NON SANTO

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Por Alex Gasquet

La multinacional estadounidense Monsanto, especializada en desarrollar semillas alteradas genéticamente, ha sido votada como la compañía “más malvada” del mundo en una encuesta entre más de 16 mil lectores del sitio web Natural News. Los sondeos indican que más del 75% de los estadounidenses se siente preocupado por la presencia de transgénicos en sus alimentos, los cuales están ampliamente autorizados por los organismos regulatorios del gobierno federal y están presentes en el 80% de todos los productos alimenticios disponibles.

Monsanto es una de las empresas que ha creado más controversia a nivel mundial debido al peligro potencial y real que sus productos representan para la salud tanto humana como animal, plantas y medio ambiente en general. Monsanto ha mostrado una conducta coherente y consecuente con su desprecio por la salud a lo largo de toda su historia. Ya en la década de 1960 creaba para el gobierno de Estados Unidos el tristemente célebre “agente naranja”, un herbicida utilizado en la guerra de Vietnam con el fin de destruir la selva vietnamita y las cosechas, privando a los nativos de alimento y de vegetación donde esconderse.

El agente naranja fue un potente químico que causó entre la población vietnamita unos 400 mil muertos y unos 500 mil nacimientos de niños con malformaciones, además de bajas en el propio ejército estadounidense. Desde esa época hacia aquí Monsanto ha provisto al mundo de hormonas nocivas para animales, herbicidas disfrazados de biodegradables, productos de extraordinaria toxicidad como el PCB, fertilizantes a base de petróleo, y edulcorantes con componentes cancerígenos, entre otros.

La estrecha relación de Monsanto con el poder político acumula décadas de mutua colaboración. Hace exactamente un año observábamos estupefactos cómo el presidente Barack Obama aprobaba la ley HR 993, más conocida como la “Monsanto Protection Act” (Ley de protección de Monsanto), que le otorgaba a la corporación inmunidad judicial frente a cualquier daño que sus productos pudieran producir sobre la salud de la población o el medio ambiente. La legislación le otorgaba a la empresa “inmunidad general” si el Departamento de Agricultura decidiera examinar sus productos modificados genéticamente por cualquier peligro que pueda existir.

Un año después, Monsanto está gastando millones de dólares en luchar contra el derecho de la población a saber; a estar informada para poder ejercer su natural derecho a elegir. Como ocurre en más de 70 países, entre ellos los de la Unión Europea (UE), la ley debería obligar a las empresas a especificar en las etiquetas de los alimentos si contienen componentes modificados genéticamente. Actualmente hay iniciativas en este punto en 27 de los 50 estados de Estados Unidos a favor de que sea obligatorio.

El etiquetado podría suponer un punto de inflexión en la percepción del consumidor. En las próximas semanas la Cámara de Representantes de Vermont podría aprobar una ley en ese sentido, con lo que se convertiría en el primer estado con etiquetado obligatorio en todo el país. Los activistas defensores de los derechos de los ciudadanos aseguran que el 93% de los estadounidenses está a favor del etiquetado obligatorio y recuerdan que en 2007 el entonces senador Obama hizo una promesa al respecto antes de convertirse en presidente.

Monsanto cuenta con una poderosa estructura de lobby en el Congreso nacional que hasta ahora le ha permitido evitar legislaciones que la obliguen a asumir responsabilidades de transparencia, comunicación y evaluación de riesgo potencial. Sus relaciones con la política van mucho más allá de lo deseado. Michael Taylor, quien trabajó en la Agencia de Control de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), luego se pasó a Monsanto donde fue vicepresidente, y ahora vuelve a estar en la FDA, según revelan los registros oficiales recopilados por el Center for Responsive Politics, una organización civil. Y este no es un episodio aislado: el 72% de los cabilderos de Monsanto en 2013 ha trabajado antes en la Administración o en el Capitolio.

Las condenas por soborno a funcionarios de gobierno fuera de Estados Unidos que ha recibido Monsanto en el pasado cercano hacen muy sospechosa su estrecha relación con legisladores como Roy Blunt, senador republicano por Misuri, un estado muy agrícola. En algunos círculos, Blunt –que también recibe donaciones de otras empresas agrícolas– ha sido apodado como el hombre de Monsanto en Washington. El mismo ha reconocido que ha redactado conjuntamente con Monsanto la polémica cláusula de inmunidad para la compañía en la ley HR 993. Alguien debería recordarle al senador Blunt que él es un representante del pueblo, si es que este país sigue funcionando bajo una democracia.

Hace pocos días dos académicos de prestigiosas universidades estadounidenses publicaron una investigación en la que aseguran tener evidencias para afirmar que las élites económicas en Estados Unidos son las que con más frecuencia ven reflejada su voluntad en las políticas que el país adopta; una nación que tantas veces ha sido presentada como referente mundial de la democracia. El estudio concluye que la fuerte tendencia hacia la desregulación del gobierno estadounidense producida desde 1970 hasta la actualidad, es contundentemente más consistente con las preferencias e intereses de grupos económicos que con los ciudadanos comunes y corrientes. Monsanto es una fiel prueba de ello.

Para los ciudadanos comunes, nos queda la lucha por saber, y la capacidad de hacer sentir el peso de la suma de nuestras voces. El profundo rechazo que han generado las prácticas de Monsanto a lo largo del planeta se ha materializado ampliamente en mayo de 2013 cuando en un mismo día se celebraron manifestaciones contra la compañía en 436 ciudades de 52 países. La iniciativa, convocada por una sola persona en Facebook, se repetirá este próximo 24 de mayo. Cada vez que compre un alimento asuma que corporaciones como Monsanto no quieren que usted sepa lo que en realidad le está dando de comer a sus hijos.

Manifieste el 24 de mayo. Escríbale a sus representantes en el Congreso. Exija la ilegalización del lobby. Una democracia participativa es el reaseguro del sistema.

Hasta la próxima,

Alex Gasquet


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