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Jueves 1 de Octubre de 2009

Ann Wright

"Soldados de EE.UU. deben ser castigados"

por Catherine Makino / Fotos: Robert Zielinsky

Coronela retirada del ejército de Estados Unidos, Ann Wright fue embajadora adjunta en Afganistán, Sierra Leona, Mongolia y Micronesia, y una de las tres diplomáticas estadounidenses que renunciaron públicamente en 2003 por oponerse a la guerra en Irak. También rindió testimonio en la Comisión sobre crímenes contra la humanidad perpetrados por el gobierno de George W. Bush. Según su óptica, las autoridades castrenses norteamericanas deben ser más severas con los soldados responsables de violaciones a mujeres. En la actualidad se encuentra en Japón, brindando conferencias sobre la necesidad de suprimir la violencia de los soldados estadounidenses contra civiles.

El lunes 22 de mayo de 2006 la coronela retirada y ex diplomática Ann Wright fue detenida en la base militar de Fort McNair en el estado de Washington, a donde fue a pedir que se responsabilice al secretario de Defensa por las torturas de Abu Ghraib. Cuando la entrevistaron en el programa radial Democracy Now, contó que dejó en la base volantes de la película Sir, No Sir: The Suppressed Story of the GI Movement to End the War in Vietnam, sobre la resistencia de los soldados a la guerra de Vietnam.


Ya en octubre del año anterior, Wright se había levantado en medio de una reunión del Senado sobre relaciones extranjeras y gritó: “¡Alto a la guerra! ¡Alto a la matanza!”. Después de que la sacaran, se unió al campamento de la convocatoria El Mundo No Puede Esperar frente a la Casa Blanca, que pregonaba el fin de las incursiones militares de la administración Bush.


En enero de 2007, Ann visitó Guantánamo como parte de la delegación internacional de 12 antibelicistas y activistas por los derechos humanos que reclamaban el cierre de la prisión. Wright estaba vestida con una chaqueta de camuflaje del ejército norteamericano al que perteneció por casi 30 años y los grados de coronela en las puntas del cuello donde se cuelgan las insignias. Pero la confusión duró menos que las emociones cuando se despojó de ellas en gesto de desagravio ante las víctimas de abusos cometidos bajo esa vestimenta. Dispuesta a hablar “cada vez que conozca ilegalidades en el mundo”, la ex militar resumió con dolor los costos de errores tan graves como la prisión en Guantánamo, no sólo para las víctimas, incluso para sus victimarios y calificó de muy peligrosa la actuación del gobierno de George W. Bush, cuando les decía a sus militares que era correcto torturar o les suministraba “técnicas alternativas”. Además, Wright denunció la complicidad de médicos y psicólogos que ignorando la misión protectora de vidas humanas de sus profesiones, instruían a los militares en técnicas de tortura física y moral y se refirió con horror a los abogados militares que estaban recomendando a sus colegas métodos para que tales crímenes no sean considerados delito.


Más adelante, en octubre de 2007, invitada junto a Medea Benjamin (fundadora de Global Exchange) por la organización canadiense Stop the War Coalition, ambas fueron detenidas por los servicios secretos canadienses en el puesto fronterizo de control Buffalo-Niagara Falls. Se las interrogó y se les prohibió entrar en territorio canadiense. Según la policía local, las dos mujeres estaban fichadas en la base internacional de datos sobre el crimen reservada a los individuos peligrosos. Para Wright, que fue embajadora de Estados Unidos en cuatro países, el FBI había inscripto “los nombres de activistas antiguerra y opositores a la política de Bush en los ficheros policíacos internacionales destinados a los criminales. Es una maniobra flagrante de intimidación política contra los ciudadanos estadounidenses que no están de acuerdo con la política que aplica su gobierno”.


Wright actualmente se encuentra en Japón dando conferencias sobre la necesidad de erradicar la violencia de los soldados estadounidenses contra civiles. Antes de llegar a Tokio, visitó junto a una delegación la isla de Guam, en el océano Pacífico. Wright habló con ALMA MAGAZINE sobre los planes de Washington de instalar una base allí, sobre los ataques sexuales cometidos por soldados estadounidenses contra mujeres y adolescentes japonesas y sobre cómo grupos en Japón trabajan con sus pares de Estados Unidos para detener este tipo de violencia.


ALMA MAGAZINE: Más de 35 mil soldados estadounidenses podrían ser enviados a Guam si se instala una base militar allí. ¿Qué es lo que usted dijo en esa isla?
ANN WRIGHT: Que nuestra delegación está allí en solidaridad con el pueblo de Guam por el traslado de 8 mil marines desde la meridional ciudad japonesa de Okinawa a Guam. Que el pueblo de Japón, particularmente el de Okinawa, ha trabajado muy duro para expulsar a algunas de estas amplias fuerzas militares. Ahora, los soldados estadounidenses parecen estar viniendo a esta adorable isla. Los habitantes de Okinawa saben bien que, en cualquier lugar donde los uniformados estadounidenses ponen su pie, dejan una gran huella. Lo saben perfectamente porque gran parte de su tierra ya está ocupada por ellos.


AM: ¿Cuál es la respuesta que se le ha dado a usted en Japón?
A.W.: Las respuestas han sido muy calurosas en el Congreso de las Madres en Kyoto, el 25 y 26 julio –asistieron 9 mil personas al plenario y 550 al taller de cuatro horas sobre temas internacionales–, en la Conferencia contra las Bombas Atómicas y de Hidrógeno en Hiroshima el 6 de agosto –participaron 3 mil personas del plenario y 300 de la conferencia de dos días– y en 10 grupos de la Asociación de Nuevas Mujeres en Tokio, Yokohama, Osaka, Hiroshima, Kushiro y Sapporo. El público está muy interesado en estos temas y hace muchas preguntas. Pocas veces escuchan a un ex funcionario de gobierno de Estados Unidos criticar las políticas de su país.


AM: Algunos críticos señalan que Japón está perdiendo importancia para Washington…
A.W.: Creo que Japón es muy importante para Estados Unidos. Creo que Estados Unidos considera a Japón un amigo y aliado cuando ve a China como un competidor económico y militar.


AM: ¿Qué mensaje le gustaría dar sobre la situación en Japón para las mujeres?
A.W.: Las mujeres que viven cerca de las bases militares estadounidenses en Japón deberían tener mucho cuidado pues hay muchas violaciones, ataques sexuales y violencia doméstica. También instaría a las japonesas a defender sus derechos y enfrentar al gobierno y a la sociedad para hacer que haya igualdad.


AM: ¿Qué puede decir sobre el tema de la violencia de los soldados estadounidenses contra las mujeres y adolescentes japonesas, incluyendo ataques sexuales y violaciones?
A.W.: Sí, hay muchos ataques sexuales y violaciones. Son crímenes que deben ser juzgados, y rara vez lo son. Los efectivos estadounidenses arguyen que las estadísticas sobre violaciones por soldados no son mayores que las que se producen entre civiles, pero ése no el punto. Los militares se jactan de orden y disciplina, y deben ser capaces de inculcarle a sus miembros temor a cometer este delito. El castigo debe ser una alta prioridad, y eso no existe en el ejército de Estados Unidos.


AM: Usted también ha viajado con la organización Code Pink (“Código rosa”). ¿De qué se trata?
A.W.: Son mujeres por la paz. Es un grupo pacifista formado en 2002 contra la guerra en Irak. Es un grupo vibrante, colorido y que se mueve rápido, desafiando a los presidentes y al Congreso de Estados Unidos por las guerras en Irak, Afganistán y Gaza.


AM: ¿Cómo están trabajando los grupos japoneses con los estadounidenses para detener la violencia contra las mujeres?
A.W.: Las organizaciones japonesas participan de conferencias internacionales para poner fin a los dañinos efectos de las bases estadounidenses en el exterior, así como la violencia contra las mujeres. Estos grupos han hablado con miembros del Congreso y con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos.


AM: ¿Es verdad que se presentó una demanda colectiva contra militares estadounidenses?
A.W.: Burke O’Neill, una firma legal privada en Washington, está recolectando evidencias de ataques sexuales y violaciones cometidas por soldados para determinar si presentará una demanda colectiva por “trauma sexual militar” (síntomas psicológicos causados por un ataque o acoso sexual). La propuesta actualmente no incluye violaciones de civiles. Hemos hablado del tema con ellos y lo están considerando, pero el tema principal, en este momento, es la violación de mujeres soldados.

 



Justicia investigará torturas
Texto: William Fisher


La cuestión de las torturas a detenidos practicadas por personal estadounidense en diferentes lugares del mundo volvió a la escena estas últimas semanas, a raíz de varias decisiones que ocuparon los principales títulos de los medios de comunicación del país. En primer lugar, la Oficina de Responsabilidad Profesional, una repartición de carácter ético que funciona en el Departamento de Justicia, recomendó reabrir una decena de casos de presuntas torturas a prisioneros. Por otra parte, en respuesta a una orden judicial emitida a raíz de una demanda que presentó hace cinco años la Unión para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el fiscal general Eric Holder decidió difundir un informe elaborado en 2004 por el inspector general de la CIA. Ese reporte detalla las técnicas de “interrogatorios potenciados” empleadas por la CIA y algunos de sus contratistas contra sospechosos de terrorismo de “alto perfil”. A fines de agosto, el periódico The Washington Post informó que Holder encargará a un fiscal especial, John Durham, una investigación sobre varios casos de torturas a prisioneros en Irak y Afganistán, que debería además determinar si es necesario abrir un proceso penal más amplio.


Por último, el presidente Barack Obama creará un nuevo equipo de funcionarios experimentados para interrogar a prisioneros sospechosos de graves actos de terrorismo. La unidad se llamará Grupo de Alto Nivel para el Interrogatorio de Detenidos (HIG, por sus siglas en inglés). Será controlado por el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y tendrá su sede en el FBI. Esto permitirá que la Casa Blanca supervise directamente sus acciones, quitándolas de la órbita de la CIA. “Es alentador que la oficina de ética del Departamento de Justicia reconozca que la interrupción de las investigaciones sobre serios casos de abusos fue una mala idea, y que quienes violaron la ley deben hacerse responsables”, dijo Jameel Jaffer, director del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU. “Sin embargo, es esencial que el alcance de cualquier investigación penal no tenga limitaciones iniciales, como excluir el escrutinio sobre altos funcionarios que autorizaron torturas o redactaron memorandos que fueron usados para justificarlas”, continuó. “Una investigación que empiece y termine con los llamados interrogadores ‘díscolos’ será indefendible, ante la evidente participación del alto nivel que ya es de dominio público. Tampoco debería usarse ninguna limitación de ‘buena fe’ como escudo para los interrogadores que sabían o deberían haber sabido que estaban violando la ley”, agregó.


Se considera que la reapertura de esta decena de casos tiene el potencial de permitir que los interrogatorios de la CIA y de los mercenarios sean objeto de juicio penal por cometer actos brutales contra los detenidos. Según testimonios de la prensa, los interrogadores usaban taladros eléctricos, simulacros de ejecuciones y amenazas contra las familias de los prisioneros para aterrorizarlos y conseguir que hablaran. Todavía no está claro si la declaración que buscaban tenía algún valor de inteligencia o no, aunque el ex vicepresidente Dick Cheney insistió en que esas técnicas resultaban muy valiosas.


El informe del inspector general de la CIA se mantuvo en secreto desde 2004, aunque se filtraron algunos detalles sobre la legalidad y efectividad del programa de “interrogatorios potenciados” donde señalan que agentes de la CIA cometieron graves torturas. También se cree que parte de su contenido fue incluido en un reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja que se publicó en el New York Review of Books. El documento recorrió un proceso que parecía eterno a través del sistema judicial federal y que terminó cuando un juez se negó a darle a la CIA más tiempo para elaborarlo. El director ejecutivo de la ACLU, Anthony D. Romero, señaló: “Partes del informe que se han filtrado arrojaron luz sobre el alcance del programa de torturas de la CIA y plantean serias preguntas sobre qué detalles se ocultan todavía. Es esencial difundir el informe (…) para saber qué delitos se cometieron y quién estuvo involucrado”.


Durante el gobierno de George W. Bush (2001-2009), las conclusiones del inspector general fueron remitidas a fiscales federales del Departamento de Justicia, pero estos decidieron no seguir adelante con ninguno de los casos. Holder adoptó un punto de vista diferente cuando leyó el informe del inspector general que detallaba truculentos abusos físicos y mentales, así como muertes de detenidos en Irak y Afganistán. Es casi una certeza que Holder designará a John Durham, un fiscal que ha hecho carrera en el Departamento de Justicia, para liderar la nueva investigación. En los últimos dos años, Durham investigó la destrucción de videos de interrogatorios por parte de la CIA, y por lo tanto está familiarizado con el tema.


Una pregunta importante sobre esa investigación es si se centrará únicamente en los interrogadores cuyas tácticas excedieron su autoridad legal o si escalará más alto para averiguar quién autorizó o facilitó el uso de esas técnicas. Otra duda es si los abogados del Departamento de Justicia que prepararon los “memorandos de torturas” justificándolas también serán blanco de los fiscales. Hasta ahora, las investigaciones de los medios de comunicación sugieren que estos casos serán remitidos a los colegios estaduales de abogados, que tienen la facultad de sancionar a los fiscales por mala conducta o incluso inhabilitarlos para el ejercicio de la profesión. Dos ex abogados clave del Departamento de Justicia prepararon estos memorandos: Jay S. Bybee, quien ahora es juez federal, y John Yoo, actualmente profesor de leyes en el estado de California.


En el caso de las torturas a detenidos en la prisión de Abu Ghraib en Irak, el Departamento de Defensa llevó a cabo más de una decena de investigaciones para determinar quién había sido el responsable. Apenas un puñado de quienes entonces fueron etiquetados como “manzanas podridas” fueron juzgados y encarcelados. El Departamento de Defensa no halló evidencias de que las órdenes hubieran procedido de ningún funcionario del gobierno de Bush.


Los últimos hechos que han saltado a la luz crean una situación delicada para Obama, que ha buscado tomar distancia de toda revisión de políticas o prácticas implementadas por su predecesor. El mandatario suele decir que prefiere mirar hacia adelante y no hacia atrás, pero dejó en claro que las decisiones de estas últimas semanas son responsabilidad del fiscal general.

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2009-10-07 03:52:50

Admirable la moral de Ann Wright.

Cantidad de Comentarios: 1