Los dueños del yacimiento San José, donde desde el pasado 5 de agosto se encuentran atrapados 33 mineros a 700 metros de profundidad, pidieron disculpas a los chilenos por el derrumbe sufrido en la veta en una comparecencia ante la Comisión de la Cámara de Diputados.

Los ejecutivos Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, en medio de una gran expectación mediática, declararon este martes ante la comisión designada para investigar las causas del derrumbe de la mina siniestrada donde los obreros cumplen 26 días atrapados. Fuentes legislativas confirmaron que la comparecencia de los dueños de la mina ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados "no tiene hora de término". La instancia legislativa busca determinar las responsabilidades políticas en el registro de supuestas irregularidades, por medio de las cuales se habría permitido la reapertura del mineral en la región de Atacama.

Durante la comparecencia Bohn pidió "disculpas al país por el sufrimiento causado, debido al impacto que ha generado el prolongado encierro de los trabajadores". En tal sentido el empresario detalló al Congreso los estudios que pidió el Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) para mejorar la seguridad en la mina. Sostuvo que tras el accidente registrado en el yacimiento en 2006, la mina estuvo 11 meses paralizada, período durante el que se hicieron los estudios pertinentes y se repararon las rampas inseguras. Respecto a este punto, Bohn fue enfático al explicar que "ninguno de los ejecutivos ha hecho presión indebida a autoridades", aunque precisó que sí recurrieron a ellas "ante la paralización parcial de la mina". De esta forma el ejecutivo explicó que como dueños del yacimiento habrían cumplido con los trámites que en su momento se solicitaron, siguiendo el conducto regular para solicitar la autorización de funcionamiento del mineral.

El pasado 26 de agosto, la justicia chilena ordenó retener 900 millones de pesos (1,7 millones de dólares) a la empresa minera San Esteban, dueña del yacimiento San José, como medida preventiva ante la demanda que presentó un grupo de 26 familias que se encuentran afectadas por el accidente. La titular en funciones del juzgado de Letras de la ciudad norteña de Copiapó, Mirta Lagos Pino, fue la encargada de ordenar la retención del dinero que correspondería a los pagos que la Empresa Nacional de Minería (Enami) debía cancelar a la mencionada empresa. El Ministerio de Minería ha señalado en reiteradas oportunidades que la empresa San Esteban debe responder sus compromisos con sus 140 empleados y también cancelar las futuras indemnizaciones que correspondan por el derrumbe de hace 26 días.

El pasado 23 de agosto, el presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció sanciones para "todos los que tengan responsabilidades" en el accidente de la mina.

Fuente: EFE