/ Fotos: EFE
El dictámen de la jueza evitó que entrara en vigor una ley que, entre otras cosas, permitía a las fuerzas del orden detener y deportar a los inmigrantes ilegales.
La decisión de la jueza federal Susan Bolton de bloquear las partes más controvertidas de la llamada ley SB1070 de Arizona representa una victoria para los grupos de inmigrantes que, no obstante, piensan mantener su activismo a favor de una reforma de las leyes migratorias.
El dictamen de la jueza llegó justo cuando la policía de Arizona se preparaba para hacer cumplir una ley que hubiera entrado en vigor hoy de madrugada y hubiera permitido a las fuerzas del orden detener y deportar a los inmigrantes ilegales.
La noticia fue recibida con júbilo en la comunidad hispana tanto de ese estado como de todo Estados Unidos. El Departamento de Justicia de EE.UU., que entabló una de las siete demandas existentes contra la ley, consideró que el dictamen de la juez Bolton para bloquear las partes más polémicas de la medida fue "la decisión correcta". Con esta victoria en la mano, los grupos pro-inmigrantes, que habían organizado grandes protestas para hoy mismo en distintos puntos de este estado, estudian ahora cómo reducir el nivel de sus manifestaciones.
"Para nosotros es una victoria importante y la celebramos, aunque es pequeña porque queremos ver un cambio en las políticas represivas contra los inmigrantes en Arizona. Con o sin el dictamen de la juez, seguiremos nuestras protestas y vigilias" dijo Nicole Torre, portavoz de Promise Arizona, una de decenas de organizaciones que han programado protestas y actos de desobediencia civil para hoy.
Sin embargo, el alguacil Joe Arpaio, del condado de Maricopa, que tiene a gala ser uno de los "sheriffs más duros de Estados Unidos", dijo en una rueda de prensa que el dictamen de Bolton no frenará sus "operaciones de supresión del crimen".
"La jueza emitió su dictamen pero no va a afectar nuestras operaciones... nada ha cambiado en nuestra lucha contra la inmigración ilegal", dijo Arpaio, al confirmar que hoy sus agentes realizarán la redada número 17 contra los indocumentados desde marzo de 2008. Según su oficina, en las últimas 16 operaciones se ha logrado el arresto de cerca de mil inmigrantes, de los cuales 600 eran indocumentados. Por su parte, la gobernadora republicana Jan Brewer, que promulgó la ley el pasado 23 de abril, dijo que el dictamen "es un pequeño sobresalto en el camino".
Las protestas contra esta ley estaban convocadas también en otros estados, como California, porque, según dijo Humberto Gómez, director del Sindicato Internacional de Obreros de América del Norte, "ya metió el miedo en el cuerpo en nuestra gente".
Los artículos de la ley que fueron bloqueados ayer se mantendrán en suspenso hasta que los tribunales federales se pronuncien sobre su contenido. Bolton explicó que tomó la decisión porque bajo la nueva ley, "hay una probabilidad sustancial de que los agentes detengan erróneamente a inmigrantes legales. Al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga extraordinaria, inusual y característica a los inmigrantes ilegales que sólo el Gobierno Federal tiene autoridad para imponer".
La ley entra en vigor hoy, como estaba previsto. Pero ya no existe la exigencia de que los agentes de Policía puedan comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones. También queda en suspenso la aplicación de otra sección que obliga a los inmigrantes a portar los documentos que demuestren su estatus legal en Arizona. Igualmente se suspende la sección que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.
Se calcula que en Arizona hay cerca de 460.000 inmigrantes indocumentados, la mayor parte de ellos hispanos. En todo EE.UU. se considera que residen doce millones de indocumentados. Las encuestas apuntan a que la mayor parte de los estadounidenses respaldan la SB1070. Un sondeo del Instituto Gallup difundido el martes cifraba en el 60 por ciento el porcentaje de votantes que está de acuerdo con esa ley. No obstante, entre los hispanos la mayoría rechaza la ley y exige, en su lugar, una reforma migratoria integral.
Fuente:EFE
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