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Sábado 7 de Julio de 2012

México

"No dispares, soy periodista"

por Daniela Pastrana / Fotos: Humberto Díaz / Rosana Palermo

Las cifras son más que elocuentes. Mientras que en toda la Segunda Guerra Mundial murieron 68 periodistas, 36 en la guerra de los Balcanes, sólo en México, un país oficialmente en paz, casi 80 profesionales han perdido la vida en la última década. La lista se cierra, por ahora, con los cuatro caídos en Veracruz y uno en Morelos un mes atrás. Pero el cruel fenómeno parece no tener fin. ¿Qué dicen las autoridades? Silencio de hospital.

La prensa mexicana vivió la semana más roja de todo el gobierno de Felipe Calderón. En cinco días fueron asesinados cuatro periodistas –una mujer y tres hombres– en el estado de Veracruz, el más peligroso para ejercer el periodismo en este peligroso país; una plaza en disputa entre el cartel de los Zetas y el de Jalisco Nueva Generación, aliados del Chapo. Todos fueron torturados. La primera fue Regina Martínez, corresponsal del semanario político Proceso, uno de los medios nacionales más importantes. “Es una cacería”, dijo un reportero de Veracruz que pidió no publicar su nombre. “Estoy muy triste. No tengo ganas ni de salir a trabajar.”. La noticia movilizó al gremio periodístico, que nuevamente salió a las calles a exigir garantías para su labor. Lo había hecho en agosto de 2010, con una inédita y multitudinaria manifestación que, bajo el lema de “Los queremos vivos”, demandó justicia para los asesinatos de reporteros en la última década. Esta vez fueron varias jornadas de protestas en la capital del país y en una decena de ciudades, que se iniciaron el domingo 29 de abril, un día después de que fuera localizado el cuerpo de Martínez, estrangulada en su casa. “La vi en Veracruz hace dos semanas en un acto de campaña, platicamos… Sí pega eso: que veas a una compañera y 15 días después sea asesinada. La muerte de un periodista afecta a la sociedad en general, morir por publicar la información es lo peor que le puede pasar a la democracia”, comentó el periodista Jenaro Villamil, colaborador de Proceso.

 

 

Regina Martínez no conocía el miedo. Periodista honesta, comprometida, seria, incluso hosca para algunos de los que la conocían, firmaba, pese a las amenazas que recibía. De 49 años y con una larga experiencia profesional, siempre dedicada a aclarar las aguas turbias del poder, sus artículos aparecían en la agencia de noticias Apro, que publica el periódico Notiver, y eran los únicos que salían en este medio con su nombre sobre el problema de la inseguridad. Su última información trataba sobre la misteriosa muerte, el jueves 26 de abril, también por asfixia, del militante de izquierda Rogelio Martínez Cruz en el puerto de Veracruz. “Regina era una periodista incómoda. Trabajaba para un medio no controlado por las autoridades y eso le daba una gran libertad”, reveló su compañero de Proceso Jorge Carrasco. El periodista denunció que, desde hace dos años, cada vez que la revista publicaba un reportaje sobre un tema delicado en este estado, los ejemplares desaparecían: “Era una forma de secuestro. Llegaba un grupo de hombres al quiosco y se los llevaban todos”. Sobre la muerte de Martínez, su colega José Gil Olmos afirmó que “Regina ya tenía temores, amenazas, ni siquiera hacía vida social. Salía del trabajo y se iba a su casa, y en su casa la asesinaron”.


Durante el gobierno de Calderón, iniciado en diciembre de 2006, 45 periodistas fueron asesinados, casi el doble que en el mandato de su antecesor, Vicente Fox (2000-2006), los dos del conservador Partido Acción Nacional. Además, hay 14 reporteros desaparecidos, según el seguimiento de distintas organizaciones promotoras de la libertad de expresión. En su último informe, el Comité para la Protección de los Periodistas estadounidense (CPJ, por sus siglas en inglés) incluyó a México en la lista de 12 países que olvidaron proteger a sus comunicadores en los últimos nueve años (2002-2011). “Simplemente no hay protección. ¿Cuántos periodistas más van a seguir esa suerte? ¿Cuántos más y por qué?”, cuestionó Mike O'Connor, representante en México del CPJ, quien considera que ninguno de los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal– ha hecho lo suficiente para proteger a quienes ejercen la labor de informar. 

 

El jueves 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización Freedom House mantuvo a México en la categoría de “país no libre”, a la que había descendido en 2011, y como uno de los más violentos de América Latina y del mundo. En la lista de 197 países, México ocupa el lugar 139, junto a Argelia, Guinea, República Centroafricana y Honduras. Y en América Latina está en el sitio 32 de 35 países, otra vez empatado con el país centroamericano. El jueves 3 hubo protestas en varios estados del sur que tienen serios problemas de censura y agresiones a la prensa, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Pero aún se procesaban las noticias sobre informes y marchas cuando se confirmó la identificación de los cuerpos de los fotorreporteros Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez. Los dos últimos habían sido reportados como desaparecidos por sus familiares en Veracruz.

 

Huge fue uno de los ocho periodistas que en 2011 –después de que fueron asesinados tres reporteros del periódico en el que trabajaba– huyeron del estado. Según algunos medios locales, llevaba una semana de regreso a Veracruz, aunque el gobierno estadual no le brindó medidas de protección. Los tres cuerpos fueron localizados junto con un cuarto –el de Irasema Becerra, novia de uno de ellos–, desmembrados y en bolsas negras de plástico, en un canal del puerto de la ciudad de Veracruz, la más importante del estado homónimo. La organización internacional Artículo 19 aseguró que las autoridades federales y estaduales sabían que los fotorreporteros recibían amenazas desde octubre de 2011. “Ni los representantes de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior), ni las autoridades del estado de Veracruz tomaron medidas para garantizar la seguridad de los periodistas, quienes formaban parte de un grupo aún mayor de desplazados”, alertó la organización a través de un comunicado. 

 

La presión de los periodistas, expresada en redes sociales, obligó al gobierno y a los candidatos presidenciales a pronunciarse sobre los crímenes. La oficina presidencial sostuvo en un comunicado que el mandatario había instruido al secretario (ministro) de Gobernación, Raúl Poiré, contactar al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y tomar medidas de seguridad para los comunicadores. Sin embargo, el gesto resultó insuficiente. El viernes 4 de mayo, se efectuó una nueva marcha hacia la sede de la Secretaría de Gobernación, para cuestionar el interés de las autoridades en proteger la libertad de prensa. 

 

La ola de violencia que recorre México, que ha causado desde 2007 más de 50 mil muertos, ha cambiado la forma de hacer periodismo. Muchas fuentes se han secado por miedo, se ha sacrificado la exclusividad y, en gran número de casos, las firmas. Publicar un video, una pancarta o levantar un teléfono puede costar vidas. “El oficio de informar se ha convertido en México en una actividad de altísimo riesgo, ante la inmune ofensiva de grupos de la delincuencia organizada y de autoridades e instituciones penetradas y a veces virtualmente manejadas por esos delincuentes”, dice el comunicado que leyeron en el acto Julio Hernández, columnista del periódico La Jornada, y Jesusa Cervantes, reportera de Proceso. Mientras que el sábado 5 se convocó a una velada en el monumento capitalino Angel de la Independencia, en la que los periodistas movilizados definieron nuevas acciones para enfrentar la emergencia y apoyar a sus colegas de Veracruz, estado que en un año sumó ocho reporteros asesinados, uno desaparecido, un periódico incendiado y dos tuiteros encarcelados.

 


La violencia se filtra en la infancia mexicana

Texto: Emilio Godoy


Tal como Iguana, personaje que en el filme Días de gracia (2011) custodia a un secuestrado, una cantidad indeterminada de adolescentes y hasta niños mexicanos aficionados al fútbol y a otros juegos aparecen involucrados, voluntariamente o por la fuerza, en ese tipo de delitos. Expertos consultados consideran que niñas, niños y jóvenes se encuentran desvalidos frente a la creciente violencia en México. “La tendencia de la violencia armada es tan grave que ha alcanzado a la infancia”, aseguró Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). “La pregunta es por qué se siguen matando y pareciera que aquí no pasa nada, mientras que en otro país esto sería una emergencia nacional”, cuestionó el titular de esta coalición que aglutina a 73 organizaciones no gubernamentales que promueven el respeto a los derechos de la infancia y la aplicación de políticas públicas para ese segmento poblacional. 


La tasa de mortalidad general entre los menores de 18 años crece desde 2008 en este país que tiene 39 millones de sus 112 millones de habitantes en esa franja etaria. Datos del Sistema Nacional de Indicadores en Salud (Sinais) indican que pasó de 2,3 casos por cada 100 mil habitantes ese año a 3,6 en 2010, cuando se registró el mayor número de muertes en el último decenio. La franja de entre 15 y 17 años fue la más golpeada, con 10,7 muertes cada 100 mil personas en 2009 y 14,4 en 2010. “El Estado ha dejado un vacío institucional propio de estados débiles, fallidos. Hay patrones de errores a ese nivel”, señaló el presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, el profesor universitario Edgardo Buscaglia, ex asesor de la Organización de las Naciones Unidas. En sus estudios, ha encontrado que en ocho de cada 10 expedientes judiciales abiertos desde 2003 están involucrados menores de edad. Buscaglia, especialista argentino en temas de seguridad, también aseveró que en México se registran 44 de los 58 tipos de violaciones de derechos humanos a menores que enumeran los convenios internacionales.


Dentro de la campaña “Infancia sin violencia” lanzada en noviembre, la Redim aplica el Mapa Geo-referencial sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes para identificar y prevenir las agresiones armada, física y sexual en contra de esa fracción poblacional. Esta herramienta tecnológica permite que los ciudadanos puedan enviar reportes de casos de esas tres variantes y así construir una base de datos para rebatir la falta de información oficial fiable sobre el fenómeno. “Los niños están involucrados en toda la línea de la industria. Los más pequeños trabajan como vigilantes, los más grandes se ocupan del traslado de la droga y a partir de los 16 años empiezan a ser contratados como sicarios”, cita el informe de 2011 titulado “Infancia y conflicto armado en México”. La mayoría de los casos han ocurrido en los norteños estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como en el sureño Guerrero, en los cuales hay fuerte presencia militar, policial y de organizaciones de narcotraficantes.


Organizaciones no gubernamentales calculan que entre 30 mil y 50 mil mexicanos menores de 18 años trabajan para las mafias de las drogas. El especialista Buscaglia ha analizado 22 actividades criminales, como tráfico y trata de personas y lavado de dinero, y ha constatado 784 vacíos institucionales en bolsones territoriales de México. El informe alternativo sugirió la investigación de los asesinatos y la persecución penal de los autores de esos crímenes, la creación de una defensoría de los derechos de la infancia e instaurar un sistema de datos sobre víctimas y autores de delitos ligados al narcotráfico. 


“La respuesta debe ser buscar maneras para que los jóvenes no caigan y a los que ya cayeron garantizarles una vida digna. Nuestras comunidades no pueden tolerar más violencia, no se puede construir desde la violencia institucionalizada”, planteó Consuelo Morales, directora de la no gubernamental Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, quien el año pasado recibió el premio Alison Des Forges al Activismo Extraordinario, la más alta distinción de la organización no gubernamental estadounidense Human Rights Watch.

 

 

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