Rabia, impotencia y temor se sienten en los múltiples escenarios afectados por la ley contra la inmigración aprobada por el estado de Arizona: la SB 1070 (Senate Bill 1070). Pero la norma se encuentra paralizada cautelarmente por la decisión tomada por la jueza federal Susan Bolton el pasado 28 de julio a petición del gobierno de Barack Obama. De este modo, ya no existe la exigencia de que los agentes de policía puedan comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones. También queda en suspenso la aplicación de otra sección que obliga a los inmigrantes a portar los documentos que demuestren su estatus legal en Arizona. Igualmente se suspende la sección que transformaba en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.

Pese a ello, esto no cambia la sensación general instalada desde hace meses. Sobrevuela aún el espectro de la norma que facultaba a la policía estadual a detener a los inmigrantes ante la "sospecha razonable" de que no tuviesen autorización de residencia. La "sospecha razonable" en Arizona, gobernada por la republicana Jan Brewer, se configura fácilmente con una tez oscura y un aspecto latinoamericano. Sería el caso de Shirley, de 31 años y originaria del estado mexicano de Guerrero. Lleva más de 12 años en Estados Unidos, pero ahora tiene que explicar a su hija que quizá deban irse. "Mamá, si nos vamos a México no tenemos nada, de chiquita me trajiste y yo no conozco", contesta la niña. Ella "es nuestra principal preocupación, queremos que vaya a la universidad y sea una profesional, pero si nos tenemos que ir, no sabemos qué va a pasar", asiente Shirley.

El gobierno de México tampoco sabe qué va a pasar. De hecho, lleva una década sin saberlo, a pesar de que hay al menos 10 millones de sus compatriotas viviendo y trabajando en el país vecino, de los cuales 6,5 millones serían indocumentados, según estimaciones del Departamento de Seguridad Interior estadounidense. Ante el Congreso de su país, Calderón dijo que la ley de Arizona "ignora una realidad que no puede borrarse por decreto", y exigió una exhaustiva reforma migratoria, insistiendo en que ambos países tenían la responsabilidad compartida de reparar un sistema migratorio ineficiente.

Se necesita "un trabajo de mucha más calidad e incidencia y una mejor diplomacia. Se trata de entender la dinámica en la cual podríamos incidir en las políticas públicas en Estados Unidos", manifestó la coordinadora de migración de la Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, Amanda González. En su semanario Desde la fe, la iglesia católica mexicana increpó especialmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores por desentenderse de lo que pasaba en Arizona y reclamó "un trabajo más intenso y eficaz" para frenar los "atropellos" cometidos en Estados Unidos.

Al menos desde 2000, cuando fue investido presidente Vicente Fox, México está colgado de promesas de un debate migratorio amplio y profundo con Washington. Mientras, se multiplicaron muros fronterizos, deportaciones, recortes de servicios sociales y políticas cada vez más restrictivas. Inclusive si el Congreso estadounidense discutiera este año una reforma migratoria, México no estaría libre de la peor pesadilla: que la legislación de Arizona marque una tónica nacional.

La postura de Calderón "es la de 'no queremos molestarlos'. Tendría que haber medidas bilaterales, pero con acuerdos serios", denunció la activista María García, del no gubernamental Movimiento Binacional por la Esperanza, con sede en Chicago. También hay mucha gente pensando cómo actuar en Phoenix, capital de Arizona, pero para sobrevivir sin ser apresada y condenada. Para empezar, "ya no vamos a llamar a la policía" aunque la necesitemos. Con esta ley todo será miedo", confesó Griselda, de 38 años.

Otros piensan simplemente en irse

"En nuestra comunidad mucha gente está pensando en salir", describió Antonio Velázquez, de 35 años y oriundo del pueblo de Ixchiguán, en el sudoeste de Guatemala. Para otros "es mejor irse porque aquí no nos quieren y nos están cerrando las puertas. Es triste que los republicanos estén haciendo estas cosas, y no piensen que la gente inmigrante sudó para que ellos comieran".

El total de la riqueza económica producida por trabajadores inmigrantes sumó 44 mil millones de dólares en 2004 en ese estado, según la Universidad de Arizona. Más de 35 mil empresas de Arizona cuyos propietarios son latinoamericanos facturaron unos 4.300 millones de dólares y emplearon a 39.363 personas en 2002, último año con datos disponibles, informa el American Immigration Council.

Pero no se trata de dinero, ¿o sí? Para Velázquez, las autoridades estaduales "simplemente ven al inmigrante como extraterrestre". En Guatemala la indignación sube por las gargantas, y se han organizado marchas y otras protestas. "Xenófoba" y "racista" son los epítetos más escuchados para definir la norma. "Criminaliza la migración, fomenta la xenofobia, la discriminación, el odio, el racismo y la persecución de inmigrantes", enumeró la secretaria ejecutiva de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala, Marila de Prinz.

"Esta señora gobernadora no se pone la mano en la conciencia", dijo en la capital guatemalteca Víctor Hugo Herrera, uno de los tantos deportados. "La gente lo único que está haciendo allá es luchando y trabajando honradamente", agregó. Eso era lo que él hacía en el matadero de la empresa Agriprocessors en Postville, una pequeña ciudad de Iowa. Detenido con otros 388 inmigrantes acusados de poseer documentación falsa, pasó cuatro meses tras las rejas y el 14 de octubre de 2008 fue deportado. Dos semanas atrás se empleó como peón agrícola en Guatemala por un jornal de cuatro dólares. "Está muy dura la situación aquí", se quejó, pero sólo para complementar que "ilegalmente no regresaría a Estados Unidos".

Este año y hasta el 23 de abril, 7.433 guatemaltecos fueron deportados por avión desde Estados Unidos. El año pasado las deportaciones sumaron 27.222, de acuerdo con la Dirección General de Migración. La ley de Arizona afecta a todo extranjero cuyo aspecto constituya "sospecha razonable". "Por ser morena ya te consideran un criminal", sintetizó María Alanis, una ciudadana estadounidense de 41 años, nacida en México. "Yo no sé si se les ha olvidado la historia, pero este estado es de inmigrantes", añadió. De casi seis millones de habitantes, 1,3 millones son extranjeros. Ella también tiene en la boca la palabra "impotencia", pero no exenta de "coraje para seguir adelante, para seguir luchando porque esto lo tenemos que vencer. Lo que no te mata te fortalece", concluyó.

El hermano de Ovidio Pérez pensaba regresar a su Guatemala. Así fue, sólo que volvió en un ataúd. "Mi hermano solía decir: 'Vine a trabajar porque tengo un hijo y, por lo menos, le quiero dejar un lugar para vivir cuando cumpla 18 años'", recordó Pérez. Los dos hermanos eran jornaleros. Buscaban trabajo en las calles de Phoenix que les diera entre ocho y diez dólares la hora. Rosalio Pérez, de 40 años, perdió la vida en uno de esos empleos. El 24 de julio cayó de una palmera que estaba podando. El incidente ocurrió pocos días antes de que la jueza federal Susan Bolton inhabilitara ciertos artículos de la controvertida ley SB 1070, como el que criminaliza a una persona que busca trabajo en la calle. La norma también prevé multas para los empleadores y las personas que trasladan o albergan inmigrantes sin documentos.

La Red Nacional de Jornaleros Organizados (NDLON, por sus siglas en inglés) recusó la ley y evalúa hacerlo de vuelta porque sus miembros viven situaciones límite en materia de derechos humanos. La norma no hará más que empeorar las cosas, según la organización. "Por eso no cantamos victoria", señaló el director ejecutivo de NDLON, Pablo Alvarado. El gobierno de Obama es responsable de lo que ocurre en Arizona, sostuvo.

El gobierno federal abrió la puerta a leyes de ese tipo con normas anteriores como la 287 (g), que otorga a la policía la potestad de hacer cumplir la legislación migratoria. "No hace más que crear consternación, terror en la comunidad y desconfianza hacia la policía y no ayuda a combatir el delito. La gente no cooperará si la pueden acusar de cometer un delito. Se criminaliza o se legaliza, el gobierno de Obama criminaliza", sentenció Alvarado.

"Los clientes se espantan", indicó Gerardo Pérez, jornalero mexicano que trabaja en una tienda de Phoenix. Otro jornalero mexicano de Morelos, Miguel Resendiz advirtió que no se irá pese a la nueva ley. Sabe que siempre estuvo la amenaza por los continuos allanamientos ordenados por Joe Arpaio, jefe de policía del condado de Maricopa. Arpaio está a la vanguardia de detenciones en los lugares de trabajo y de los jornaleros que buscan trabajo en la calle. Según su oficina, en las últimas 16 operaciones se ha logrado el arresto de cerca de mil inmigrantes, de los cuales 600 eran indocumentados.

Las consecuencias de la nueva ley no se van a sentir sólo en las calles. Los departamentos de policía que no hagan cumplir la ley serán demandados y multados. La ley fue un "éxito", proclamó su promotor Russell Pearce, pese a la decisión de la jueza federal de inhabilitar ciertos artículos. El senador del Partido Republicano está dispuesto a demandar a cualquier departamento que no la haga cumplir. "Las políticas de refugiados son ilegales en el estado de Arizona", subrayó, en alusión a lo que él considera que son normas de los departamentos de policía que pretendieran limitar las instancias en que los oficiales interroguen a una persona sobre su situación legal. "La ley permite al pueblo demandar al gobierno si no hace que se cumpla en su totalidad, está incluido en el texto. Tenemos una obligación con nuestra nación de defender esta frontera, el Estado de derecho y de frenar la situación aquí", amplió.

En cambio, hubo figuras del Partido Republicano que manifestaron su oposición a la ley de Arizona. El senador de ese partido Lindsey Graham opinó que la norma es "inconstitucional" y que "no representa la mejor solución" en el abordaje de la inmigración de indocumentados. El legislador republicano Connie Mack escribió un editorial titulado: "Por qué los conservadores deberían oponerse a la ley migratoria de Arizona".

Los jefes de policía de todo el país también han criticado la norma, diciendo que recargará a las agencias locales de aplicación de la ley, debilitará los controles comunitarios y perjudicará la seguridad pública. "Los oficiales de policía no pueden asumir la aplicación (de las normas migratorias) sin quitarles un tiempo sustancial a las prioridades que son más importantes para una agencia local de aplicación de la ley, como investigar y prevenir delitos violentos y contra la propiedad", observó George Gascón, jefe de policía de San Francisco, en el estado de California. Gascón, que fue jefe de policía de Mesa, la tercera ciudad más grande de Arizona, también apuntaló que los promotores de la ley basan sus argumentos en datos incorrectos: "En la mayor parte del estado, el delito viene disminuyendo, no aumentando".

No queda claro cómo harán las autoridades para implementar los otros artículos, como los que consideran un delito menor trasladar personas indocumentadas en un vehículo. Algunas organizaciones concentran su trabajo en actividades de educación. "Nadie nos va a salvar. La gente debe saber protegerse. Ganaremos si hay un gran esfuerzo de organización en el ámbito comunitario para controlar el trabajo de la policía", demandó Alvarado.

Los accidentes laborales entre jornaleros son habituales, según una encuesta realizada en todo el país en 2005. Una de cada cinco personas en esa situación sufrió algún tipo de lesión en su trabajo y más de la mitad no recibió atención médica el año en que fue hecho el estudio. Los jornaleros suelen ser destratados por sus empleadores, concluyó también la investigación realizada por la Universidad de California, con sede en Los Angeles.

"Es peligroso trabajar aquí. Comienzas un empleo, pero nunca sabes dónde terminarás", explicó Pérez, quien envió el cuerpo de su hermano a la localidad guatemalteca de San Marcos, gracias a donaciones de NDLON y del Consulado de su país. El todavía no quiere regresar porque necesita tiempo para procesar el duelo. Quiere reunirse con su familia cuando puedan sonreír y dar la bienvenida al hijo que regresó vivo. "Tengo que seguir adelante porque no puedo cambiar lo que ocurrió", confesó.

Una encuesta telefónica realizada por la firma Rasmussen Reports concluyó que el 70% de probables votantes en el estado de Arizona aprueban la legislación, mientras que apenas el 23% se oponen a ella. Otros sondeos estaduales y nacionales revelan resultados similares. Quienes se oponen a la medida, entre ellos las principales organizaciones de inmigrantes latinoamericanos, dicen que propiciará la discriminación en base a perfiles raciales. Al 53% de los votantes de Arizona les preocupa que los esfuerzos por identificar y reportar a inmigrantes indocumentados terminen violando los derechos civiles de algunos ciudadanos estadounidenses.

Florida se suma

El fiscal general de Florida y candidato en las primarias republicanas a gobernador del estado, Bill McCollum, planteó una legislación migratoria similar a la de Arizona, que exigiría a los agentes de policía local y estatal a comprobar si las personas a las que detienen están en el país de forma legal. Su proposición, de hecho, va más lejos que la de Arizona, ya que convertiría el trámite de comprobar si el ciudadano tiene papeles en una obligación. La ley de Arizona simplemente autorizaría a los agentes a hacer esa comprobación, sin forzarles a ello.

"Esta legislación ofrecerá nuevos medios para hacer cumplir la ley y para proteger a nuestros ciudadanos, y ayudará a nuestro Estado a luchar contra el problema causado por la inmigración ilegal. No permitiremos que Florida sea un santuario para inmigrantes ilegales", afirmó McCollum.

Florida es un estado de 18 millones de habitantes en el que reside una importante comunidad de inmigrantes del Caribe y de América Central y del Sur. Según cálculos de diversas agrupaciones, como la Federación para la Reforma Migratoria de Estados Unidos, allí viven unos 800 mil inmigrantes irregulares, que se dedican a la construcción, a los servicios y al cultivo y la recolección de la naranja.

El mismo McCollum ha sido uno de los responsables de llevar la reforma sanitaria impulsada por el presidente Obama a los juzgados, alegando dudas sobre su constitucionalidad. En las encuestas sobre las primarias republicanas de su estado, donde aspira a suceder al actual gobernador, Charlie Crist, ha ido perdiendo terreno frente a su contrincante, el empresario Rick Scott. Según un sondeo de finales de julio de la Universidad de Quinnipiac, perdería frente a éste por un 11% de los votos.