Lanza advertencia a Obama

Una reforma legal para mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes en Estados Unidos fue una de las promesas del candidato demócrata Barack Obama en 2008, dirigida sobre todo al electorado hispano. En sus casi tres años de gobierno, asuntos como la guerra, la reforma del sistema sanitario y la crisis financiera ocuparon la agenda de Obama, lo que decepcionó a la comunidad hispana y puso en riesgo un apoyo fundamental para que el mandatario del Partido Demócrata aspire a un eventual segundo período en los comicios de 2012.

Sin embargo, el gobierno de Obama no sólo dejó de lado la reforma. El 18 de octubre, activistas por los derechos de los hispanos se reunieron en 10 ciudades del país, entre ellas Atlanta, Nueva York, Houston, Boston, Miami y San Francisco, para exponer sus preocupaciones sobre la política migratoria de Obama. Una de sus demandas principales es la eliminación del Programa Comunidades Seguras, cuyo objetivo es deportar a inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos, pero que ha llevado a arrestos masivos de extranjeros sin antecedentes penales.

El sitio web de Comunidades Seguras explica que el programa se basa en la transmisión de información entre el servicio de inmigración y aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Si los datos del FBI revelan que la persona detenida está presente ilegalmente en Estados Unidos o tiene antecedentes penales, se notifica al ICE, que puede deportarla "tomando como prioridad la remoción de individuos que representan las amenazas más significativas a la seguridad pública, según la gravedad del crimen, la historia delictiva y otros factores", añade el sitio web. Pero "es un programa que se ha mostrado como un total fracaso. La comunidad inmigrante no quiere hablar con la policía sobre delitos que se estén cometiendo o de los que sean testigos", dijo el portavoz y cofundador de la organización Presente.org, Roberto Lovato.

Comunidades Seguras, que en 2013 se aplicará en todo el país, fue rechazado también por las autoridades de California, Illinois, Massachusetts y Nueva York. Sin embargo, en algunos distritos de estos estados fue activado por el gobierno federal. Además de las deportaciones, preocupa la presunta violación de derechos humanos de los detenidos.

El filme documental Lost in Detention, transmitido el 18 de octubre por el canal de televisión pública PBS, mostró la situación de los deportados. Según el reportaje, las leyes de inmigración, y en particular Comunidades Seguras, han llevado a la separación de familias, la detención en condiciones inhumanas, el abuso sexual y psicológico y el racismo.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, se estima que en Estados Unidos viven casi 11 millones de inmigrantes no autorizados. La mayoría, 8,3 millones de personas, proceden de México (6,6 millones) y de América Central -El Salvador (620 mil), Guatemala (520 mil) y Honduras (330 mil) -, así como de dos países sudamericanos: Ecuador (110 mil) y Brasil (100 mil).

Desde que Obama asumió la presidencia en enero de 2009, su administración deportó a un millón de inmigrantes. En el último año fiscal se expulsó a la mayor cantidad de personas en la historia, con cifras cercanas a los 400 mil inmigrantes, de los que sólo el 55% habrían cometido delitos graves o habrían cumplido condenas, según el director del ICE, John Morton.

La existencia de múltiples programas -Comunidades Seguras, Criminal Alien y 287(g)- que facultan a autoridades estatales y locales a aplicar leyes federales contra el ingreso de indocumentados que puedan amenazar la seguridad pública y la ausencia de una reforma que regularice la situación generan confusión en los alcances y objetivos de las leyes inmigratorias.

En un avance sin precedentes sobre una política que es de carácter federal, varios estados aprobaron leyes propias contra la inmigración, como la SB 1070 de Arizona, adoptada en abril de 2010 y bloqueada parcialmente por los tribunales federales, y la HB 56 de Alabama. La ley de Alabama, aprobada por la legislatura estatal en junio de este año, fue catalogada como una de las más duras de Estados Unidos: autoriza a la policía a detener a sospechosos de ser residentes no autorizados, obliga a las escuelas a comprobar el estatus inmigratorio de sus estudiantes, prohíbe a los indocumentados firmar contratos y penaliza a quienes auxilien a un inmigrante sin papeles.

Frente a esta dura realidad, los defensores de los derechos de los trabajadores, las mujeres y los inmigrantes festejaron una serie de triunfos clave en las elecciones estatales de fines de octubre. En Ohio, los votantes derrotaron los cuestionados límites impuestos por el gobernador republicano John Kaysick al derecho de los empleados públicos de celebrar convenios colectivos. En Arizona, Russell Pearce, el artífice de la polémica ley del estado contra la inmigración perdió su escaño en el Senado estatal en una destitución mediante el voto popular sin precedentes. Ahora debe renunciar inmediatamente y será reemplazado por el ganador de la elección, el republicano Jerry Lewis.

Pearce también fue parte de un intento de aprobar una legislación tendiente a otorgar al Estado discrecionalidad para negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados. Para los activistas por los derechos de los inmigrantes, su destitución marca el éxito de una nueva estrategia de organización política, que convocó a una amplia gama de votantes de diferentes filiaciones religiosas y políticas. En Phoenix, Petra Falcon, directora ejecutiva de Promise Arizona, aseguró: "La gente tuvo la posibilidad de elegir. Tuvo la opción de elegir entre alguien que demoniza a los inmigrantes, que dividió nuestro Estado, que generó rupturas en la democracia, y alguien que habla de unir a la comunidad, que vive según sus valores y así lo ha hecho en sus más de 30 años de residencia en Mesa".

Mientras tanto, en Maine, los electores derrotaron una medida republicana que prohibía la inscripción de votantes al padrón electoral el mismo día del sufragio. El periodista John Nichols, de la revista The Nation, comentó: "Muchos asesores políticos de confianza decían: '¡Ay no!, no discutamos este tema'. Se habrán dado cuenta de que el presidente Obama y los demócratas de Washington se mantuvieron al margen de esta contienda en Ohio. Sin embargo, en Ohio mismo, este movimiento de base, en el que literalmente participan miles y miles de personas, dejó atrás una agenda conservadora nacional. Esa es una gran cosa".

Para la directora de Apoyo a la Inmigración de la Coalición de Inmigración de Nueva York, Jacqueline Esposito, Comunidades Seguras y otros programas similares "crearon un entorno en el que las leyes antiinmigrantes, como las de Arizona y Alabama, han surgido localmente". La misma opinión manifestó la directora ejecutiva de la organización comunitaria La Fuente, Lucía Gómez, quien considera que esas leyes confunden infracciones migratorias civiles con delitos penales: "Una infracción de inmigración no determina que una persona sea delincuente, como alguien que ha matado".

En muchos casos los inmigrantes son deportados de inmediato, sin comunicarlo a sus familias y sin permitirles consultar a un abogado, y se los traslada a centros de reclusión alejados. La Fuente trabaja con grupos comunitarios y sindicatos del área metropolitana de Nueva York para promover la participación social y política de los inmigrantes.

Un nuevo informe analiza la situación de miles de niños nacidos en Estados Unidos que son puestos en custodia estatal de menores cuando sus padres son detenidos o deportados por no ser ciudadanos estadounidenses. La investigación fue realizada por el Centro de Investigación Aplicada y lleva el título Shattered Families: The Perilous Intersection of Immigration Enforcement and the Child Welfare System (Familias destrozadas: la peligrosa articulación entre la Agencia de Inmigración y el Sistema de Bienestar Infantil). El trabajo da cuenta de al menos 5.100 niños que viven actualmente en centros de acogida temporal o con familias sustitutas, a quienes se les impide juntarse con sus padres detenidos o deportados. Si nada cambia, los investigadores prevén que otros 15 mil niños podrían terminar dentro del sistema de protección de menores del Estado en los próximos cinco años.

La mirada de Washington

La administración de Obama anunció en agosto que suspendería las deportaciones mientras examinaba 300 mil casos pendientes. Quienes constituyeran riesgos menores serían cancelados o puestos en espera. Pero Esposito aclaró que "la nueva medida no ha sido implementada todavía, lo que causa serias preocupaciones".

Felicia Escobar, asesora de política doméstica de la Casa Blanca, aclaró ante líderes hispanos en el Baruch College de Manhattan que el presidente desea una reforma migratoria, pero mientras no se llegue a acuerdos sobre su contenido, se ve obligado a reforzar la aplicación de las leyes existentes. Escobar recalcó que la reforma sigue siendo prioritaria. Sin embargo, Obama ha dicho en varias ocasiones que en el Congreso legislativo no existe la suficiente voluntad para aprobarla.

Esposito admitió que el Congreso está dividido por "políticas partidistas" y ha fallado en tratar la crisis de inmigración de una forma adecuada. No obstante, Lovato cree que la reforma fue un mero instrumento de propaganda electoral, "una forma de canalizar las aspiraciones, el deseo y la pasión del votante hispano hacia Obama. Ellos ahora necesitan ganar votos independientes blancos, más conservadores".

Gómez explicó que el mandatario aplica una maniobra doble para mantener cautivos a los dos tercios de votantes hispanos que lo apoyaron en 2008: "El problema es la estrategia de negociación del presidente para demostrar que puede ser fuerte, pero que también respeta a la comunidad. Ha sido un baile bien peligroso porque el Partido Republicano no ha cedido nada y nosotros hemos sido las víctimas de esa estrategia".

El caso Alabama

Texto: Amy Goodman & Juan González (Democracynow)

El estado de Alabama se convirtió en un importante punto conflictivo en el debate en torno a la inmigración, después de promulgar la ley HB 56 que autoriza a la policía a arrestar a cualquier persona sospechosa de estar en el país de manera ilegal. Asimismo, la ley impide que los tribunales hagan valer contratos en los que participen inmigrantes indocumentados y permite a las escuelas públicas verificar la situación inmigratoria de los estudiantes matriculados. Semanas atrás, un tribunal federal de apelaciones dejó sin efecto algunas secciones de la nueva polémica ley recién después de que miles de hispanos huyeran de Alabama. Muchas fábricas y tiendas se vieron obligadas a cerrar sus puertas luego de que los hispanos abandonaran sus puestos de trabajo en señal de protesta en todo el estado.

Isabel Rubio es directora ejecutiva de la Coalición de Intereses Hispanos de Alabama, principal demandante en una de las causas judiciales iniciadas contra la ley del estado de Alabama. Ella está muy alarmada por la situación que se ha generado.

ALMA MAGAZINE: Padres que no están mandando sus hijos a la escuela, trabajadores que están huyendo del estado, ¿puede explicarnos qué está ocurriendo y qué dice realmente la ley?

ISABEL RUBIO: Estamos en un estado de crisis humanitaria; realmente hay una crisis económica, humanitaria y de derechos humanos. Ni siquiera sé cómo empezar a explicarle el nivel de miedo y caos que la ley HB 56 generó en la comunidad. Nos alivió que el Circuito 11° haya dejado sin efecto la cláusula que obligaba a los funcionarios escolares a hacer cumplir la ley inmigratoria federal, pero cientos de estudiantes ya dejaron la escuela y las familias se mudaron. Y lo crítico es que, a pesar de que la educación es un derecho que tienen todos los niños, hay niños ciudadanos estadounidenses que dejan la escuela aquí en Alabama a causa de esta ley.

AM: Por otro lado, el tribunal de circuito confirmó la sección de la ley que exige la presentación de documentos -la sección "muéstreme sus papeles" -, lo cual obviamente significa que este tema va a ir a la Corte Suprema, ya que hay diferentes fallos en diferentes tribunales federales.

I.R.: Tienes toda la razón. El Circuito 11° dejó sin efecto la cláusula que obligaba a los funcionarios escolares a verificar la situación inmigratoria de los estudiantes, aunque todavía hay una cláusula vigente que se refiere a la sospecha razonable. Entonces, si bien es posible que la policía le pida a alguien que se detenga por un problema rutinario de tráfico -y digo "rutinario" -, en ese momento la policía puede tener una sospecha razonable, ya sea por el acento o el color de piel de la persona, y preguntarle a esa persona sobre su situación inmigratoria, instancia que al final puede llevar a la detención de esa persona y al inicio de trámites de deportación.

AM: ¿Puede hablar del movimiento contra esta ley impulsada por el gobernador Bentley, la importancia de las huelgas y de que los niños estén dejando la escuela? ¿Qué está sucediendo en toda Alabama en este momento?

I.R.: Lo que está pasando es semejante a lo que ocurrió durante la década de 1960, hace casi 50 años, en términos del rápido crecimiento tanto de la comunidad de los que se ven afectados por esta ley como de los que se están ofreciendo como aliados. Entre estos últimos, es destacable la Coalición de Justicia para los Inmigrantes de Alabama, que es una coalición amplia en todo el estado conformada por miembros de comunidades religiosas. Tenemos un fuerte vínculo con la comunidad afroestadounidense, por medio de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (Naacp, por sus siglas en inglés). Hay personas en Alabama que dicen: "No podemos volver a la Alabama de hace 50 años. Ya no somos así. Tenemos que ponernos de pie y expresar nuestra opinión". Entones, en parte, es verdaderamente alentador confirmar que la gente finalmente se ve impulsada a participar por la naturaleza atroz de esta ley. Y seguiremos.

AM: ¿Qué tan grande es la población hispana en Alabama? ¿Por qué fue aprobada esta ley en Alabama?

I.R.: En Alabama hay una historia antigua de temor a los extranjeros. Realmente creemos que el núcleo de esta ley está dirigido a la comunidad hispana, no a los inmigrantes en general. Pero contamos con el apoyo de 2 mil personas en Alabama y continuaremos luchando por lo que es correcto con el apoyo de nuestros aliados.

Traducido por Kelly Kremko; editado por Gabriela Díaz Cortez.