insurgentes afganos hasta que las fuerzas de seguridad locales pudieran llevar la carga por sí solas. Pero el senador Carl Levin, presidente del Comité, sostuvo que Washington y sus aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) debían mejorar el entrenamiento y aumentar el equipamiento de las fuerzas afganas antes de enviar más soldados occidentales. Esto “demostraría nuestro compromiso con el éxito de la misión, que es nuestro interés de seguridad nacional, mientras evitamos los riesgos asociados” a una mayor presencia militar, dijo Levin, quien realizó una visita a Afganistán un par de semanas atrás. “Estos pasos deben ser urgentemente implementados antes de que consideremos un incremento de las tropas estadounidenses en el terreno, más allá de las que ya está previsto sean desplegadas a fines de este año”, afirmó.

Poco después de asumir, Obama, quien había señalado durante su campaña presidencial que la administración de su predecesor, George W. Bush, había cometido un grave error estratégico al desviar recursos de Afganistán a Irak después del desalojo de los talibanes a fines de 2001, autorizó el despliegue de 17 mil soldados adicionales y 4 mil entrenadores en territorio afgano. Al cierre de esta edición se esperaba que ese despliegue sea completado, llevando el número total de uniformados estadounidenses en Afganistán a unos 68 mil, que se suman en las tareas a los 39 mil efectivos de la OTAN.

Sin embargo, el aumento de tropas este año no se ha traducido en más seguridad. De hecho, los ataques contra las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN, así como contra objetivos civiles afganos, se han incrementado desde la pasada primavera. Más de 300 uniformados han sido asesinados en lo que va de este año, el número más alto anual desde que comenzó la guerra en 2001. Además de las crecientes bajas y la fatiga de la guerra, la notoria corrupción en el gobierno afgano de Hamid Karzai y la idea de que hubo fraude en las elecciones que permitieron su reelección contribuyeron a un cambio en la opinión pública estadounidense en los últimos meses, y la tendencia parece haberse acelerado en las últimas semanas.

Una encuesta realizada por la cadena de noticias CNN concluyó que 57% del público estadounidense se opone a la guerra, contra 46% en abril. En otro estudio presentado por el periódico The Washington Post y la cadena ABC News, solamente uno de cada cuatro consultados, y menos de uno en cada cinco autodefinidos como demócratas, están a favor del pedido de más tropas hecho por Mullen.

Por otra parte, por primera vez, la proporción de consultados que dijeron creer que ganar en Afganistán era esencial para el éxito de la “guerra contra el terrorismo” cayó por debajo de 50%. Destacados legisladores demócratas, que hasta ahora habían evitado cualquier crítica a la guerra, pues Obama la definió como prioridad en su administración, darían la impresión de estar siguiendo la opinión del público. “Creo que no hay mucho apoyo a enviar más soldados a Afganistán ni en el país ni en el Congreso", reconoció la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. La legisladora hizo estas declaraciones tras conocer una encuesta revelando que sólo 13% de sus colegas demócratas estaban a favor de aumentar la presencia militar en Afganistán.

Por si faltaba algo

El ataque aéreo los primeros días de septiembre de la OTAN contra dos camiones cisterna en la provincia sureña de Kunduz, que dejó al menos 90 víctimas fatales, ha vuelto a traer a colación la muerte de civiles a manos de las tropas que desde 2001 ocupan Afganistán. El bombardeo ocurrió en la región de Ali Abad, en momentos en que fuerzas talibanes transportaban, con la ayuda de la población, dos camiones petroleros. Paradójicamente la agresión tuvo lugar poco después de que el general Stanley McChrystal manifestara que se debía revisar la estrategia en Afganistán para proteger a la población civil de los talibanes.

Un vocero de los talibanes, Zabiullah Mujahid, detalló que miembros de la milicia integrista capturaron el camión en el momento en que llevaba provisiones a las fuerzas de la OTAN desde Tayikistán. Cuando los secuestradores quisieron cruzar el río Kunduz, los camiones se empantanaron en el barro, así que los rebeldes abrieron las válvulas para liberar combustible y aligerar la carga. El vocero talibán dijo que cerca de 500 lugareños se acercaron a los camiones para hacerse de combustible pese a las advertencias de los insurgentes de un probable ataque aéreo.

La OTAN, por su parte, afirmó que investigará el incidente y para quitarse responsabilidad adujo que aún no estaba claro si la operación dejó víctimas inocentes, algo que es más que cotidiano en las acciones de las tropas extranjeras como muestran las estadísticas. Según datos de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, en el primer semestre del año han fallecido 1.013 civiles como consecuencia de la invasión militar, lo que supone un aumento del 24% respecto al mismo período de 2008. Lo cierto es que el conflicto en esa nación, considerada una de las más pobres del mundo, se intensifica y extiende por momentos, incentivando la violencia en el territorio, el cual ha sido abandonado por más de tres millones de personas que viven refugiadas en el exterior. Los ataques aéreos de las tropas intervencionistas produjeron el mayor número de muertos durante los seis primeros meses de 2009, con 40 incidentes de este tipo durante los cuales 200 civiles perdieron su vida, refleja un informe de la ONU que, por supuesto, no contempla el hecho registrado a principios de septiembre.

Las operaciones que llevan a cabo el gobierno afgano y las tropas de ocupación encabezadas por el ejército de Estados Unidos, además de una elevada cifra de muertos y heridos, causan la destrucción de la infraestructura, incluidas casas y bienes. Es una realidad que la población afgana soporta cada vez más la carga del enfrentamiento, no sólo por el brusco aumento de la muerte de niños, mujeres y ancianos, sino por la pérdida de ingresos y el deterioro del acceso a los servicios básicos.

Nada nuevo en la prisión de Bagram
Texto: William Fisher

Las presuntas mayores garantías que Estados Unidos otorgará a los reclusos sospechosos de terrorismo de la prisión afgana de Bagram son por lo menos insuficientes, según juristas y defensores de derechos humanos. Las medidas anunciadas a mediados de septiembre buscan conceder el derecho a impugnar el arresto a los presos de Bagram, una prisión ubicada en una base militar que las tropas estadounidenses mantienen cerca de Kabul. Algunos de los más de 600 prisioneros de Bagram llevan seis años allí, sin acceso a abogados ni acusación formal, y existen numerosos indicios de que han sido sometidos a tortura.

El presidente Barack Obama ha sido acusado de convertir a Bagram en una nueva Guantánamo, ya que Washington dejó de enviar sospechosos de terrorismo a la prisión que mantiene en Cuba porque tiene previsto cerrarla en enero. Las nuevas pautas que propondrá el Departamento de Defensa asignarían a cada detenido un representante, que no será abogado sino un oficial militar estadounidense, encargado de reunir testigos y evidencias exculpatorias para presentarlas a paneles de revisión designados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Hasta ahora, los detenidos no tienen derecho a conocer las acusaciones en su contra y son considerados “combatientes enemigos”. Esta clasificación debe ser revisada periódicamente por paneles militares, pero las revisiones son incompletas, parciales e ineficaces, según sus detractores. Tina Monshipour Foster, directora de International Justice Network (IJN, por sus siglas en inglés), una organización jurídica que representa a cuatro detenidos en Bagram en un caso pendiente ante un tribunal de Estados Unidos, opinó que los cambios propuestos son “un paso en la dirección equivocada”.

Ante la consulta de ALMA MAGAZINE, advirtió: “Ningún conjunto de medidas será legítimo hasta que haya transparencia y rendición de cuentas en todos los casos de violación de las propias reglas militares. Impedir que el acusado tenga contacto con su abogado es la antítesis de un sistema de justicia legítimo”. La activista explicó que primero se debe permitir el acceso de los detenidos a un abogado. Toda medida que no habilite esto “sólo invita a violar las reglas, y arroja dudas sobre la legitimidad de los procesos que se lleven a puertas cerradas”. Además, señaló que “los `nuevos´ procedimientos que adoptará el gobierno de Obama no son nuevos para nada. Parecen ser exactamente los mismos que creó la administración de George W. Bush en respuesta a denuncias anteriores de reclusos en Guantánamo”.

Más optimista se mostró Sahr Muhammed Ally, de la organización Human Rights First, que ha entrevistado a varios ex detenidos de Bagram. “Los nuevos procedimientos parecen mejorar el actual régimen de revisión, que un tribunal de distrito de Estados Unidos halló mucho peor que los desacreditados procedimientos de revisión en Guantánamo”, admitió a ALMA MAGAZINE. Muhammed Ally pidió una supervisión independiente y pública de la instrumentación de las nuevas pautas, con el fin de evaluar su eficacia.

David Frakt, profesor de derecho en la Universidad Western State y ex abogado defensor en Guantánamo, duda de que las normas adoptadas por el gobierno vayan a funcionar: “La propuesta que otorga mayores derechos a los detenidos en Bagram me recuerda al proceso insufriblemente insuficiente del Tribunal de Revisión de la Condición de Combatiente que el gobierno de Bush instituyó para los detenidos en Guantánamo y que Obama suspendió, luego de las duras críticas de la Corte Suprema. La falla más evidente del proceso propuesto es que no proporciona representación legal a los detenidos”.

En abril, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) se basó en la Ley de Libertad de Información para solicitar al gobierno de Obama que hiciera públicos los registros correspondientes a la detención y el tratamiento de los prisioneros en Bagram. El gobierno aún no ha entregado esos registros. Melissa Goodman, abogada del Proyecto de Seguridad Nacional de ACLU, consideró que las nuevas pautas son “alentadoras”, aunque no despejan la inquietud sobre la falta de transparencia en Bagram. “La sociedad sigue desinformada sobre hechos básicos como quiénes están recluidos allí, cuánto hace que están, dónde fueron capturados y sobre qué base son sometidos a una detención indefinida. El gobierno debe hacer públicos los documentos que puedan arrojar luz sobre esta información crucial.”

No queda claro cuándo se implementarán las pautas propuestas por el Pentágono, en gran medida por la falta de personal, pero el paquete de iniciativas va acompañado de cierta urgencia. El motivo probable es que el gobierno se prepara para apelar una decisión judicial que en abril dictaminó que algunos prisioneros de Bagram trasladados desde otros países tienen derecho a recusar su encarcelamiento. El juez John D. Bates falló entonces que tres detenidos de Bagram tenían los mismos derechos legales que la Corte Suprema otorgó el año pasado a los prisioneros de Guantánamo, porque fueron capturados fuera de Afganistán y llevados a Bagram, donde permanecen sin juicio desde hace más de seis años. Los tres prisioneros, dos de Yemen y uno de Túnez, pretenden que un juez civil revise las evidencias en su contra y ordene su liberación, amparados en el derecho constitucional al hábeas corpus.