Las torturas policiales, una ofensiva contra la libertad de prensa y el derecho de reunión, más el regreso de métodos de intimidación y colaboración forzada típicos de la KGB son parte de las "alarmantes" violaciones a los derechos humanos en Ucrania, denuncian distintas voces. Los críticos dicen que el presidente Viktor Yanukovych, quien asumió el cargo en febrero, está convirtiendo a este ex estado soviético en una dictadura. Opositores afirman haber sido acosados, se han producido violentas dispersiones de protestas pacíficas contra el gobierno, y otros sostienen que el servicio secreto del país ha vuelto a usar los métodos de la KGB. Con esas siglas se conoció al Comité para la Seguridad del Estado, agencia de inteligencia de la disuelta Unión Soviética.

"Hay señales de que las cosas están empeorando, y nos preocupa mucho el estado de los derechos humanos en Ucrania", indicó Heather MacGill, experta de Amnistía Internacional. En un episodio que los activistas citan como ejemplo de violación a los derechos humanos desde que Yanukovych arribó al poder, varios ambientalistas fueron arrestados en la ciudad de Kharkiv durante una manifestación pacífica contra la tala ilegal en un parque. Algunos testigos aseveran que una fuerza de seguridad privada, contratada por el concejo local, y también lugareños que practicaban la tala ilegal, golpearon a los manifestantes antes de ser detenidos y entregados a la policía. Dos de los activistas fueron sentenciados a 15 días de cárcel, por cargos completamente injustificados, informaron las organizaciones de derechos humanos. La policía también se mantuvo al margen cuando los taladores comenzaron a derribar árboles, mientras los manifestantes, algunos de los cuales se habían encadenado a ellos, seguían atados a las ramas. Algunos resultaron heridos y, según los testigos, les negaron asistencia médica.

"Este acontecimiento de Kharkiv es muy perturbador, y por su naturaleza podría ser una señal de que las cosas han empeorado, porque hasta ahora no hemos tenido ninguna gran preocupación por la libertad de expresión", sostuvo MacGill. Periodistas locales dicen que el gobierno ha iniciado una sistemática campaña de censura en los medios de comunicación, dictando lo que debe informarse y transmitirse. Algunos han sido víctimas de intimidaciones físicas. La censura de prensa abundaba previa a la Revolución Naranja de 2004. La mayor libertad de los medios fue ampliamente considerada como uno de los grandes éxitos de la revolución. Periodistas de los canales locales STB y 1+1 proclaman que ciertos temas, como la hambruna masiva que tuvo lugar en los años 30 en Ucrania, instigada por el líder soviético Jósef Stalin (1878-1953), o las críticas a las autoridades y las investigaciones sobre las finanzas personales de los políticos, están ahora fuera de los límites de lo que se puede informar. Varias crónicas son completamente re-editadas, argumentan.

Por su parte, Yanukovych niega que las autoridades estén presionando a los medios. Pero los críticos dudan de su sinceridad. Estos notan que en los últimos tiempos el gobierno inició una campaña para conferirle al presidente la potestad de contratar y despedir jueces. El departamento del Ministerio del Interior que controlaba el cumplimiento de los derechos humanos fue eliminado. Las organizaciones de derechos humanos también se quejan de las crecientes restricciones al derecho de reunión. La Unión de Derechos Humanos de Helsinki en Ucrania destaca que en los últimos meses los tribunales empezaron a prohibir reuniones, se envió a policías a dispersar protestas contra el gobierno y se detuvo a activistas. Además, se advierte que las libertades civiles se ven más erosionadas a medida que el servicio secreto ucraniano vuelve, con aparente impunidad, a métodos de intimidación y colaboración forzada inconfundibles de la KGB.

El rector de una universidad relató públicamente semanas atrás cómo un agente del servicio secreto se le acercó para decirle que avisara a los estudiantes que lo que se percibiera como actividades ilegales realizadas en las protestas contra las autoridades ucranianas podría dar lugar a un juicio. Entre esas actividades ilegales incluyó las manifestaciones no sancionadas por las autoridades. Más tarde, el agente intentó obligarlo a firmar una carta declarando que había entendido su contenido y que el servicio guardaría esa misiva como antecedente. El rector se negó a firmar. "No creemos que esto haya sido un incidente aislado. Esto sugiere que el servicio secreto ucraniano confía cada vez más en que puede operar con impunidad", aseguró MacGill. Para Amnistía Internacional, el continuo uso de la tortura por parte de la policía -característico de la fuerza bajo todos los regímenes políticos anteriores- prueba que ha cambiado poco la actitud de las flamantes autoridades en relación a los abusos a los derechos humanos. "Luego de la Revolución Naranja no hubo ninguna mejora en la tortura y el maltrato a prisioneros, y no hubo absolutamente ningún cambio desde que asumió el nuevo presidente", afirmó MacGill.

Amnistía Internacional ha instado al presidente Yanukovych y a su gobierno a que garanticen la rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos, adecuando las leyes y prácticas nacionales a las normas internacionales. El documento que la ONG ha dirigido al mandatario, Put deeds before words: Deliver human rights for Ukraine, contiene recomendaciones sobre cómo proteger a las personas en Ucrania de la tortura y otros malos tratos bajo custodia policial, y de la discriminación racial. También propone algunas medidas para proteger los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo.

"Las nuevas autoridades de Kiev no deben echar por tierra los progresos en la protección de los derechos humanos que ha hecho Ucrania en los últimos 20 años", aseguró Nicola Duckworth, directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central. La organización estadounidense Freedom House, que defiende los derechos humanos, previno que Ucrania corre el riesgo de perder su estatus de país libre. En julio pasado, la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa emitió un informe alarmante sobre la situación de los derechos humanos en este país.

La llegada al poder de Yanukovych

El resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales representó una recuperación excepcional para Yanukovych, el candidato opositor que encarnaba al antiguo régimen soviético y que cinco años atrás fue relegado por la Revolución Naranja. El caos político y económico hizo que las expectativas dieran lugar a la decepción con el gobierno prooccidental del saliente presidente Viktor Yushchenko y la primera ministra Yulia Timoshenko. Gracias a ese desencanto, y tras una campaña marcada por acusaciones mutuas de conspiración para arreglar el resultado electoral, Yanukovych obtuvo el 48,8% de los votos en la segunda ronda electoral el 7 de febrero, seguido de cerca por Timoshenko, con el 45,6%.

El principal resultado de la primera ronda, realizada el 17 de enero, había sido la clara derrota del presidente Yushchenko y su línea antirrusa. Pese a la fatiga popular por las elecciones anuales, la participación electoral fue cercana al 70%. Representantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y la Unión Europea (UE) encontraron libres y justos los comicios, e instaron a todas las partes a aceptar los resultados.

Yanukovych logró la victoria con un mensaje de unidad nacional, moderación geopolítica y estabilidad política y económica, para un país que ha estado dividido e inestable desde la Revolución Naranja. "Creo que hemos dado el primer paso hacia la unión del país. No escatimaré ningún esfuerzo para que los ucranianos, sin importar en qué parte del país vivan, se sientan protegidos y en paz en una nación estable", alegó en ese momento el nuevo presidente.

Acusado durante años de no ser auténticamente democrático, Yanukovych señaló que, aunque considera "una pesadilla" el período siguiente a la Revolución Naranja, no se oponía a las consignas democráticas prooccidentales promovidas en aquel entonces. Aunque está claro que las relaciones con Rusia continuarán por la vía de la normalización, la principal pregunta es en qué medida los gobiernos occidentales aceptarán a Yanukovych como un socio confiable. Si bien no promete el ingreso a la UE a corto plazo, su apoyo a una europeización gradual testimonia que el objetivo de incorporarse al bloque regional se ha vuelto consensual en las elites políticas de Ucrania. Las elecciones también pusieron de manifiesto que los ucranianos están menos preocupados por las cuestiones nacionales, simbólicas e históricas promovidas por el actual presidente que por la difícil situación socioeconómica. Yanukovych heredó un país sumido en una profunda crisis económica. Y se encuentra tratando de demostrarle al Fondo Monetario Internacional que es un miembro más leal que sus antecesores para poder obtener los créditos que el país necesita.

Las promesas de democratización e integración con Occidente, constantemente formuladas por los candidatos desde las protestas masivas de 2004 que llevaron a Yushchenko al poder, contrastan con la dura realidad de una república post-soviética que padece graves problemas económicos y políticos. Ya desde los comicios de 2004, que se reiteraron debido a acusaciones de fraude confirmadas por organizaciones internacionales, la elite política de Ucrania ha estado comprometida en una dura lucha interna que ha derivado en la caída de los dos principales símbolos de la Revolución Naranja: Timoshenko y Yushchenko.

Sin embargo, ya quedaron lejos los tiempos en que la UE parecía alentar a este país de 50 millones de habitantes a cumplir con las condiciones para postularse a la membresía. "Hay una 'fatiga de Ucrania' tanto en las capitales europeas como en Washington, pero Ucrania todavía es un país demasiado grande e importante para fracasar, así que ellos no están mirando con indiferencia", confesó Natalia Shapovalova, analista ucraniana en la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, con sede en Madrid.