HONDURAS: EL LARGO MANTO DE LA IMPUNIDAD

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La líder indígena y activista ambiental hondureña Berta Cáceres fue asesinada en su casa en La Esperanza, su ciudad natal. Cáceres era una de las más destacadas activistas en favor de los derechos de los indígenas sobre la tierra en su país. En 1993, cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización que desde hace año enfrenta amenazas y represión. Según Global Witness, Honduras se ha convertido en el país más peligroso del mundo para los defensores del medioambiente. Entre 2002 y 2014, más de cien activistas ambientales murieron allí.

Texto: Thelma Mejía / Fotos: Alfonso Guardiola / Felipe Trigueros

El brutal asesinato en Honduras de la líder indígena y ecologista Berta Cáceres, el 3 de marzo, mientras dormía en su casa en la occidental ciudad indígena de La Esperanza, representa la última muestra de la alta vulnerabilidad en que realizan su labor en el país los activistas humanitarios. “Esta muerte me ha tocado, estoy golpeada, impactada, aterrada”, dijo conmovida Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), una institución insigne en el país centroamericano en materia de derechos humanos.

“Esto me recuerda el crimen de Miguel Angel Pavón, ese hombre valiente que asesinaron luego de ser testigo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de personas en los años 80”, afirmó Oliva. Junto a Pavón fue asesinado también Moisés Landaverde, un líder magisterial. Ambas muertes fueron ejecutadas por los cuerpos de seguridad del Estado.

Su última batalla, que acrecentó las amenazas sobre ella, fue contra la construcción de cuatro represas.

Desde aquellos dos asesinatos de 28 años atrás, cuando despuntaba en Honduras el movimiento de defensa de los derechos humanos, para sus activistas comenzaría en el país una historia marcada por tragedias, amenazas, intimidaciones y muerte. Así lo califica la coordinadora del Cofadeh que pareció presentir la muerte de Cáceres, su compañera de múltiples batallas. Reveló que soñó “que me mataban dos hombres que entraban a mi casa con uniformes color naranja y desperté sobresaltada. Una hora después me llamaron para decirme que habían matado a Berta Cáceres”. “No sé qué decir, estoy impactada”, repitió varias veces. “Aquí parece que no importa la trayectoria o el perfil que pueda tener un defensor humanitario, igual nos matan, ya no se respeta nada y así quieren que callemos, pero no lo van a lograr”, reiteró Oliva.

La sombra de la muerte

Honduras aún está conmocionada por el asesinato de Berta Cáceres, una de las líderes ambientalistas más reconocidas del país.

Honduras aún está conmocionada por el asesinato de Berta Cáceres, una de las líderes ambientalistas más reconocidas del país.

Al cierre de esta edición, otro ambientalista indígena fue asesinado. Nelson García, de 38 años, también era miembro del Copinh. García recibió un disparo en la cara y fue asesinado por hombres armados en Río Lindo, a unos 160 kilómetros de La Esperanza, donde Cáceres fue hallada sin vida. Según la organización, el asesinato de García ocurrió luego de que éste ayudara a mover las pertenencias de las familias desalojadas en la comunidad de Río Chiquito. “El asesinato ocurrió en el marco del desalojo efectuado contra la comunidad de Río Chiquito (…) en el cual aproximadamente 100 policías, 20 efectivos de la policía militar, 10 del ejército y varios de la DGIC invadieron el territorio recuperado por 150 familias”, explicó Copinh, confirmando que se utilizaron tractores y maquinaria pesada para proceder con el desahucio.

Reivindicar a los pueblos indígenas

Cáceres era la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y en el 2015 obtuvo el Premio Ambiental Goldman que se otorga a los defensores de la ecología en el mundo, el máximo galardón mundial en temas ambientales. Al otorgarle el premio, el comité declaró: “En un país donde la desigualdad socioeconómica y las violaciones a los derechos humanos van en aumento, Berta Cáceres organizó a las comunidades indígenas lencas de Honduras y emprendió una campaña de base que logró presionar con éxito a la compañía constructora de represas más grande del mundo para que se retirase del proyecto de construcción de la represa de Agua Zarca”.

De 44 años, Cáceres despuntó en la lucha humanitaria cuando a mediados de los años 90 encabezó hacia la capital de Honduras peregrinaciones pacíficas para reclamar por los derechos indígenas y colocar en la agenda del país la reivindicación de esos pueblos. Luego su lucha se centró en la defensa del medioambiente, “del agua y la tierra” como solía decir, al grado de lograr el retiro del occidente hondureño, en el departamento de Intibucá, de la corporación china Sinohydro, después de que iba a instalar una represa hidroeléctrica sin cumplir con la socialización del proyecto con las comunidades ni con las medidas ambientales de mitigación.

Su última batalla, que acrecentó las amenazas sobre ella, fue contra la construcción de cuatro represas en la cuenca del río Gualcarque, un proyecto denominado Agua Zarca, a cargo de la empresa privada Desarrollo Energéticos. La obra, con una inversión de 24,4 millones de dólares, abarca a los occidentales departamentos de Santa Bárbara e Intibucá, y establece la generación promedio de 21,3 megavatios. Cáceres se movilizó activamente en oposición a este proyecto y otros relacionados con la explotación minera que atentaran contra la tierra de sus ancestros. Esa labor le valió denuncias, intimidaciones e incluso procesos penales que llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pedir al Estado el otorgamiento de medidas cautelares por el inminente riesgo contra su vida.

Pero esas medidas cautelares, que según el gobierno de Honduras se le otorgaron mediante un sistema de patrullajes por presunta solicitud de la líder asesinada, no impidieron que sujetos desconocidos ingresaran de madrugada a su casa y la asesinaran de cuatro disparos cerca de su rostro. Al momento del homicidio, Cáceres estaba con el sociólogo Gustavo Castro Soto, otro conocido ambientalista y coordinador de la organización Amigos de la Tierra. El fue testigo del ataque y sufrió dos heridas de bala.

Entre tanto, activistas por los derechos humanos alertaron que el gobierno hondureño detuvo al activista sin causa y se rehúsa a autorizar su regreso a México, su país natal. Beverly Bell, colega desde hace mucho tiempo tanto de Castro como de Cáceres y coordinadora de Other Worlds, una organización a favor de la justicia económica y social, aseveró: “Esto que está pasando, no es solamente una terrible crisis de los derechos humanos. También es una batalla para el futuro de Centroamérica, que es el epicentro de las industrias de extracción. Así que, por un lado tienes a corporaciones multinacionales que se encuentran en Honduras apoderándose de los bosques, las minas, el agua, las tierras indígenas y los derechos de propiedad intelectual, lo que otros llaman conocimientos indígenas; y por el otro lado tienes a los movimientos sociales, que han sido liderados en Centroamérica por Gustavo Castro y Berta Cáceres luchando por la protección de las tierras indígenas, por los derechos y por la democracia participativa”.

Vulnerabilidad

La muerte de Cáceres, según el analista Eugenio Sosa, es un fiel reflejo de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores humanitarios en Honduras con repercusiones insospechadas para el Estado. “Este es un caso emblemático que el gobierno debe responder con celeridad porque la presión interna y externa será fuerte dado el perfil de Cáceres”, indicó Sosa.

Oliver Courtney, activista de Global Witness y autor del informe “Medioambiente mortal: El dramático aumento de los asesinatos de defensores del medioambiente y de la Tierra”, aseguró que “hay muy poca protección para estas personas. A menudo están operando y protestando en zonas remotas y muy peligrosas, y entrando en contacto con intereses muy poderosos y con importantes conexiones. Todo se reduce a que los gobiernos y las empresas se aseguren de que este problema se supervise mucho mejor y que los crímenes, cuando son descubiertos, sean procesados”.

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, indicó que este crimen no quedará impune y sostuvo que junto a un equipo multidisciplinario integrado para investigar el caso se sumó un grupo de expertos de Estados Unidos, al aceptarse un ofrecimiento de colaboración hecho por Washington. La condena internacional contra el asesinato de Cáceres ha sido demoledora para el Estado de Honduras. Líderes políticos, organismos internacionales humanitarios y ambientalistas, así como agencias de las Naciones Unidas demandaron justicia. Uno de ellos fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el partido izquierdista español Podemos, entre otros sectores.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, fue contundente al condenar su muerte y calificarla de “horrenda”. Consideró que este asesinato representa un golpe al pueblo y a los derechos humanos que amerita “un esclarecimiento ya”. Recordó, además, que en agosto de 2015 envío una nota al gobierno de Honduras demandando protección para los líderes de las comunidades indígenas del país centroamericano, así como un diálogo para tender puentes.

Austra Berta Flores, de 73 años, madre de Cáceres, en medio del dolor, confía en que la muerte de su hija no quede indemne. “Pido justicia y quienes me la mataron sólo hicieron de ella una mártir. Vamos a mover cielo y tierra para que su muerte no quede impune”, manifestó. En las afueras de la morgue capitalina, organizaciones humanitarias, feministas, líderes sociales y gente común se apostaron con velas y fotografías de la dirigente para rendirle un emotivo homenaje y velarla unas horas en la capital. Su entierro se realizó en La Esperanza, en el departamento de Intibucá, epicentro de sus batallas.

Salvador Zúniga, padre de los hijos de Bertha, declaró: “Son responsables de este asesinato las fuerzas oscuras que han renunciado a la razón, al diálogo y hacen uso de la fuerza, la criminalización y el odio, y el gobierno tiene la obligación de investigar porque han enlutado al movimiento de mujeres y a los pueblos indígenas de Honduras”.

En su último informe de país sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, la CIDH destacó el caso de Berta Cáceres y las amenazas en su contra, tras condenar la criminalización de los defensores humanitarios y demandar del Estado una mayor protección y garantías para que realicen con libertad su labor. De acuerdo al informe, entre 2010 y 2014, se han registrado unos 22 asesinatos de defensores humanitarios, dos desapariciones, 15 secuestros, 88 casos de robo de información y 53 sabotajes a los vehículos donde se transportaban.

La inseguridad de los defensores de los derechos humanos sigue en ascenso en este país centroamericano, según la CIDH. El riesgo de “perder la vida o padecer daño a la integridad ha ocasionado que un número importante de defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras cuenten con medidas de protección otorgadas por la Comisión que requieren implementación por parte del Estado hondureño”, manifestó el organismo.


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