Cuando en diciembre de 2005 entrevistamos a Khaled Al Masri, entendimos que la ilegalidad de los procedimientos aplicados en la "guerra contra el terrorismo" era frecuente en algo más que en casos aislados. Al Masri, ciudadano alemán de origen libanés, fue secuestrado y recluido de forma ilegal mientras se hallaba de viaje en Macedonia en diciembre de 2003. Lo detuvieron e interrogaron agentes macedonios durante 23 días, para luego entregarlo a agentes estadounidenses quienes finalmente lo trasladarían en un vuelo secreto a Afganistán vía Irak, como parte del programa norteamericano de "traslados extraordinarios". Al Masri permaneció recluido durante cinco meses en una cárcel gestionada por Estados Unidos en Afganistán, donde fue torturado sostenidamente. Al parecer, el calvario del detenido tuvo su fundamento en la similitud de su apellido con el de un miembro de la red Al Qaeda. La confusión se aclaró cinco meses más tarde y Khaled Al Masri fue finalmente liberado en una zona cercana al lugar de su detención original.

La reciente publicación de cuatro informes que detallan cómo la Administración Bush instruyó a la Central de Inteligencia (CIA) para poner en práctica técnicas de tortura en interrogatorios, confirma la existencia de un plan sistemático que incluía secuestro, cárceles secretas, vuelos ilegales y tortura en una muestra de desprecio absoluto por la ley, por los derechos civiles y por la vida misma. Los textos hechos públicos incluyen una larga lista de tormentos que se le podía infringir a un prisionero. Obligarlos a estar desnudos, golpearlos en la cara y el abdomen, impedirles dormir, someterlos a “posiciones estresantes” y manipular su alimentación, entre otros. Si bien el presidente Barack Obama ha declarado que considera “inapropiado” juzgar a los agentes que aplicaron la tortura, ha dejado la puerta abierta al sistema judicial para que formule cargos a los funcionarios jurídicos que promovieron y justificaron esos métodos. Tibia posición para alguien cuyo discurso está anclado en la posibilidad de cambio.

Desde la asunción de Obama cuatro hechos destacados se relacionan con esta situación. Primero fue la suspensión por cuatro meses de las cortes militares que funcionaban en Guantánamo, seguida del esperado anuncio de cierre de la vergonzosa prisión instalada en tierra cubana. Después asistimos a la prohibición expresa del uso de cualquier forma de tortura como herramienta de interrogatorio. La mencionada desclasificación de documentos de la CIA fue el cuarto movimiento en la misma dirección. Pero estos días nos desayunamos con la decisión del presidente Obama de reinstalar las mismas cortes militares creadas por su predecesor, aunque las reglas del proceso han cambiado, según sus propias declaraciones.

Esos tribunales ad hoc, que sólo existen en Guantánamo y garantizaban la confidencialidad de toda la información que se mencionara en los procesos, eran inaccesibles a la prensa e incluso –en algunos casos– al mismo acusado. Se realizaban en la misma cárcel, a puertas cerradas y sólo podían estar presentes los fiscales, los abogados defensores y los acusados. La decisión de los jueces, todos oficiales de alto rango, era soberana, definitiva y no podía ser discutida por ninguna otra instancia judicial. La existencia de estos tribunales de dudosa legalidad ha sido duramente cuestionada por la comunidad internacional y por el mismo Obama en su campaña.

Si bien su reinstalación no conlleva un paso atrás en la decisión anunciada de cerrar la prisión en un año, ha sido una decepcionante noticia para los seguidores de Obama y para la comunidad internacional. Más allá del impacto emocional de la noticia, el fondo de la cuestión está indicando la tremenda dificultad que implica cerrar este capítulo vergonzoso en la historia de Estados Unidos. En primer lugar, porque aún quedan 250 personas detenidas con pruebas débiles o nulas, en base a rumores no confirmados, o por información comprada a funcionarios de seguridad corruptos en Afganistán, Irak o Pakistán.

El Congreso de Estados Unidos rechaza el traslado de los prisioneros a cárceles radicadas en suelo estadounidense. Hace unos días, en Lisboa, los ministros de Interior de España, Alemania y Portugal reconocieron las “dificultades” de aceptar presos en tierras europeas. La Administración Obama debe decidir si presenta cargos, si los repatría a sus países, o si opta por una nueva fórmula de detención preventiva que permita mantenerlos encerrados. La repatriación plantea problemas severos ya que muchos de los detenidos provienen de naciones en las que serían torturados o eliminados a su regreso.

Hay que recordar que, aunque los países europeos criticaron pública y enfáticamente la política sobre tortura del ex presidente Bush, algunos de ellos aceptaron la existencia de cárceles secretas de la CIA en su territorio, y otros –como el gobierno alemán, italiano o el español– facilitaron los vuelos de la CIA. El responsable máximo y ejecutor primario ha sido el gobierno de Estados Unidos, pero Europa no está del todo limpia. Y fundamentalmente no encuentra la razón que explique por qué a los detenidos en Guantánamo no los absorbe Estados Unidos como máximo responsable del problema. La realidad es que cerrar Guantánamo parece ser mucho más complejo que el mero hecho de anunciar su cierre. No sólo por la dificultad jurídica, sino también práctica.

El cambio del presidente Obama respecto de reinstalar las cortes militares en la cárcel de la vergüenza se suma al reciente anuncio de la Casa Blanca asegurando que buscará bloquear la publicación de fotografías que muestren a detenidos en Irak y Afganistán al ser sometidos a abusos. Un camino que invita a la decepción y que pone en riesgo la muy frágil y reciente tendencia de recuperación de imagen de Estados Unidos en el mundo. El sueño parece haber durado poco.
Change?
Yes we can?