La escuela del crimen

Las denuncias sobre una presunta red montada desde la propia policía de Honduras para perpetrar asesinatos, extorsiones, secuestros, asaltos y tráfico de drogas llevó al gobierno a remover los mandos de esa fuerza y pedir ayuda al Congreso para depurarla a todos los niveles. El escándalo, el mayor desde 1995 cuando los crímenes y la corrupción empujaron el traspaso de la policía del poder militar al civil, hizo que el comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, instara al gobierno a declarar "el estado de emergencia" y pedir la intervención inmediata, con personas independientes de esta fuerza, considerada una verdadera escuela del crimen.

El dirigente sindical Daniel Durón afirmó estar "asustado de tanta criminalidad concentrada en la policía. No basta, creo, con depurar la fuerza, sino que nos deben dar una nueva policía". Por su parte, Manuel Capellín, de la organización no gubernamental pro niñez Casa Alianza, comentó de sus firmes sospechas de la participación de policías en la ejecución de jóvenes. Sólo entre abril y junio fueron reportadas más de 300 muertes violentas en Honduras.

El detonante de la crisis fue el asesinato de dos estudiantes de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), uno de ellos el hijo de la rectora de ese centro académico, la socióloga Julieta Castellanos, precisamente experta en temas de seguridad y gobernabilidad. Rafael Vargas Castellanos y Carlos David Pineda fueron seguidos por dos patrulleros policiales la noche del 22 de octubre, cuando regresaban de una fiesta de cumpleaños. Los tirotearon y, ya con uno de los jóvenes heridos, hicieron que el automóvil se detuviera, los ejecutaron y arrojaron sus cuerpos a una hondonada en la aldea Villa Real, ocho kilómetros al sur de Tegucigalpa.

Así lo determinó la investigación forense que, "desde un principio, estuvo bajo nuestro control, al sospechar que no se estaba frente a un asesinato de la modalidad de sicariato, que mata, se va y no se preocupa por limpiar la escena del crimen. Los mataron desde una institución del Estado que debe brindar seguridad a la ciudadanía, y se ve toda una red de protección para encubrirlos. Aquí no hay Estado, hay una indefensión de la ciudadanía", denunció Castellanos.

La policía confirmó que los acusados por el crimen son ocho efectivos asignados al puesto de La Granja, en el sur de Tegucigalpa, cuatro de los cuales se fugaron luego de que las autoridades policiales en ese momento les dieran el "día libre" porque no había orden de captura y no podían "violar sus derechos humanos", según el nuevo jefe de la fuerza, José Ramírez del Cid. El jefe de policía agregó que se ha montado un gran operativo para dar con el paradero de los fugitivos, mientras que los otros cuatro permanecen encarcelados a la espera de un juicio oral y público.

"Estamos ante una red criminal que opera desde las propias estructuras de la policía, y la fuga de esos cuatro testigos clave sólo me hace pensar que están encubriendo cosas para proteger a gente poderosa y ligada a la misma policía", subrayó la fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce. Sumadas a esta acción criminal, investigaciones de periodistas del periódico local El Heraldo dieron cuenta de la desaparición de las bodegas de la policía de por lo menos 300 fusiles FAL y más de 300 mil proyectiles, hace más de dos meses, sin que el faltante fuera notificado aún al ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla.

Posteriormente, el mismo medio publicó reportajes sobre lo que denominó "Cárteles del crimen", que, según afirmó, operan desde puestos policiales de Tegucigalpa, con códigos de protección para extorsionar, traficar drogas, secuestrar y asesinar, entre otros delitos. La policía admitió las imputaciones y para descartar una intervención foránea optó por "autointervenirse", confiscar la documentación de esas comisarías y suspender de sus funciones a los oficiales a cargo.

Estas denuncias se suman a las que vienen realizando organizaciones de derechos humanos, que acusan a la policía nacional civil de haber cometido asesinatos cuando en junio de 2009 se derrocó al entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien fue sacado de su casa por efectivos del ejército y enviado a Costa Rica. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), creada para investigar los hechos que suscitaron ese golpe de Estado cívico-militar, registró en su informe final la muerte selectiva de ocho opositores políticos y otras cuatro en investigación, responsabilizando a las fuerzas de seguridad. La rectora Castellanos integró ese grupo que indagó lo sucedido en 2009.

En otro escenario, la policía también es acusada de complicidad en la ola de violencia lanzada por terratenientes contra campesinos que reclaman parcelas para trabajar en la región del Bajo Aguán, en la nororiental región atlántica, hoy intervenida por mil efectivos policiales y militares enviados hace tres meses por el gobierno de Porfirio Lobo. El envío de grandes contingentes militares reavivó el añejo conflicto por la tierra en una zona donde convergen actores ligados al crimen organizado, que pueden prestarse a acciones armadas, terratenientes y campesinos que reclaman una nueva reforma agraria.

Honduras es considerada una de las naciones más violentas del mundo, pues pasó de 37 asesinatos por cada 100 mil habitantes, en 2004, a 86 homicidios por 100 mil habitantes proyectados para 2012, según el Observatorio de la Violencia de la UNAH, que apunta un promedio de 20 asesinatos diarios. La media mundial de asesinatos es en la actualidad de algo más de 8 cada 100 mil habitantes, según la Organización Mundial de la Salud. El gobierno de Lobo busca revertir la tendencia con operativos, en tanto el Congreso aprobó una ley de depuración que elimina la Unidad de Asuntos Internos de la policía para volverla un ente autónomo y desconcentrado, mientras anuncia reformas para poner en vigor una política integral de seguridad ciudadana.

La defensa es cosa de civiles

La creación de una comunidad civil para conducir la política de defensa de Honduras, que retome el estancado proceso de desmilitarización del país tras el golpe de Estado de 2009, resalta entre los principales desafíos propuestos por académicos y activistas. Las secuelas del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya son tan profundas que "los militares creen que la patria está a su servicio y no al revés", expresó Edmundo Orellana, ex fiscal del Estado y ex ministro de Defensa. "Después del golpe de Estado hemos regresado a un pasado ignominioso y ahora vemos cómo militares retirados, pero aún con fuertes vínculos con la jerarquía de las Fuerzas Armadas, tomaron el control de entes clave que les habían sido quitados, evidenciando que la historia castrense en Honduras tiene un gran peso", acotó.

Entre los ejemplos imponderables, muchos rescatan el caso del general retirado Romeo Vásquez, quien dirige la empresa estatal telefónica Hondutel. Vásquez fue, en su calidad de jefe de las Fuerzas Armadas, el que ordenó sacar de noche de su casa y a punta de ametralladoras al entonces presidente Zelaya y ubicarlo en un avión para enviarlo a Costa Rica. Junto a Vásquez, otros militares en retiro están al frente de las oficinas de Migraciones, de la Marina Mercante, del Fondo Social de la Vivienda e incluso en la conformación de juntas civiles interventoras en dependencias públicas. Ahora, incluso se habla de su incursión en la política con aspiraciones presidenciales.

Por su parte, Orellana fue ministro de la Defensa de la administración Zelaya, aunque renunció una semana antes del golpe por discrepancias sobre el perfil y posicionamiento que ese gobierno estaba dando a los militares, además de no compartir el proyecto de consulta popular de reformas políticas, tras ser declarado ilegal por un tribunal de justicia. Junto a varios académicos y organizaciones civiles, el ex funcionario participa de un proyecto que busca impulsar reformas constitucionales orientadas a suprimir el tutelaje que se les otorga a las Fuerzas Armadas en la democracia hondureña, así como cambios en la cultura política en las relaciones de la sociedad con ese cuerpo de seguridad.

El proyecto, denominado "Fortalecimiento de la conducción civil de la defensa y del control civil sobre las Fuerzas Armadas", es promovido por el no gubernamental Centro de Documentación de Honduras (Cedoh). El rector del Cedoh, Víctor Meza, manifestó que el colapso institucional del 28 de junio de 2009 "obliga a abordar estos temas desde una perspectiva más profunda, que permita construir un modelo más viable y democrático en la relación con los militares". Para Meza, la agenda de reformas propuesta es producto del consenso sostenido en los últimos cinco meses en intensas mesas de trabajo con diversos sectores académicos y civiles en donde se abordaron aspectos relacionados con la desmilitarización del Estado y del sistema político y el papel arbitral otorgado a los efectivos castrenses.

La proposición de transformaciones abarca también cambios en la cultura política hondureña para superar antiguos planteamientos referidos a que "los temas de defensa deben ser asumidos por los militares, y los temas policiales también", o expresiones como que "a los militares hay que tenerlos contentos". Por ahora, legisladores de la oposición esperan que esa iniciativa ciudadana llegue al recinto para empezar a desmitificar el tabú de "que los militares son intocables. Este es el momento, antes de que les den más control en los temas de la seguridad, bajo el pretexto de la lucha antidrogas", confió el congresista socialdemócrata Mario Vásquez.