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Viernes 13 de Julio de 2012

Paraguay

Quiebre institucional

por Natalia Ruiz Díaz / Fotos: Florencia Codesal / Carlos Pérez

El Senado de Paraguay decidió por 39 votos a favor y cuatro en contra destituir a Lugo por su manejo de una reciente disputa de tierra en la que murieron diecisiete personas. Lugo es un ex obispo conocido por defender los derechos de los campesinos. Su elección a la presidencia en 2008 puso fin a más de 60 años de gobierno del derechista Partido Colorado. Lugo anunció que formará un gobierno alternativo y describió su remplazo como ilegítimo. Países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Venezuela, Chile y Uruguay también condenaron el derrocamiento de Lugo y retiraron a sus embajadores de Paraguay.

El Senado de Paraguay destituyó el 22 de junio al presidente Fernando Lugo, tras un juicio político de unas horas, en una decisión amparada formalmente en la Constitución del país, que abrió una crisis institucional en su débil democracia y recibió la condena de América Latina. Lugo acató el fallo sumario del Senado, que actuó como tribunal inapelable, y casi de inmediato ese cuerpo legislativo juramentó en su reemplazo al vicepresidente Federico Franco, quien debe completar el mandato, que concluye en agosto de 2013. El Senado desoyó las exhortaciones provenientes de las capitales americanas, desde Washington a Buenos Aires, a realizar un proceso con garantías para la defensa y el debido proceso. Ni siquiera la presencia de una misión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) logró aplazar el juicio o enlentecer el proceso.

 

Mientras cientos de manifestantes rechazaban en las calles la destitución de Lugo, un ex obispo católico de 61 años proveniente de la izquierda moderada, la Unasur proclamó el desconocimiento colectivo del gobierno de Franco y otras medidas de sanción. Presidentes de varios países sudamericanos calificaron la salida de Lugo como un golpe de Estado y anunciaron su no reconocimiento del nuevo gobierno. Algunos también plantearon la expulsión de Paraguay de los bloques a los que está integrado. América Latina se enfrenta a una nueva crisis institucional, después de la desatada en junio de 2009 en Honduras, con la detención y expulsión del país del presidente Manuel Zelaya, en un golpe cívico militar en el que participó el Congreso legislativo.

 

Unasur y otras asociaciones regionales a las que pertenece Paraguay tienen en sus tratados cláusulas democráticas que imponen sanciones, incluida la expulsión, a los países que incurran en rupturas institucionales. Tras conocer la decisión, Lugo dijo en un mensaje público que “salgo por la puerta grande”, después de haberse convertido en 2008 en el político que rompió la hegemonía de 61 años en el gobierno del Partido Colorado, al frente de un proyecto de inclusión social, en uno de los países del mundo con mayor desigualdad. Llamó a la población a la serenidad, ante lo que calificó como “una herida profunda a la democracia paraguaya”. Su destitución es la primera de un gobernante tras la del dictador Alfredo Stroessner, en 1985, luego de 35 años de liderar un régimen signado por la violación de los derechos humanos.

 

“Fernando Lugo no responde a clases políticas, ni a la mafia ni al narcotráfico, este ciudadano no es turbio”, señaló en tercera persona el mandatario derrocado, después de no acudir al juicio que le siguió el Senado a pedido de los congresistas, por “mal desempeño de sus funciones”. Votaron por su destitución 39 senadores, cuatro lo hicieron en contra y dos estuvieron ausentes. De inmediato asumió Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que, hasta su sorpresivo cambio hace escasos días, era el principal respaldo parlamentario de Lugo. Ahora alcanza el gobierno, aunque en forma provisional y polémica, por primera vez en 70 años de vida.

 

“Hoy, en el Paraguay, mediante un mecanismo constitucional se da la alternancia”, manifestó Franco tras su juramento y prometió a la comunidad internacional el respeto irrestricto de las leyes y tratados. Anunció medidas a favor de la reforma agraria y prometió justicia para el caso de la muerte de 11 campesinos y seis policías en un enfrentamiento sucedido el 15 de junio, durante un desalojo en una hacienda del municipio de Curuguaty, al norte del país. Ese fue el caso utilizado por los congresistas, el jueves 21, para convertirse en acusadores de Lugo y abrir el juicio político. La mayoría opositora parlamentaria, liderada por el Partido Colorado, logró el apoyo del PLRA para el juicio político cuando faltan solo nueve meses para las elecciones generales.

 

Lugo ganó las elecciones en abril de 2008, respaldado por la Alianza Patriótica para el Cambio, un conglomerado de partidos y movimientos políticos y sociales, que incluía desde el PLRA a organizaciones de izquierda. Para el analista Alfredo Boccia, este escenario benefició en forma directa a Franco, obviamente, pero perjudica al país porque lo deja en un clima de profunda incertidumbre: “A Franco no le será fácil gobernar, porque no va a tener legitimidad. Recordemos el caso de Honduras y el impacto en su economía. Cuando lo sacaron a Zelaya de una forma muy parecida, la economía fue seriamente perjudicada. Y eso mismo puede pasar en Paraguay”.


Por su parte, el analista Bernardino Cano Radil, cercano al Partido Colorado, sostuvo que no hay cambio de gobierno, sino de presidente. “El PLRA es parte del gobierno de Lugo, ganó con los mismos votos”, indicó. La salida de Lugo es producto de un acuerdo entre los dos partidos tradicionales e históricamente antagónicos, el PLRA y el Colorado. “Lo que se espera a partir de ahora es que Franco tenga la sensatez de entender que es un presidente provisorio, que se espera que garantice la seguridad, el respeto a la Constitución nacional y las próximas elecciones”, apuntó Cano. En su mensaje de asunción, Franco prometió entregar la banda presidencial el 15 de agosto de 2013 a quien resulte elegido en los comicios de abril.

 

El principio del fin


Lo que hay que resaltar es que la muerte de 17 campesinos sin tierra y policías evidenció una vieja lucha y las heridas aún no cicatrizadas: una red de intereses políticos y económicos, la existencia de un conflicto muy enquistado, el peligro de una explosión social y la vuelta a la mano dura en materia de seguridad. La tenencia de la tierra en Paraguay es uno de los mayores problemas sociales de este país. “Lo ocurrido muestra claramente que se quiere deslegitimar la lucha social, los reclamos que el campesinado viene haciendo desde hace varias décadas como la recuperación de las tierras mal habidas”, alertó el dirigente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, Luis Aguayo.

 

El violento desalojo se produjo en una hacienda de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú y a 380 kilómetros al noreste de Asunción. El establecimiento está a nombre de la compañía Campos Morombí SAC y Agropecuaria, perteneciente al dirigente político y empresario Blas N. Riquelme, también perteneciente al Partido Colorado. Se trata de tierras reclamadas como propiedad del Estado por la Procuraduría General y por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. También sostuvo que esa propiedad es pública la Comisión Verdad y Justicia (CVJ), que funcionó entre 2003 y 2008 para investigar los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Stroessner.

 

En su informe final, titulado “Para que no vuelva a suceder”, la CVJ estableció que la propiedad fue donada por la empresa La Industrial Paraguaya SA al Estado, que a su vez lo declaró de interés social y lo destinó a la reforma agraria. “No podemos dejar que las conquistas democráticas que hemos logrado a lo largo de tantos años de lucha sean coartadas”, apuntó Aguayo, cuya organización denunció abiertamente que la violencia la originó un grupo infiltrado, con el fin de provocar un incidente sangriento y generar así una crisis política.

 

Cano Radil achacó el enfrentamiento a grupos armados, ligados al ahora ex gobierno de Lugo. Añadió que “el trasfondo es que hay sectores, que bien pueden ser de extrema izquierda como de extrema derecha, que no quieren que haya elecciones en 2013”. Cano aseguró que parte importante del problema es que en Paraguay hay “vastas zonas que son territorio liberado”, donde el Estado no ejerce control y, según afirmó, el cultivo de marihuana está muy extendido. “Es evidente que los narcoguerrilleros pudieron haber estado tras lo ocurrido”, argumentó.

 

Por su parte, el sociólogo Ramón Fogel advirtió que el origen de lo ocurrido es la tenencia irregular de al menos ocho millones de hectáreas de tierras en Paraguay. Recordó que en enero, se produjo otro conflicto, esta vez en Ñacunday, en la frontera con Brasil, en el que murieron ocho campesinos. “Ese es el tema que todos los sectores deben sentarse a discutir serenamente, cediendo cada cual lo que corresponda para lograr la paz social. De lo contrario, la violencia se irá apoderando del país irremediablemente”, aseguró. Para Fogel, la matanza de Curuguaty tiene detrás desigualdades seculares, cada vez más pronunciadas, que marginan a los campesinos del desarrollo.

 

El conflicto por la tenencia de la tierra es una de las aristas más complejas y urticantes de esa marginación, en un país muy rural, sin visos de solución real por falta de voluntad política de los poderes que deben impulsarla. “El Poder Judicial no posibilita recuperar las tierras mal habidas para poder iniciar un proceso verdadero de transparencia en cuanto a titularidad y otros aspectos”, concluyó.

 

El último censo agropecuario, de 2008, da cuenta de que el 85,5% de las tierras están en manos del 2,06% de la población de Paraguay. La CVJ fijó en 6,75 millones las hectáreas adjudicadas ilegalmente durante el régimen de Stroessner y un millón adicional en los siguientes 15 años. Eso supone que el 64% de las tierras adjudicadas entre 1954 y 2008 lo fueron irregularmente. En total, las llamadas tierras “mal habidas” suman el 33% de la superficie agrícola paraguaya y el 19% del territorio nacional, dictaminó la CVJ. Fogel puso sobre la mesa otro aspecto evidente en la sociedad: “El odio hacia el paraguayo pobre, hacia el campesino, sobre todo en los estamentos de poder”, en un país de 6,4 millones de habitantes, de los cuales 2,6 millones residen en áreas rurales.

 

 

 

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