El caso de las esterilizaciones forzosas a miles de mujeres realizadas durante el régimen de Alberto Fujimori (1990- 2000) será llevado a los fueros internacionales, después de que este se archivara definitivamente en el país suramericano.

Esta decisión se da después de que la Fiscalía Superior de Derechos Humanos de Perú comunicara el viernes pasado que se declaró infundada la denuncia sobre las esterilizaciones forzosas, que se cree pudieron ser 300.000, explicó hoy María Isabel Cedano, representante de la ONG Demus (Defensa de los derechos de la mujer).

Cedano explicó que la instancia judicial archivó el caso porque "si bien reconoce que se cometieron una serie de delitos, considera que éstos ya prescribieron dado que no constituyen crímenes de lesa humanidad (que son imprescriptibles)". La abogada de Demus indicó que ahora las ONGs que asumieron la denuncia están intentando contactar a las víctimas para presentar, en los próximos seis meses, una queja conjunta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cedano también explicó que si la CIDH anula además un acuerdo de solución amistosa suscrito en 2003, el caso de las esterilizaciones forzosas podría pasar incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mediante ese acuerdo, el Estado peruano reconoció su responsabilidad en la violación de los derechos de Mamérita Mestanza, una de las mujeres que falleció tras ser esterilizada forzosamente, dentro de una política de control de natalidad para mitigar la pobreza. El Estado también se comprometió a adoptar medidas de reparación en beneficio de las víctimas, así como a investigar y sancionar a los responsables en el fuero común.

Demus y otras ONGs consideran que el ex presidente Fujimori y sus ex ministros de Salud Eduardo Yong, Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Carlos Parra son responsables de una política pública que significó una grave violación a los derechos humanas de peruanas. Según Cedano, se habrían esterilizado en ese período a unas 300.000 personas, principalmente mujeres quechuahablantes de zonas andinas, rurales y urbanas pobres de Perú, y 18 de ellas murieron. De estos casos, solo 2.074 han sido denunciados.

La letrada de Demus indicó que Fujimori y sus ministros de Salud "sabían de esta política (de esterilización forzosa) e incluso promocionaron la anticoncepción quirúrgica y no tuvieron los cuidados debidos para que eso se aplicara tomando en cuenta la voluntad de la persona. Se permitió (durante el Gobierno de Fujimori) que se pudiera usar el engaño, la amenaza y la coacción", y agregó: "muchas de las mujeres no han denunciado los casos porque se sienten marginadas por sus comunidades, donde han sido estigmatizadas por haber sido víctimas de engaños y son vistas como inútiles en la vida reproductiva".

Además de Demus, defienden a las víctimas de las presuntas esterilizaciones forzosas el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

Fuente: EFE