LOS PAPELES DE PANAMÁ SUBRAYAN LA NECESIDAD DE TRANSPARENCIA

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Las revelaciones provocadas por los papeles de Panamá conectan a miles de destacadas figuras públicas con empresas en 21 paraísos fiscales y destapan el funcionamiento interno del sector financiero en localidades que ofrecen ventajas fiscales. La filtración de documentos, divulgados por varios medios como el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ya causó manifestaciones e investigaciones de autoridades nacionales en distintas partes del mundo.

Texto: Maddie Felts y Tharanga Yakupitiyage / Fotos: Jeremy Greene / Cate Friedman

Pocos países no se vieron salpicados por los documentos filtrados y divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Los llamados papeles de Panamá expusieron que hay unos 12 jefes de Estado, algunos en funciones y otros no, entre los 143 dirigentes políticos, familiares y allegados que utilizaron paraísos fiscales de forma secreta.

El ICIJ difundió el 3 de abril los documentos que revelan oscuros y secretos acuerdos financieros que involucran a algunas conocidas figuras adineradas, además de otras en cargos de poder. El escándalo muestra a las verdaderas víctimas del sistema financiero global, y no son los amigos de ningún primer ministro. Las desigualdades económicas siguen perjudicando y atentando contra el progreso y la cohesión social.

La organización Oxfam calculó en 2015 que algunas de las 62 personas con más dinero concentraban tanta riqueza como las 3.600 millones más pobres. Para combatir la desigualdad, el Foro Económico Mundial identificó algunas soluciones que incluyen educación, reformas a las políticas impositivas y de bienestar social, así como el desarrollo de la fuerza laboral. Son alternativas reales y fundamentales para miles de millones de personas.

Para reducir la brecha entre privilegiados y desfavorecidos, la elite global debe saldar algunas viejas deudas. La Red de Justicia Fiscal (TJN, por sus siglas en inglés) estima que las personas más adineradas concentran entre 21 y 35 billones de dólares de valores no gravados. El extraordinario número de gobernantes implicados en los papeles de Panamá refleja el alcance de la corrupción existente en los gobiernos a escala local y nacional.

Los millones de millones de dólares robados o escondidos de las autoridades fiscales por las figuras públicas envueltas, y a veces ambos, son los que faltan para desarrollar autopistas y escuelas como para invertir en salud pública. No sólo los ricos se hacen más ricos, sino que los pobres sufren una opresión sistémica. Cuando el Estado no puede o no cubre las necesidades básicas de los sectores más vulnerables, la delincuencia prospera. Las organizaciones criminales pueden transformarse en las principales proveedoras de servicios sociales y terminan arraigándose en las comunidades al punto que se ganan la confianza de la población y se infiltran en el gobierno local.

Así, funcionarios mal pagados quedan vulnerables y ceden a la tentación de la corrupción, pues los Estados desfinanciados no pueden otorgarles lo que ganan con los sobornos. El Banco Mundial estima que alrededor de un billón de dólares se destinan todos los años al pago de sobornos. No podemos permitirnos seguir ignorando la corrupción, que representa alrededor del 5% del producto interno bruto anual, unos 2,6 billones de dólares, casi 20 veces más de los 134.800 millones de dólares que se otorgan a la asistencia oficial al desarrollo.

Los lectores de este artículo podrán no estar entre las 62 personas más adineradas, pero tienen acceso a la educación, a internet y a una prensa gratuita, que es más de lo que tienen más de miles de millones de personas en el mundo. Debemos reconocer y defender al periodismo que expone y denuncia las grandes desigualdades e injusticias. No podemos dar por descontadas las libertades y las oportunidades que tenemos.

En los papeles aparecen 140 políticos y funcionarios de 50 países, vinculados a sociedades offshore en 21 paraísos fiscales.

En los papeles aparecen 140 políticos y funcionarios de 50 países, vinculados a sociedades offshore en 21 paraísos fiscales.

Además, debemos luchar, no por lo que tenemos, sino por lo que merecemos, para empezar “la honestidad, la transparencia y la integridad de nuestros gobernantes”, lo que impulsó a Birgitta Jónsdóttir, la líder del Partido Pirata de Islandia, a reclamar un cambio. Ella no es la única descontenta. Las protestas continuaron en ese país europeo aun después de la renuncia del primer ministro Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, dos días más tarde de que estallara el escándalo de los papeles de Panamá y se conociera su participación en inversiones en paraísos fiscales.

En Sudáfrica, la ciudadanía sigue protestando por los negocios en que están comprometidas sus autoridades y sus familias, y ahora que los papeles de Panamá traslucieron la participación del sobrino del presidente Jacob Zuma en contratos petroleros en República Democrática del Congo, las manifestaciones proseguirán. Las y los ciudadanos que gozan de la libertad de realizar protestas pacíficas deben luchar por la transparencia para las miles de millones de personas que no pueden alzar su voz.

Las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos deben analizarse desde una nueva perspectiva, con la información que aportaron los papeles de Panamá. Los candidatos han tratado de distanciarse de Washington y sus enredos institucionales, pero los votantes deben comenzar a reclamar que, en cambio, se alejen de los dudosos fondos que financian sus campañas.

El sistema de financiación de las campañas electorales en Estados Unidos deja muchos vacíos legales, que permiten que las corporaciones y fundaciones escondan millones de dólares, no muy diferente a los paraísos fiscales que ocultan miles de millones de dólares para dirigentes políticos y empresariales.

Aun en un país tan rico como Estados Unidos, el 15% de la población es pobre. El costo de los servicios sociales que a menudo se considera inviable es ínfimo al lado de los billones de dólares escondidos por la evasión fiscal. No hay ningún dirigente político estadounidense implicado en los papeles de Panamá hasta donde se sabe, aunque los documentos filtrados brindan a los votantes la posibilidad de reevaluar el sistema económico y político de su país.

El costo humano de la corrupción

Los 11,5 millones de documentos filtrados sobre sociedades offshore pertenecen al estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, con 210 mil entidades. El bufete sostiene que la prensa tergiversó la naturaleza de su trabajo y su papel en el mercado financiero global. Uno de los casos desvelados sugiere que la compañía Heritage Oil and Gas Ltd (HOGL) recurrió a Mossack Fonseca para no cumplir con las leyes fiscales de Uganda. Según ICIJ, los correos electrónicos difundidos exhiben que tras la venta de un yacimiento petrolero, la compañía debía pagar 404 millones de dólares en impuestos. Para no desembolsar esa suma, HOGL llevó el caso a la justicia ugandesa mientras trataba de relocalizar sus operaciones en Mauricio. Ese país tiene un acuerdo de doble imposición con Uganda, lo que permite a empresas como HOGL pagar impuestos en un solo estado. En 2000, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ubicó a Mauricio entre las localidades preferidas por las empresas por sus mínimas normas tributarias.

“Los paraísos fiscales privan a países en desarrollo como Uganda de los ingresos fiscales necesarios para brindar servicios esenciales”, sostiene el asesor en materia impositiva de Oxfam, Tatu Ilunga. En Uganda, alrededor del 37% de los más de 32,7 millones de habitantes viven con menos de 1,25 dólares al día. Ese país de Africa oriental también es donde se registra el mayor número de casos de mortalidad materna e infantil del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Uganda está entre los 10 países que concentran la mayoría de las muertes maternas. Los 404 millones de dólares de HOGL superan el presupuesto que ese país, que carece de servicios médicos, destina a la salud.

En Nigeria, el gobernador del estado petrolero Delta, James Ibori, también se vio implicado por los papeles de Panamá porque, al parecer, utilizó a Mossack Fonseca como agente de cuatro compañías en el extranjero, ubicadas en Panamá y Seychelles. Esas entidades garantizaron el anonimato para esconder a los verdaderos propietarios y a las acciones, lo que le posibilitó no declarar ni gravar fondos y valores. Ibori fue detenido en 2012 por desviar más de 75 millones de dólares fuera del país, pero las autoridades nigerianas estiman que robó y ocultó más de 290 millones de dólares en paraísos fiscales.

Al igual que Uganda, los indicadores de salud de Nigeria son malos, pues concentra alrededor del 10% de las muertes maternas e infantiles y la pobreza aumentó, con un 61% de los más de casi 186 millones de habitantes viviendo en la pobreza, informan los últimos datos oficiales de la Oficina de Estadísticas. La región del Delta del Níger, en particular, es un importante contribuyente a la economía nacional gracias a la producción de petróleo y, sin embargo, es una de las más pobres y con menos desarrollo de Nigeria. En el estado del Delta, gobernado por Ibori entre 1999 y2007, el 45% de la población es pobre.

Si bien el dinero escondido por Ibori es una pequeña parte del presupuesto de Nigeria, el hecho refleja un problema global y generalizado que va más allá de Mossack Fonseca. El coordinador de política de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, Craig Fagan, comentó: “Y pensar en los millones de documentos divulgados y el número de destacadas figuras (implicadas en el escándalo), y es sólo un estudio de Panamá. Podemos estar seguros de que hay muchos otros, ya sea en Londres, Hong Kong, Nueva York o Miami que operan con estructuras similares”.

Según estimaciones de Oxfam, por lo menos 18,5 billones de dólares están escondidos en paraísos fiscales. Para la organización, dos terceras partes están ocultos en paraísos relacionados con la Unión Europea, y el resto en lugares vinculados con Gran Bretaña, donde permanecen sin declarar ni gravar. Y Oxfam alega que son estimaciones conservadoras. El Swissleaks, el anterior escándalo similar divulgado por ICIJ en 2015, reveló que 106 mil clientes, de Venezuela hasta Sri Lanka, disimularon más de 100 mil millones de dólares en cuentas del banco HSBC.

Dinero “perdido”

¿Qué derivaciones ocasiona este panorama? El hecho tiene graves consecuencias para los países en desarrollo, que se pierden de recaudar unos 100 mil millones de dólares al año en impuestos, remarcó Oxfam. La organización también concluyó que sólo la malversación de fondos por parte de las corporaciones multinacionales le cuesta a los países en desarrollo entre 100 mil millones y 160 mil millones de dólares al año. Si se le suma la transferencia de activos, la pérdida asciende a entre 250 mil millones y 300 mil millones de dólares.

El dinero “perdido” podría sacar de la pobreza tres veces a todas las personas, aducen las estimaciones de la Brookings Institution. Además, Oxfam destacó que por cada mil millones de dólares evadidos, 11 millones de personas en la región del Sahel podrían contar con alimentos suficientes; también podrían pagarse 400 mil parteras en Africa subsahariana, donde se concentra la mayor mortalidad materna, y podrían comprarse 200 millones de mosquiteros para reducir la mortalidad infantil causada por la malaria (paludismo).

“Es el mismo sistema fraudulento que creó una situación donde la riqueza del uno por ciento más adinerado supera a la del resto del mundo”, recordó Ilunga, de Oxfam. “La malversación fiscal existe en una zona legal gris en la que algunas actividades claramente violan el espíritu de la norma, pese a que no son técnicamente ilegales. Pero el hecho de que sean legales es precisamente el escándalo que más nos preocupa a todos”, subrayó

“Sólo porque no sea ilegal no quiere decir que no sea una forma de manipulación y de corrupción”, precisó Fagan, de Transparencia. Ilunga y Fagan coincidieron en que los papeles de Panamá son un llamado de atención y urgieron a los gobiernos a poner fin a las prácticas fiscales perjudiciales y a llenar los vacíos legales. Asimismo recalcaron la necesidad de crear un registro público con los verdaderos propietarios y dueños de las empresas, y que allí se aclare dónde y cuánto dinero generan.

Con vistas a la cumbre contra la corrupción que se realizará en Gran Bretaña en este mes de mayo, Oxfam y la TJN pidieron a Londres que encabezara la lucha contra la vasta red de paraísos fiscales más cercanos, como las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán. “La cumbre ofrece una oportunidad para desmantelar el secreto que rodea a las finanzas y pone en riesgo la lucha contra la pobreza” que el mundo busca lograr con los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), señalaron en un comunicado el asesor de política de Oxfam, Luke Gibson, y el director de investigación de la TJN, Alex Cobham.

Los ODS también incluyen el compromiso de reducir el flujo ilícito de fondos y la corrupción para 2030, así como fortalecer la movilización nacional de recursos, lo que incluye la capacidad de recaudar impuestos.

Traducción: Verónica Firme


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