¿Se puede frenar la violencia en Honduras?

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Este artículo se basa en el nuevo informe conjunto del Latin America Working Group (LAWG) y el Center for International Policy (CIP), titulado “Honduras: un gobierno que no protege a su pueblo”. Asesinatos crecientes e impunidad, militarización del gobierno y la sociedad civil, son sólo algunas de las aristas de la tierra resbaladiza en la que se mueve una nación que no puede escapar a las espirales de violencia a las que está sometida. La pobreza y la corrupción hacen de Honduras el país más peligroso del mundo.

Texto: Lisa Haugaard, Sarah Kinosian y William Hartung / Fotos: Jacobo Reyes / Clementina Molina

Honduras es uno de los países más violentos del mundo. La situación en la segunda mayor ciudad del país, San Pedro Sula, demuestra la magnitud del problema. Por cuarto año consecutivo, San Pedro Sula ha sido uno de los lugares más peligrosos del planeta fuera de una zona de guerra. En 2014 tuvo una tasa de asesinatos de 171 por cada 100 mil habitantes. La ciudad, atrapada en el fuego cruzado de bandas criminales, es el principal origen de los 18 mil niños y niñas hondureños que huyeron a Estados Unidos en los últimos años.

La gran mayoría de los asesinatos en Honduras se cometen con impunidad. Por ejemplo, el 97% de los ejecutados en San Pedro Sula siguen sin resolverse. La corrupción y los abusos de la policía civil socavan su efectividad. Una nueva y controvertida fuerza de seguridad interna, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), no realiza las investigaciones necesarias para disuadir a los delincuentes y enfrenta varias denuncias de abusos en el breve lapso de su existencia. Actualmente hay 3 mil soldados de la PMOP en todo el país, pero está previsto que aumenten a 5 mil este año. La policía nacional siente que el gobierno le está quitando fondos para reemplazarla por la nueva fuerza.

El ascenso de la PMOP es parte de una tendencia mayor hacia la militarización del gobierno y la sociedad civil. Los militares controlan la mayor parte de la seguridad pública en Honduras. Pero las señales de militarización están en todas partes. Todos los sábados, por ejemplo, 25 mil niños reciben entrenamiento militar como parte del programa Guardianes de la Patria que, según el Poder Ejecutivo, busca mantener a los niños y jóvenes entre 5 y 23 años alejados de las pandillas callejeras que controlan secciones enteras de las ciudades más violentas.

Sin embargo, es poco probable que la incorporación de más armas en la calle frene de forma sostenible la ola de violencia. Lo que sí tendría efecto es el cese del clima de impunidad que permite a los asesinos matar a la gente sin miedo a las consecuencias. “Este país necesita fortalecer su capacidad y voluntad para llevar a cabo investigaciones criminales. Esta es la clave de todo”, aseguró un experto que pasó años trabajando en los organismos de justicia hondureños, y que habló a condición de guardar el anonimato.

El triple desafío

El gobierno tiene tres desafíos fundamentales. Debe reformar la fuerza policial corrupta y abusiva, fortalecer las investigaciones penales y garantizar la imparcialidad e independencia del poder judicial. La reforma de la policía parece estar estancada. Algo de esperanza generó la gran presión tras los asesinatos en 2011 del hijo de Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y un amigo. La Comisión de Reforma a la Seguridad Pública elaboró una serie de propuestas, entre ella recomendaciones para la mejora de la formación policial, los procedimientos disciplinarios y la estructura de las instituciones de seguridad pública.

Lamentablemente, el Congreso Nacional disolvió la comisión en enero de 2014, poco antes de que el presidente Juan Orlando Hernández asumiera el cargo. Pocas de sus recomendaciones fueron aplicadas. “Podrían haber purgado y capacitado a la policía en este tiempo. En su lugar, pusieron a 5 mil policías militares en la calle que no saben lo que es una cadena de custodia”, se lamentó el experto en violencia. El gobierno hondureño afirma que más de 2 mil policías fueron destituidos desde mayo de 2012, pero existe poca información pública que permita una evaluación independiente de los motivos de los despidos. Y aunque sean retirados de la policía, los ex agentes no son procesados. A algunos incluso se les permite regresar a la fuerza. Esta no es manera de inculcar la responsabilidad.

Mientras tanto, la independencia del poder judicial está bajo ataque. Desde noviembre de 2013, el Consejo de la Judicatura excluyó a 29 jueces y suspendió a 28 más sin el debido proceso, según un miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia. “Esto significa que los jueces se sienten intimidados. Sienten que si fallan en contra de personas bien conectadas, contra los políticos, pueden ser despedidos”, explicó el especialista.

En el intento de mejorar la labor judicial se crearon unidades especiales para investigar determinados tipos de delitos. Por ejemplo, con fondos de Estados Unidos, en 2011 se instituyó el Grupo de Trabajo para Víctimas Especiales para tratar los delitos contra grupos vulnerables, como periodistas, defensores de los derechos humanos y personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Esta iniciativa es prometedora, aunque sin resultados claros hasta el momento. Tampoco se sabe si estos esfuerzos especializados pueden generar una mejora más amplia del sistema judicial.

La protección de los protectores

La seguridad de los agentes judiciales es un problema particularmente abrumador. Entre 2010 y diciembre de 2014 fueron asesinados 86 profesionales del derecho, según información recibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aunque el Estado ofrece algo de protección, los fondos asignados para este fin son insuficientes.

En “un país con los más altos niveles de violencia e impunidad de la región, se requiere por parte del Estado un deber especial de protección para que sus operadores y operadoras de justicia puedan realizar sus labores de lucha contra la impunidad sin convertirse en víctimas de los propios casos que investigan o resuelve”, señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para atender los problemas que impulsan la violencia endémica, el gobierno de Honduras, junto con Guatemala y El Salvador, presentó el plan Alianza para la Prosperidad, con el fin de aumentar la inversión en infraestructura y fomentar la inversión extranjera. La idea es desalentar la migración ilegal. El gobierno de Barack Obama anunció que solicitará a su Congreso legislativo mil millones de dólares para ayudar a financiar la iniciativa, pero poco se sabe sobre la estrategia de seguridad.

En cuanto a San Pedro Sula, hará falta un cambio drástico en la voluntad política para que una iniciativa de este tipo prospere. Los donantes internacionales no deberían apoyar una estrategia de seguridad militarizada, la cual exacerbará los abusos y no brindará una seguridad ciudadana sostenible. La financiación de programas comunitarios de prevención de la violencia sería útil, pero sólo si el gobierno está dispuesto a reformar la policía, defender la justicia e invertir en educación, empleo, prevención de la violencia, salud, protección de la infancia y programas de desarrollo comunitario para proteger a sus ciudadanos más pobres.

Endureciendo las leyesAPTOPIX Guatemala El Salvador Security

Texto: Ofelia Sánchez

El gobierno hondureño propuso a mediados de marzo aumentar las penas a pandilleros y aislar los reos más peligrosos, con dos leyes dirigidas a endurecer el combate al crimen organizado. “Hemos decidido enviar una propuesta de ley al Congreso para que se analice y revise el artículo 322, que castiga con cárcel a los miembros de las pandillas, para hacer las penas más duras cuando haya agravantes”, indicó el presidente Juan Orlando Hernández, quien compareció ante la prensa acompañado del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. El mandatario anunció, igualmente, una segunda ley de “reformas al sistema penitenciario para la separación de los criminales de mayor peligrosidad; el objetivo es que no sigan delinquiendo desde las cárceles”.

Los anuncios ocurren después de varios impactantes crímenes a lo largo de marzo pasado, como el asesinato de tres modelos bajadas de un autobús en la periferia este de la capital Tegucigalpa, y la muerte a tiros de un abogado en San Pedro Sula, segunda ciudad del país. Actualmente, el código penal hondureño castiga hasta con 30 años a los miembros de pandillas juveniles o maras que se integraron al crimen organizado. El mandatario Hernández indicó que un pandillero “puede participar de un crimen”, puede actuar de manera “intelectual” o ser sólo “bandera” (encargado de vigilancia), por lo que “hay que dar espacio a medidas agravantes en las penas”, aunque no detalló los términos de su propuesta.

El gobierno atribuye al narcotráfico siete de cada diez homicidios y emprendió una ofensiva contra los cárteles con la extradición a Estados Unidos a siete líderes de estas organizaciones. Dentro de este panorama, Guatemala y Honduras crearon una fuerza fronteriza conjunta. La misma se dedicará a combatir el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, las adopciones ilegales, el tráfico de armas y otras modalidades del crimen organizado. El presidente de Guatemala, Otto Pérez, subrayó: “Es la primera fuerza que desarrollamos en conjunto con Honduras. Es un paso importante porque está inscrito dentro de la unión aduanera, las reuniones que han tenido los grupos de alto nivel en seguridad y los esfuerzos conjuntos para lograr mejorar la seguridad, especialmente en la frontera”.


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