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Martes 17 de Julio de 2012

Elecciones presidenciales

El sufragio universal en peligro

por Amy Goodman (Democracy Now) / Fotos: Jackie Ewing / Jodi Fackler

Con el escándalo de las listas de electores desactualizadas y la eliminación arbitraria de votantes en Florida, surge el fantasma de una problemática racial que Estados Unidos creyó haber superado hace cuatro décadas atrás con la implementación del sufragio universal y que, sin embargo, parece estar cada día más vigente.

A medida que se intensifica la campaña electoral, un creciente número de estados intenta limitar la cantidad de personas que pueden votar. El porcentaje de personas con derecho al voto y que de hecho participan en las elecciones en Estados Unidos es, de por sí, vergonzosamente bajo. Florida, un estado disputado por ambos partidos, se prepara para la Convención Nacional Republicana –a partir del 27 de agosto– que incluye cinco días de pompa promocionada como una celebración de la democracia. Mientras organizan su fiesta, el gobernador republicano de Florida, Rick Scott, junto con su secretario de Estado, Ken Detzner, están eliminando sistemáticamente a personas del padrón electoral a través de bases de datos desactualizadas del propio estado, que contienen información errónea.

 

Muchos votantes de Florida recibieron hace poco una carta que decía que fueron excluidos del padrón electoral y que les queda poco tiempo para demostrar que son ciudadanos en regla. Han surgido cientos de casos de personas que, a pesar de tener ciudadanía estadounidense desde hace mucho tiempo, fueron desterradas del padrón. Según la filial de Florida de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), “de las personas que han sido obligadas a demostrar su ciudadanía, un 61% es de origen hispano, cuando en realidad tan sólo un 14% de los votantes registrados en Florida son hispanos”, lo que sugiere que hay un intento de eliminar a la comunidad hispana, que tiende a votar por los demócratas. Algo similar ocurrió en el año 2000, cuando la entonces secretaria de Estado de Florida, Katherine Harris, apartó sistemáticamente a afroestadounidenses del padrón electoral. El Departamento de Justicia le ordenó a Detzner que detuviera la purga de votantes. Sin embargo, tanto él como el gobernador Scott prometieron continuar. El Departamento de Justicia, al igual que la ACLU y otros grupos, demandó al estado de Florida ante un tribunal federal.

 

Para el congresista de Georgia John Lewis, los intentos de restringir el acceso al voto no sólo son burocráticos, sino que contienen sustancia de una ideología netamente racial. Al respecto relató algo de lo que él mismo ha ido un protagonista directo: “Es increíble, es inconcebible que a esta altura de nuestra historia, 47 años después de que se aprobara la Ley de Derecho al Voto, estemos tratando de retroceder. Creo que se trata de un ataque sistemático y deliberado por parte de muchos de estos estados. No sólo en Florida, no sólo en los estados del sur, sino que en todo el país le están impidiendo a la gente la participación. Creo que es un intento de hacer trampa en esta elección, incluso antes de que suceda. Para complicar aún más las cosas, para hacer aún más difícil que los ciudadanos de la tercera edad, que nuestros estudiantes, que las minorías, que las personas con capacidades diferentes puedan participar en un proceso democrático. Me da ganas de llorar. Después de que la gente dio su vida, luego de que muchas personas fueron golpeadas, heridas y asesinadas por ayudar a registrar a personas para que pudieran votar. Jamás olvidaré a los tres luchadores por los derechos civiles que fueron asesinados en el estado de Mississippi en la noche del 21 de junio de 1964”.


Lewis se refería a James Chaney, Andrew Goodman y Michael Schwerner, que fueron asesinados mientras registraban a afroestadounidenses para votar. En 1961, Lewis, que tenía tan sólo 21 años, era uno de los líderes de las denominadas “Freedom Rides”, que verificaban que las nuevas leyes federales que prohibían la segregación se cumplieran en todos los estados. Al igual que muchos otros, fue golpeado brutalmente cuando sus autobuses cruzaron las fronteras estatales hacia el sur profundo. Pero eso no lo detuvo. Se sentó en los mostradores segregados de las cafeterías, se unió al Comité Coordinador Estudiantil No Violento, del que pronto se convertiría en presidente.

 

Un momento clave en su vida y en la historia del país fue la marcha a través del puente Edmund Pettus: “El 7 de marzo de 1965, algunos de nosotros intentamos marchar desde Selma a Montgomery, Alabama, para demostrarle al país que la gente quería votar. Un joven afroestadounidense había sido asesinado de un disparo unos días antes en un condado vecino, Condado de Perry, en el cinturón negro de Alabama, lugar del que son originarios Martin Luther King Jr., Juanita Abernathy y Andrew Young. Y su asesinato nos impulsó a tomar la decisión de marchar. En Selma, Alabama, en 1965, tan sólo un 2,1% de la población negra en edad de votar figuraba en los registros de votación. El único lugar en el que uno podía intentar inscribirse era en un tribunal, donde había que pasar un denominado examen de alfabetización. Y allí le decían a la gente una y otra vez que no podrían aprobar el examen. Una vez le pidieron a un hombre que contara la cantidad de burbujas que hay en una barra de jabón. En otra oportunidad, se le pidió a un hombre que contara la cantidad de frijoles que había en un frasco. Hubo abogados, médicos, maestros, amas de casa y catedráticos que no aprobaron el ‘examen de alfabetización’. Cuando llegamos a la cima del puente y vimos una multitud de policías del estado de Alabama con sus uniformes azules, continuamos marchando y llegamos a acercarnos lo suficiente como para escucharlos. Un oficial se identificó: ‘Soy el Mayor John Cloud de la policía estatal de Alabama. Esta marcha es ilegal y no permitiremos que continúe. Les doy tres minutos para dispersarse y regresar a sus iglesias’. Uno de los jóvenes que marchaba junto a mí y lideraba la manifestación, Hosea LorenzoWilliams, que trabajaba con Martin Luther King Jr., replicó: ‘Mayor, denos un momento para arrodillarnos y rezar’. Y el Mayor dijo: ‘Oficiales, al ataque’. Vimos que se ponían las mascarillas antigas y luego se acercaron a nosotros y nos golpearon con sus cachiporras y sus látigos, y nos aplastaron con sus caballos. Un oficial me golpeó en la cabeza con su porra y sufrí una conmoción cerebral. No sentía mis piernas. Comprendí que iba a morir, creí ver la muerte”.


A la pregunta sobre qué fue lo que lo impulsó a seguir adelante a pesar de tanta violencia, el congresista respondió: “Mi madre, mi padre, mis abuelos, mis tíos, la gente que me rodeaba nunca había podido votar. Había trabajado en todo el sur. En el estado de Mississippi la población negra en edad de votar ascendía a 450 mil personas y tan sólo alrededor de 16 mil estaban registradas para votar. En aquella época no teníamos opción. Creo que nos persiguió lo que llamo el espíritu de la historia y no podíamos darle la espalda”. 


El sufragio universal, el derecho al voto, nunca está a salvo, nunca está seguro. Nunca está completo. En este período electoral, el dinero de unos pocos tendrá una gran influencia. Mientras tanto, los votos de muchos son eliminados y sus voces son silenciadas. A menos que la gente luche para ampliar la participación en las elecciones, y no solamente para evitar la eliminación de votantes del padrón electoral, nuestra democracia correrá grave peligro.

 

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de este artículo.

 

 

El voto prohibido


Un documento divulgado por Pew Center on the States a principios de este año indica que 51 millones de votantes no están registrados para las próximas elecciones presidenciales, es decir, más del 24% de la población habilitada. La organización de derechos civiles NALEO estimó que 12,2 millones de hispanos irán a las urnas, pero que también alrededor de 12 millones no participarán en los comicios. ¿La causa? Un repertorio de leyes aprobadas en al menos 38 estados en nombre de la lucha contra el fraude electoral coarta el ejercicio del voto. Las medidas abarcan desde severas restricciones al registro de nuevos votantes a la exigencia de complicadas pruebas de ciudadanía. Los impedimentos para inscribir votantes en Florida y Texas, los dos estados que han implementado las más duras medidas, podría afectar a una población de 202 mil flamantes electores. Impulsos similares están reduciendo oportunidades de registro, por ejemplo, en Maine, que podría afectar a unos 60 mil sufragistas que desean volver a votar en estas elecciones. Georgia, Indiana, Kansas, Tennessee y Wisconsin cuentan con leyes que prohíben el voto sin un documento con fotografía. Texas, Alabama y Carolina del Sur siguen ese camino. Así la presión continúa en aumento, pues no sólo la tenencia del documento con foto es la única limitación; sino que una incipiente tendencia que ha ganado fuerza en tres estados –Alabama, Kansas y Tennessee– exige que el votante presente una prueba de que es ciudadano estadounidense. Para ello debe tener consigo el certificado de nacimiento, el pasaporte o documento de naturalización y el documento de identidad. En total, unas 240 mil personas en esos tres estados enfrentan estas complicaciones burocráticas, la mayoría de ellas hispanos. Ahora no sólo tienen menos tiempo para votar en Florida sino que también en Georgia y Ohio, luego de que se aprobaran leyes para reducir significativamente el período de votación temprana. Según estimaciones del Centro Brennan para la Justicia, hasta dos millones de votantes en esos estados podrían no votar por la reducción del tiempo. Otras 100 mil personas con antecedentes penales podrían no participar debido a las medidas que en Florida e Iowa impiden ese derecho a quienes han sido condenados por delitos graves. ¿Pero por qué los hispanos resultan los mayores afectados? En muchos estados la población hispana no cuenta con documentos de identidad por varias razones de práctica cotidiana y supervivencia. Una es que para la mayoría la tramitación de documentos resulta muy costosa. A esto se le suma que conforman el mayor sector de la clase trabajadora que utiliza el transporte público, por lo cual no requiere ni de licencia de conducir. Según un estudio de la organización Advancement Project, el 46% de los hispanos del estado de Wisconsin no conduce. Estas nuevas restricciones afectarán a unos 3,2 millones de votantes que en la actualidad no cuentan con un documento de identidad exigido en estos estados. Diferentes organizaciones y activistas concuerdan en que la mayoría de las legislaciones que limitan el voto está siendo promovida en regiones bajo control republicano, pero que en las elecciones presidenciales votaron mayoritariamente a favor de Barack Obama en una proporción del 70%.

 

 

 

 

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