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Jueves 22 de Marzo de 2012

Japón

A un año de Fukushima

por Suvendrini Kakuchi / Fotos: Takeshi Kawabita / Rita Shoji

Varias cosas han cambiado para muchos de sus habitantes: desde haber perdido sus hogares hasta la aparición de una conciencia social desconocida. La contaminación radiactiva posterior al colapso de Fukushima obligó a huir a más de 150 mil personas. Decenas de miles de hectáreas de tierras agrícolas fueron declaradas peligrosas para la producción de alimentos. Además, análisis realizados en el mar revelaron la contaminación de los recursos marinos, lo que hace que no sean aptos para su consumo. Entre protestas, historias desoladoras, anuncios rimbombantes y realidades paralelas, aquí relatamos la compleja recuperación de los desplazados.

 

La japonesa Yumi Goto, de 60 años, vive con su esposo en un refugio temporario ubicado sobre una colina ventosa desde donde se observa la costa devastada por el tsunami del 11 de marzo de 2011, donde hasta esa fecha estuvo su hogar. “El enorme terremoto y el tsunami destruyeron la vida que yo conocía hasta entonces. Esperamos volver a nuestras vidas anteriores lo más pronto posible”, aseguró Goto. Su familia retomó su ocupación tradicional en diciembre, pero dista de cosechar algas marinas y ostras en la escala en que lo hacía antes de la catástrofe que devastó la nororiental región de Tohoku, que abarca a las prefecturas más afectadas: Fukushima, Iwate y Miyagi. 

 

Una encuesta realizada en enero por funcionarios locales reveló que menos del 20% de los desplazados que viven en Minami-Sanriku quieren irse de este lugar, localizado sobre pujantes puertos pesqueros, fértiles tierras agrícolas y pequeños pueblos en la prefectura de Miyagi. Durante siglos, estas prístinas áreas del norte abastecieron de recursos marinos y agrícolas a Tokio. Los medios de sustento tradicionales permanecieron inalterados y las comunidades se conformaron con seguir aisladas de los drásticos cambios mundiales que las rodeaban. 

 

“Minami-Sanriku es un ejemplo de los desafíos que enfrenta el proceso de recuperación postdesastre. La población, como revelan las encuestas, está profundamente arraigada en su modo de vida tradicional y no quiere mudarse a otro lado”, explicó Akio Shimada, especialista en políticas públicas de la Universidad de Tohoku. Japón está embarcado en un vasto programa de recuperación para Tohoku que, según el gobierno, insumirá tres años. Para los planificadores, esa zona, con su población de desplazados y ancianos, presenta varios dilemas. 

 

Los habitantes de las aldeas de Tohoku afectadas por el desastre son objeto de consultas antes de tomar decisiones drásticas. Algunos, como Goto y su esposo, decidieron quedarse, a sabiendas de que pueden continuar pescando sólo si permanecen en Minami-Sanriku. Pero la generación más joven no está tan segura, y la cantidad total de hogares en Minami-Sanriku pasó de 5.400 antes del terremoto a 4.893 después del mismo. 

 

El experto en demografía Ryuzaburo Sato, del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Población y Seguridad Social en Tokio, remarcó que la reducción de la población rural había empezado antes de la catástrofe: “Los jóvenes prefieren buscar trabajos en grandes ciudades que puedan ofrecerles estilos de vida estables y modernos”. En una cifra récord, la población de Japón disminuyó en 123 mil personas en 2010, cayendo por cuarto año consecutivo. Tohoku ya tenía la menor densidad demográfica del país, con menos de 200 habitantes por kilómetro cuadrado.

 

Determinados a establecer un nuevo concepto en el proceso de recuperación, expertos y alcaldes de Tohoku impulsan una estrategia de desarrollo altamente localizada que, aseveran, es crucial para revitalizar la región. Uno de los defensores más firmes de un nuevo modelo de desarrollo en Tohoku es Hiroya Masuda, ex alcalde de Miyakoshi, un pueblo pesquero de 60 mil habitantes en la prefectura de Iwate, también devastada por el terremoto y el tsunami. 

 

Masuda está al frente de un movimiento que presiona para que el gobierno central destine fondos a estimular la industria marina local. Esto promoverá la economía del lugar, alentando a los jóvenes a quedarse, planteó. Reclamos similares llegan de la prefectura de Fukushima, que padece contaminación radiactiva a raíz del accidente en la central nuclear de Daiichi, dañada durante el terremoto y posterior tsunami. El ex gobernador Eisaburo Sato es un vehemente crítico de las tradicionales políticas japonesas de desarrollo, a las que condenó públicamente diciendo que eran un despilfarro y que no beneficiaban a las comunidades locales obligadas a apoyar a las empresas ricas de Tokio. 

 

Fukushima ya registra el mayor éxodo de población –30 mil de un total de 45 mil personas– que se reporta desde Tohoku. La tendencia general es que los residentes más ancianos se quedan, mientras que la población en edad laboral, preocupada por el empleo y los riesgos a la salud, se va. Shimada reveló que el desastre de Tohoku, un importante punto de inflexión para las economías locales, ahora brinda lecciones en materia de recuperación posterior a desastres. “Los fondos deben destinarse a proyectos innovadores que enriquezcan a la población local”, dijo, haciendo énfasis en un mayor apoyo a la transferencia de tecnología a los sectores de la agricultura y la pesca tradicionales. Establecimientos pesqueros guiados por la biotecnología, nuevas investigaciones energéticas y producción agrícola de alta calidad son algunos de los proyectos que ahora se proponen para Tohoku. 

 

En cuanto a Goto, pese a su determinación de reiniciar su vida en Minami-Sanriku, también quiere un cambio. “Desde que era adolescente ayudé primero a mi padre y luego a mi esposo a cultivar algas y a administrar las capturas de ostras. El trabajo es extenuante para las mujeres. Aunque soy demasiado vieja para irme, estoy segura de que nuevos negocios alentarían a mis hijas a quedarse y a hacer de Minami-Sanriku un lugar atractivo en el que vivir”, relató. 

 

 

La lucha de las madres japonesas


El movimiento de oposición a la energía nuclear de Japón crece con el impulso de mujeres, sobre todo madres de familia, indignadas con las autoridades por ocultar la gravedad de la radiación que emitió la planta Daiichi. “Hay madres al frente de varios movimientos ciudadanos que trabajan para que cesen las operaciones de todas las centrales nucleares de Japón en éste 2012”, indicó Aileen Miyoko Smith, directora de Green Action, una organización no gubernamental ambientalista que promueve las energías renovables. 

 

Más de 100 activistas contra esta tecnología, la mayoría mujeres, se reunieron con funcionarios de la Comisión de Seguridad Nuclear semanas atrás y les entregaron una declaración que reclama una investigación transparente sobre el accidente y el cierre definitivo de todas las centrales atómicas. Seis de las 56 plantas nucleares de Japón están clausuradas en la actualidad, algunas para pruebas de estrés, debido a que el accidente de Fukushima reveló graves incumplimientos en materia de seguridad en el sector. Más de 150 mil personas no han podido regresar a sus casas por los altos niveles de radiación en los alrededores de Fukushima. Ahora hay pruebas de que la contaminación se propagó a las verduras y al arroz, cultivados en los campos vecinos, y que de alguna forma llegó a alimentos para bebés vendidos en los supermercados. 

 

Numerosas mujeres, haciendo frente al frío y duro invierno, montaron tiendas de campaña frente al Ministerio de Asuntos Económicos en el marco de una nueva iniciativa de protesta. Ya anunciaron que mantendrán la movilización durante 10 meses y 10 días, el tiempo que tradicionalmente en Japón se adjudica al embarazo. “Nuestras protestas apuntan a lograr el renacimiento de la sociedad japonesa. Es necesario cambiar la forma en que las autoridades llevan adelante el país priorizando el crecimiento a la protección de la vida de la gente”, manifestó Chieko Shina, una de las participantes y abuela de Fukushima.

 

Numerosos especialistas consideran que las actuales protestas son un hito para los movimientos sociales de este país, relegados durante mucho tiempo al margen de una sociedad próspera y muy trabajadora que ha valorado el logro y el éxito por encima de todo. “Las manifestaciones actuales simbolizan la determinación de la gente de a pie que no quiere energía nuclear porque es peligrosa. Hay otro mensaje más importante y es que la gente no confía más en el gobierno”, apuntó Takanobu Kobayashi, al frente de la red de movimientos civiles Matsudo. 

 

La desconfianza obedece a que la fusión de los reactores de Fukushima no se hizo pública de inmediato, lo que puso en grave riesgo la salud de la población local por la filtración de radiación. Los sitios de internet muestran cientos de miles de comentarios de personas que sospechan de las garantías ofrecidas por las autoridades o la empresa Tokyo Electric Power Company (Tepco), operadora de la central de Fukushima, en materia de seguridad radiactiva. 

 

El accidente nuclear también destruyó el mito de la seguridad de esa fuente de energía, alimentado durante décadas por las autoridades para lograr el apoyo de la población para que el país se embarcara en masivos programas con tecnología atómica. Frente al enorme malestar de la población, el gobierno y Tepco reconocieron la mala gestión y prometieron realizar grandes reformas. 

 

El sociólogo Hideo Nakazawa, profesor de la Universidad Chuo, destacó que las actuales protestas son una demostración del resentimiento de la ciudadanía hacia las autoridades y la energía nuclear: “Las manifestaciones llegaron a las ciudades y pusieron el asunto de la energía nuclear en el centro de interés de los movimientos civiles de Japón. La falta de participación de los partidos políticos en este asunto contrasta con antiguos patrones de fuerte tendencia izquierdista”

 

La posición de liderazgo de las mujeres tampoco tiene precedentes. Las madres estuvieron al frente de las protestas, muchas de ellas en ese papel por primera vez. De ese modo lograron el apoyo en su campaña para evitar la exposición de niños y niñas a los peligros de la radiación. “El movimiento civil japonés languideció al margen por la indiferencia social de que fue objeto. Pero esas barreras ahora se están rompiendo”, aclaró Nakazawa. La parlamentaria Mizuho Fukushima, una de las principales dirigentes mujeres y activa participante del movimiento antinuclear, sostuvo que las protestas contra la energía atómica no disminuirán: “Es muy factible forzar cambios para terminar con la energía nuclear en Japón”.

 


El temor no frena exportaciones nucleares


Japón planea impulsar las exportaciones nucleares civiles mientras intenta aplacar a su población, indignada por las filtraciones radiactivas ocurridas en su central atómica de Daiichi, en Fukushima. “El motivo por el que Japón toma esta peligrosa medida es conseguir oportunidades de negocio e influencia diplomática en los países en desarrollo”, reveló Yuki Tanabe, experto del Centro de Japón para un Ambiente y una Sociedad Sostenibles (Jacses, por sus siglas en inglés).


El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó en diciembre proyectos para permitir la exportación de instalaciones nucleares a Vietnam y Jordania, como parte de la cooperación bilateral con esos países. El primer ministro japonés, Yoshihiko Noda, justificó los acuerdos diciendo que estos países “necesitan desesperadamente la tecnología de alto nivel de Japón”. Pero Noda también declaró que su nación debe ayudar a “potenciar la seguridad de las plantas nucleares en esos países”. Hay acuerdos pendientes con varias otras naciones, entre ellas India, Bangladesh y Turquía, que abarcan la construcción de centrales nucleares, su operación y manejo por parte de empresas japonesas.


No obstante, ambientalistas en Japón y en los países receptores han unido esfuerzos contra estos proyectos, en una campaña que ha cobrado impulso a consecuencia del accidente nuclear de Fukushima. Aparte de los enormes riesgos para la salud que implica la contaminación radiactiva, los activistas subrayan los exorbitantes costos de la energía nuclear, que en los últimos meses quedaron demasiado evidentes en Japón.


La Empresa de Electricidad de Tokio, operadora de la planta de Fukushima, ahora debe pagar indemnizaciones por más de 60 mil millones de dólares, lo que la obligó a pedir financiamiento público. Estos complejos temas quedaron de relieve en una conferencia antinuclear organizada los días 14 y 15 de enero por organizaciones japonesas e internacionales en la ciudad de Yokohama. Participantes de Corea del Sur, Canadá y la Unión Europea, entre otros, presentaron casos que ilustraron una fuerte opinión interna contraria a la energía nuclear.


Praful Bidwai, activista indio por la energía segura y renovable, explicó a la audiencia la importancia de que las poblaciones que viven cerca de las plantas nucleares realicen protestas con regularidad. Actualmente, las plantas nucleares satisfacen el 3% de las necesidades energéticas de India, pero hay planes para llevar esa proporción al 20% para 2020, a fin de apoyar el crecimiento económico y cumplir con la demanda.


En Corea del Sur, una encuesta realizada en octubre mostró que el 68% de la población se opone a la construcción de nuevos reactores, exponiendo la falta de apoyo público a los seis nuevos sitios nucleares propuestos por el gobierno. Corea del Sur firmó el año pasado un nuevo pacto de exportación nuclear con Emiratos Arabes Unidos y compite con Japón para conseguir pedidos en Finlandia. Mongolia, un país rico en uranio, también se ha convertido en un punto focal del debate antinuclear, tras informes divulgados en mayo de 2011 en la prensa que registraron que Japón y Estados Unidos planeaban construir allí una planta de eliminación de combustible nuclear usado.


Japón, que depende de la generación nuclear para satisfacer el 30% de su demanda energética, viene prometiendo implementar medidas estrictas para aumentar la protección contra accidentes como el ocurrido en Fukushima. Pero Tanabe, de Jacses, dijo que esas medidas son inútiles. Mientras, análisis realizados en instalaciones nucleares han visto reducida drásticamente la producción atómica de Japón, y los activistas ven en esto una oportunidad para que el país busque fuentes energéticas más seguras.












 

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