El juez condenado

Segundo de cinco hermanos, hijo de un empleado de gasolinera y descendiente de una familia de agricultores, Baltasar Garzón nació en la localidad de Torres, en la provincia de Jaén (sur de España), el 26 de octubre de 1955. Tras concluir su etapa escolar decidió estudiar Derecho y se licenció en la Universidad de Sevilla en 1979.

Dos años después ingresó en la carrera judicial con el número once de su promoción y tuvo sus primeros destinos en distintas poblaciones de Andalucía, hasta que en enero de 1988 dio el salto definitivo a la Audiencia Nacional española. Pronto comenzó a dejar huella, convirtiéndose en el primer juez español que se desplazaba a Francia para interrogar a los miembros de la banda terrorista ETA detenidos allí.

En 1993  dio uno de esos giros que marcaron de forma determinante su biografía y entró en política, concurriendo como número dos por Madrid en la lista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a las elecciones generales que encabezó Felipe González. Su etapa como miembro del Ejecutivo socialista español duró apenas diez meses, ya que presentó su dimisión como secretario de Estado del Plan Nacional sobre Drogas en mayo de 1994, tras lo que volvió a la Audiencia Nacional.

Es entonces cuando retomó el sumario de los GAL, las agrupaciones armadas parapoliciales que practicaron el denominado "terrorismo de Estado" o "guerra sucia" contra la banda ETA y su entorno durante los primeros años del gobierno socialista, y que acabó con la condena de ex altos cargos. Para entonces ya era el juez más conocido en España, pero cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, que permaneció detenido cinco meses en el Reino Unido.

La noticia dio la vuelta al mundo, esperanza a las víctimas de las dictaduras y lo en un símbolo, hasta el punto de que en 2002 se promovió su candidatura al Premio Nobel de la Paz. Su firme defensa del principio de la Justicia universal le llevó de la misma manera a procesar al ex militar argentino Adolfo Scilingo, quien fue condenado en España a una pena de cárcel de más de mil años por delitos de lesa humanidad y detención ilegal durante la dictadura de ese país.

La fama del magistrado volvió a traspasar fronteras en 2001, al ordenar el ingreso en prisión de varios miembros de la organización terrorista Al Qaeda y procesar a Osama Bin Laden por haber utilizado España como base para la preparación de atentados como el 11-S. Fue esa proyección internacional la que le valió una invitación de la Universidad de Nueva York para desarrollar actividades de docencia y de investigación sobre el terrorismo, y le empujó a dejar otra vez su juzgado para residir en EE.UU entre marzo de 2005 y julio de 2006.

En 2010 fue suspendido cautelarmente por las dos causas que tenía abiertas en el Tribunal Supremo: los cobros recibidos del Banco de Santander durante su estancia en Nueva York, por lo que todavía no ha sido juzgado, y por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, caso que está visto para sentencia. A las dos causas anteriores, se sumó el 25 de febrero de 2010 la admisión de una querella por prevaricación en la trama conocida como Caso Gurtel, uno de los mayores escándalos de corrupción política de los últimos años en España, por la finalmente ha sido condenado.

Tras su suspensión, su experiencia en delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad le avaló para aceptar la oferta del fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo para ocupar en el tribunal de La Haya un puesto de asesor, y ya desde 2011 trabaja en Colombia como asesor del gobierno y de la OEA.

La Comisión Internacional de Juristas considera deplorable la condena

El CIJ calificó de "deplorable" la decisión del Tribunal Supremo de España de declarar culpable de prevaricación al juez Baltasar Garzón por ordenar escuchas a una red supuestamente corrupta y de inhabilitarle 11 años para ejercer la carrera judicial. "La condena del juez Garzón en este caso es la conclusión deplorable de un proceso penal que nunca debería haberse iniciado", manifestó en un comunicado Pedro Nikken, presidente de la Comisión.

"Garzón ha sido expulsado de la carrera judicial por interpretar la ley y tomar una decisión. Al margen de que se esté de acuerdo o no con la interpretación y la decisión, el trabajo de ser juez consiste precisamente en eso. Aplicar una sanción penal contra un juez que está haciendo su trabajo es un clara negación de la independencia judicial", subrayó.

El Supremo español condenó a Garzón por ordenar escuchar las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados del caso Gürtel. Con sede en Suiza, la CIJ es un organismo creado en 1952 y formado por 60 juristas de todo el mundo con el objetivo de promover y proteger los derechos humanos y el imperio de la ley, y de impulsar y reforzar los sistemas judiciales en todo el mundo.

Nikken destacó que "el hecho de que el fiscal pidiera desestimar el caso y de que numerosos jueces compartieran la interpretación de la ley que hizo Garzón demuestra por si mismo que la decisión tomada originalmente por Garzón no podía ser considerada arbitraria". La CIJ aludió a los otros dos procesos judiciales abiertos contra Garzón, acusado de prevaricación por declararse competente para investigar las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil española y el franquismo, y de recibir fondos ilegales en pago de sus clases en la New York University en 2005 y 2006.

"El contexto de esta condena es muy preocupante. Se han abierto tres procesos contra un juez que levantó el velo de la amnistía que protege los presuntos crímenes contra la humanidad que todavía tienen que ser investigados. Uno se pregunta en qué medida esta sentencia es solo una manera de silenciar a Garzón", afirmó con preocupación. 

Fuente: EFE