Pena capital: La muerte de la ley

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Por Alex Gasquet

El mexicano Edgar Tamayo murió ejecutado a las 21.32 hora local del pasado miércoles 22 de enero en la prisión de Huntsville, Texas. El prisionero, que estuvo dos décadas en la cárcel, vio alargada su agonía durante más de tres horas a la espera de que el tribunal Supremo de Estados Unidos admitiera un recurso interpuesto por su defensa minutos antes de la hora programada para su ejecución. Finalmente, ante el rechazo de la corte, le fue aplicada la inyección letal con una dosis de Pentobarbital, un poderoso anestésico que afecta al sistema nervioso. Diecisiete minutos después, el convicto dejó de respirar.

Tamayo nació en Miacatlán, Morelos, y tenía 46 años de edad al momento de su muerte. Cruzó ilegalmente a Estados Unidos en 1985, a los 18 años, para trabajar como jornalero en California. En 1993 se mudó a Austin, Texas. El 31 de enero de 1994, luego de una fiesta, Tamayo y su amigo Jesús Mendoza fueron detenidos, esposados e introducidos en una patrulla por el policía Guy P. Gaddis: Mendoza presuntamente habría perpetrado un robo contra un ciudadano estadounidense. El policía hizo una parada para realizar una llamada telefónica y al regresar al vehículo recibió tres disparos por la espalda. El arma con la que se hicieron las descargas fue hallada en la parte de atrás de la patrulla, aunque sin huellas dactilares de Tamayo o Mendoza. A Tamayo se le realizó la “prueba de Harrison” para detectar residuos de explosivos tras una detonación de arma de fuego y ésta resultó negativa. De acuerdo con testimonios de la época, Tamayo no recordaba lo sucedido dado el estado de ebriedad en el que se encontraba. Sin embargo, en las declaraciones contenidas en los expedientes, Tamayo admitió haber matado al policía por no haberlo dejado hablar con su esposa.

Veinte años más tarde, su caso sigue rodeado de aspectos oscuros. Tamayo era uno de los 51 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos que están bajo el amparo del fallo de la Corte Internacional de Justicia, conocido como “Caso Avena”. El 9 de enero de 2003, México demandó a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención de Viena de 1963. El 31 de marzo del 2004, el tribunal internacional resolvió que Estados Unidos había violado el artículo 36 de la Convención de Viena en los casos de 51 mexicanos, incluido Tamayo, todos condenados a muerte en Estados Unidos. La Corte Internacional ordenó a Estados Unidos someter a “revisión y reexamen” judicial las condenas, para determinar si la defensa de estos hombres se había visto perjudicada por esta violación. Se le llamó “Caso Avena” por Carlos Avena Guillén (primero en esa lista), quien fue sentenciado a muerte en California a los 19 años en febrero de 1982, por asesinato, de lo cual las autoridades consulares mexicanas fueron informadas once años después.

Antes de la ejecución de Tamayo, Texas ya había ajusticiado con la pena capital a José Ernesto Medellín Rojas en 2008, y a Humberto Leal García en 2011, pese a que la Corte Internacional dictaminó suspender las ejecuciones. Los procesos de estos 51 condenados están plagados de irregularidades. Luego de cometer un crimen, Daniel Covarrubias Sánchez huyó a México donde fue localizado y capturado el 28 de julio de 1995 por cazadores de recompensas civiles estadounidenses, quienes ingresaron ilegalmente al país vecino para su secuestro e inmediatamente lo confiaron a agentes del FBI en el condado de Monterey, California. Los agentes del FBI, además de aceptar este procedimiento ilegal, informaron a Covarrubias que su tiempo para recibir asistencia consular había expirado. Así, fue entregado al juez, que lo sentenció a muerte a través de un proceso de un mes y nueve días. Similar fue el destino de Ramón Salcedo, acusado de asesinato en California. Salcedo fue secuestrado en México y llevado por la fuerza al condado de Sonoma, en California, donde lo condenaron a muerte en 47 días. En tan sólo cinco días, Ignacio Gómez fue sentenciado a muerte por homicidio en Texas a pesar de padecer una enfermedad mental. Para cuando las autoridades mexicanas se enteraron de esto, el detenido ya había realizado declaraciones incriminatorias en su contra. Y la lista continúa…

Mas allá de la discusión moral acerca de la pena de muerte, si hay algo irrefutable es que una vez aplicada la sentencia, el resultado es inapelable. El caso de estos 51 mexicanos amparados por una sentencia de la Corte Internacional merece una revisión. Parece hasta estúpido tener que explicar que si alguien no comprende el idioma en el que le están haciendo una acusación difícilmente tenga alguna oportunidad de defenderse. Y es por ello que la ley le garantiza la asistencia consular. Desde el descubrimiento del DNA como modo de prueba criminal son cientos los casos de inocentes purgando culpas ajenas que han salido a la luz.

El gobernador de Texas Rick Perry es célebre por su orgulloso récord de ejecuciones. La electrocución de Tamayo fue cuestionada no sólo por todos los organismos de derechos humanos y el tribunal de justicia internacional, sino por todo el gobierno federal. Y ésta no es una defensa de los reos. Es una defensa del sistema. Solemos escuchar a los guardianes de la pena de muerte exclamar: “Es la ley”. A ellos me gustaría recordarles que se trata de impartir justicia. Y para eso existen los derechos de las partes. Esa es la ley. Deberíamos recordarlo más a menudo.

Hasta la próxima,


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