La sociedad de Guatemala recibió como un tiro por la culata el desenlace preliminar de un crimen que en 2009 removió los cimientos del Estado. El abogado Rodrigo Rosenberg había ordenado su propia muerte, determinó una comisión especial independiente.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) concluyó que el presidente del país, Álvaro Colom, no había tenido que ver con la muerte de Rosenberg, quien acusó directamente al mandatario del crimen en un video filmado antes de su muerte, lo que abrió una grave crisis política interna.

El director de la Cicig, el español Carlos Castresana, dio a conocer el día 12 los resultados preliminares de una investigación de ocho meses, que estableció que fue el propio abogado quien urdió un plan para acabar con su vida y responsabilizar a Colom de su muerte.

Castresana presentó a la opinión pública y a las embajadas de varios países un cumulo de evidencias científicas, con vídeos, registros de llamadas telefónicas y operaciones bancarias recabadas durante la larga investigación.

Según esas evidencias, Rosenberg pidió ayuda a los hermanos Francisco y José Valdés Paiz, empresarios farmacéuticos amigos suyos, para deshacerse de una persona que supuestamente le estaba extorsionando.

Ellos contrataron a una banda de sicarios para hacer "el trabajo" pero para sorpresa de los dos hermanos ahora prófugos, el supuesto extorsionador resultó ser el propio abogado.

El crimen de Rosenberg, el 10 de mayo de 2009, causó indignación y gran controversia a nivel nacional e internacional debido a que tres días antes de su asesinato, había grabado un vídeo en el que acusaba de su muerte al presidente, a su esposa y a otros altos funcionarios de gobierno.

"Lamentablemente si usted está viendo este video, es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colom", dijo a la cámara el reputado jurista de 47 años, graduado en las prestigiosas universidades de Harvard y Cambridge y que fue vicedecano de una universidad local.

En la cinta también acusó a la esposa de Colom, Sandra Torres, a su secretario privado, Gustavo Alejos, y al empresario Gregorio Valdez, vinculado al gobierno, de defender negocios fraudulentos en el Banco de Desarrollo Rural, de capital mixto.

Esta serie de acusaciones, sumadas a lo insólito del crimen, generaron una insospechada reacción social en la capital, a través de protestas y demandas en las que participaron miles de guatemaltecos, muchos de ellos jóvenes, que pedían poner fin a la impunidad.

Casi 100 por ciento de los asesinatos quedan impunes en este país centroamericano, según datos de la Cicig, creada en 2007 por un acuerdo entre el gobierno y la Organización de las Naciones Unidas.

Incluso, manifestantes vinculados a la derecha más radical del país solicitaron la renuncia de Colom, lo cual fue interpretado por el gobernante socialdemócrata como un intento por derrocarlo.

Las investigaciones realizadas por la Cicig con el apoyo del Ministerio Público (órgano acusador e investigador) han dejado establecido hasta ahora que el gobierno de Colom nada tuvo que ver con la muerte del abogado.

"Rosenberg, que era una persona honorable, sabía lo que hacía, actuó solo, no conspiró con nadie y a nadie le dijo lo que iba a hacer", dijo Castresana, quien señaló que el abogado enfrentaba "una situación anímica muy peculiar" y que había planificado su muerte con el fin de "abrir una caja de truenos" para provocar cambios en este país.

Al conocerse los resultados de la investigación, el giro que dio el crimen volvió a sumir en la perplejidad a los guatemaltecos, muchos de los cuales habían dado por totalmente ciertas las palabras de Rosenberg.

"No me esperaba que la investigación terminara con ese resultado pero creo que la Cicig es un ente imparcial y genera mucha confianza en la población", dijo Karen Mendizábal, quien participa en el movimiento Jóvenes contra la Violencia.

De acuerdo con la joven, existe la esperanza de que, así como en este caso, se investiguen los miles de asesinatos que se cometen cada día en este país. "Hay miles de casos pendientes de la justicia pero si muere alguien importante sí se le da seguimiento y eso es injusto", señaló.

Durante 2009 en Guatemala, con una población de 13 millones de habitantes, se cometieron 6.451 homicidios, casi 18 diarios, de los cuales apenas 230 culminaron con una sentencia judicial, según la Cicig.

La pretensión del fallecido abogado de hacer reaccionar a la sociedad ante esta barbarie parece cumplirse. "Estamos cansados de tanta violencia y creo que por primera vez el caso Rosenberg ayudó a que los jóvenes se expresaran como antes no se podía hacer", aseguró Mendizábal.

Helen Mack, directora de la no gubernamental Fundación Myrna Mack, dijo que las pruebas presentadas por la Cicig en el caso Rosenberg son contundentes "porque son científicas y fueron confirmadas por los involucrados en el caso".

Pero no todo está resuelto. "Los ciudadanos debemos estar pendientes porque el hecho de que haya habido un paso no quiere decir que ya se consolidó", afirmó.

Mack, cuya fundación se dedica a luchar contra la impunidad y mejorar la justicia, pronosticó que en el juicio que se desarrollará en el Organismo Judicial, la entidad bajo la que opera la Corte Suprema de Justicia en Guatemala, los magistrados "tratarán de desviar la atención con malas interpretaciones so pretexto de la independencia judicial".

La dirigente destacó que esa instancia judicial no ha prestado a la Cicig el apoyo necesario. Como ejemplo, citó los tribunales de competencia ampliada, creados por el máximo tribunal en 2009 a solicitud de la Cicig, para conocer casos de alto impacto relacionados con el tráfico de drogas y el crimen organizado.

Lejos de lograr su propósito, esos juzgados están saturados de casos comunes, no tienen la infraestructura indispensable y sus jueces no cuentan con seguridad, han denunciado organizaciones de derechos humanos.

"Creemos que el Organismo Judicial ahora tiene una brasa caliente en sus manos, debido a las pruebas científicas presentadas por la Cicig", dijo Ana María de Klein, dirigente de la no gubernamental Madres Angustiadas, que lucha por la defensa de los derechos humanos.

La activista explicó que no hay duda de la calidad de pruebas que presentó la Cicig en el caso Rosenberg. "Creemos que con los resultados de la investigación se demuestra que con voluntad política se puede hacer un trabajo efectivo usando pruebas científicas para encontrar responsables de todo tipo de delitos", dijo.

Además, señaló que para aclarar el caso será necesario que la Cicig continúe la investigación de los asesinatos del empresario textil Khalil Mussa y de su hija Marjorie. Rosenberg fue abogado y gran amigo del empresario y en el video conectó su muerte con estos homicidios, ocurridos en un mes antes.

Luis Ramírez, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, dijo que el trabajo realizado por la Cicig demostró que sí se puede hacer investigación efectiva en Guatemala y que será en el juicio donde se deberán valorar las pruebas.

"Se puede hacer una investigación efectiva pero eso requiere recursos económicos, técnicos, respaldo político y tiempo", señaló el especialista, para quien "resulta necesario que en el país funcione un cuerpo de investigación especializada que cumpla esa tarea".

Sobre el papel que deberá jugar el Organismo Judicial para esclarecer el caso, Ramírez dijo que "existe mucha especulación de la corrupción que existe pero hay tribunales valientes que han logrado sentencias valiosas".

Como ejemplo, citó dos sentencias judiciales inéditas de más de 50 años de cárcel contra un coronel y cuatro ex comisionados militares acusados de participar en la desaparición forzada de varios campesinos durante la guerra interna (1960-1996). "Siempre se creyó que no serían condenados y ahí están los resultados", dijo.

La sociedad guatemalteca sigue muy atenta el caso Rosenberg porque para muchos ciudadanos de este país su esclarecimiento pleno representa una evidencia de que en medio de tanta impunidad, es posible hacer justicia.


Fuente: IPS