por Marina Litvinsky / Fotos: archivo EFE
Según un estudio, así como la mayoría de las drogas producidas en México se consumen en Estados Unidos, éste le proporciona armas de fuego a los violentos narcotraficantes que en los últimos años han puesto en vilo la seguridad nacional mexicana. La amenaza de que la violencia traspase las fronteras alertó incluso al presidente Barack Obama, que ha manifestado su preocupación por la violencia en el área, en especial en Ciudad Juárez y en Tijuana, y llamó a mantener controlada la situación.
Gran parte de las armas de fuego esgrimidas por violentos narcotraficantes mexicanos proceden de Estados Unidos, según la Contraloría General (GAO), órgano estatal independiente que funciona en la órbita del Congreso legislativo en Washington.
Funcionarios de los dos gobiernos entrevistados para un informe publicado el jueves por la GAO aseguraron que el poder letal de los carteles aumentó mucho en los últimos años, pues cuentan, incluso, con rifles semiautomáticos de gran calibre, como de los tipos AK-47 y AR-15. "Es sencillamente inaceptable que Estados Unidos no sólo consuma la mayoría de las drogas que fluyen desde México, sino que también arme a los propios carteles que contribuyen con la violencia devastadora que sufre a diario" el país latinoamericano, dijo el representante Eliot L. Engel.
Presidente del Subcomité para Relaciones con el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, Engel fue quien encargó a la GAO que analizara, por primera vez, este asunto.
Resulta imposible saber la cantidad de armas traficadas ilegalmente hacia México, pero un dato revelador es que 87% de las confiscadas en los últimos cinco años procedían de su vecino septentrional, según datos del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Muchas procedían de tiendas y ferias de estados fronterizos, como Arizona, California y Texas.
Autoridades de ambos países estimaron que la mayoría de las armas contrabandeadas se integran en los arsenales de las organizaciones de narcotraficantes mexicanos que controlan la mayor parte del flujo de drogas a Estados Unidos.
"No veo muchas sorpresas" en el informe de la GAO, dijo Maureen Meyer, experta en asuntos de México y América Central de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). "Creo que es un análisis adicional e importante sobre diferentes debilidades existentes en el sistema estadounidense" y que establece "obligaciones para los dos países", agregó.
La violencia con armas de fuego en México aumentó radicalmente en los últimos años: los asesinatos relacionados con el narcotráfico, por ejemplo, pasaron de 2.275 en 2007 a 6.500 el año pasado. Muchos en Estados Unidos temen que la violencia criminal en México cruce la frontera hacia el norte. También el presidente Barack Obama ha manifestado su preocupación por la violencia en el área, en especial en Ciudad Juárez y en Tijuana, y llamó a mantener controlada la situación.
La Estrategia Nacional Antidrogas para la Frontera Sudoccidental 2009 elaborada por el gobierno estadounidense propone desplegar nuevas tecnologías, impulsar la recopilación de información de inteligencia y requisar más barcos, aviones y automóviles que trafiquen armas, drogas y dinero en efectivo. La Estrategia incluye, por primera vez, un capítulo sobre la lucha contra el contrabando de armas a México. Sin embargo, la cooperación bilateral en la materia se remonta ya a los años 70.
De todos modos, los esfuerzos en la lucha contra el contrabando de armas siempre ha sido un componente menor de la cooperación bilateral. En el pasado, el gobierno mexicano consideraba que ese tráfico ilícito debía ser atacado por el de Estados Unidos, porque se originaba en ese país. Pero en los últimos años ha advertido que ése es el problema que más afecta la seguridad nacional, y, por lo tanto, incorporó esa preocupación en sus políticas. "La cuestión de las armas no se consideraba cuando discutíamos sobre narcotráfico, pero ahora es parte del diálogo con nuestros pares estadounidenses", dijo el secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna.
Según el informe de la GAO, el gobierno estadounidense afronta grandes desafíos en el combate a las ventas ilegales de armas en su territorio y en detener su flujo hacia México. Funcionarios entrevistados para el reporte identificaron entre los problemas clave las restricciones al registro de información sobre compras de armas y la falta de controles en el sector comercial privado.
Además, las agencias estadounidenses brindan a México asistencia técnica y operativa muy limitada contra el tráfico de armas. No constan fondos específicos en ese sentido en la Iniciativa de Mérida, que, dotada de 1.400 millones de dólares a lo largo de tres años desde 2008, es el mayor paquete de ayuda antidrogas de Washington a su vecino meridional.
Por otra parte, esas agencias, en general, no han recogido ni analizado información que pueda ser útil para planificar estrategias y evaluar los resultados en el combate al contrabando de armas rumbo a México. Tampoco se implementaron medidas propuestas por los funcionarios, como el establecimiento de un grupo de trabajo bilateral contra ese tráfico que involucre a varias instituciones de ambos países.
"Es inconcebible que durante un año y medio no hayamos tenido una estrategia interagencias para atender este gran problema, y que hayamos dependido del esfuerzo descoordinado de varias agencias", dijo Engel.
El informe de la GAO constató que la asistencia estadounidense se vio limitada por el uso apenas parcial por parte de los funcionarios mexicanos del sistema eTrace de rastreo electrónico de armas de fuego implementado por el ATF. Las autoridades mexicanas se han visto en dificultades para introducir información en el sistema, pues su versión en español no ha sido distribuida por todo el país.
Según funcionarios de los dos países, la corrupción generalizada en las instituciones mexicanas de orden público a nivel local, estatal y federal obstaculiza los esfuerzos estadounidenses por el desarrollo de alianzas efectivas contra el tráfico de armas. Las autoridades federales mexicanas ya están implementando medidas en ese sentido –como el uso de pruebas psicológicas y con polígrafos a funcionarios e incrementos salariales–, pero su plena vigencia insumirá mucho tiempo.
Fuente: IPS.
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