TIJUANA: DEL SUEÑO AMERICANO A LA PESADILLA

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El canal del centro de Tijuana se ha convertido en el limbo para miles de personas deportadas. Aunque tradicionalmente ha sido la ciudad preferida para cruzar ilegalmente al otro lado, la férrea vigilancia fronteriza establecida durante los últimos años ha sellado la frontera. Durante el gobierno del presidente estadounidense Barack Obama se han efectuado más deportaciones que en ningún otro anterior, y las ciudades de Baja California son las principales receptoras de los expulsados del país vecino. Sin documentación, dinero, familiares ni perspectiva de prosperar en México, la mayoría de migrantes deportados se queda viviendo indefinidamente en la calle y el bordo fronterizo.

Texto: José Pedro Martínez (trumanfactor.com) / Fotos: Laura Gómez / Nancy Galván / Ernesto Osorio / Graciela Puentes / Adrián Gutiérrez

A group of recently deported immigrants stand near the double steel fence that separates San Diego and Tijuana at the border in Tijuana

El número récord de deportaciones ha provocado que la población de indigentes aumente en ciudades fronterizas como Tijuana.

Un inmenso canal gris, con un riachuelo de aguas residuales que lo recorre de principio a fin y toneladas de basura que se amontonan en cada rincón. Ratas, zarigüeyas, zancudos, cientos de perros salvajes, el acoso de las patrullas policiales y la antigua valla fronteriza al frente. Es la patria, México, o al menos el trozo de país que encuentran los deportados cuando regresan expulsados por la migra estadounidense. Sin documentación ni dinero, casi siempre sin familiares que les acojan en sus lugares de origen, con una vida edificada y aparcada en Estados Unidos, y un desconocimiento total de Tijuana (y de México en general, en la mayoría de los casos), casi ningún deportado considera la opción de abandonar “el bordo”. Actualmente viven entre 500 y mil personas en casitas de cartón, láminas y lona o pequeñas cuevas excavadas bajo tierra. Esperar y ahorrar dinero de cualquier modo para volver a dar el salto es el único plan de vida que les queda a las personas varadas en la frontera.
Ninguna de las personas que aquí vive está a salvo de los peligros de la violencia callejera, las enfermedades y la extorsión. La mejor forma de obtener dinero es limpiando cristales en las carreteras aledañas (preferentemente en las filas de automóviles que guardan para cruzar por la garita de San Isidro), vender artesanías o comestibles, recoger chatarra o repartir periódicos. Cualquier cosa que esté al alcance de una vida de vagabundo para conseguir comida o pagar una noche en alguno de los albergues cercanos. Pero sobre todo, ahorrar lo suficiente para pagar a un pollero. Sin embargo los deportados del canal ya no se fían de éstos: conocen demasiados casos en los que se han aprovechado de los emigrantes que han querido hacerse con sus servicios, y saben que no es una elección segura.

“Actualmente viven entre 500 y mil personas en casitas de cartón, láminas y lona o pequeñas cuevas excavadas bajo tierra.”

Pueden acabar perdidos en el desierto, o enterrados con un balazo. Además, la gente del bordo vive en constante amenaza. Por un lado, las mafias establecidas en el propio canal, que controlan la venta de cristal y marihuana, suelen cobrar “derecho de piso” a quien construya un refugio en sus límites. Por ejemplo, a Manuel Guzmán, joven chiapaneco que fue deportado hace menos de una semana, ya ha sufrido un ataque. “Llegué desorientado y cuando cayó la noche me pegaron una golpiza entre varios para robarme mi celular y 400 dólares que tenía para regresarme a Palenque.” Por otro, la policía municipal, que persigue, detiene y extorsiona a todo el que deambule en las proximidades, trabaje en la calle o mendigue, con el pretexto de que “si no tienen documentación, están en la obligación de llevárselos”.
El canal fronterizo de Tijuana es, desde los años 60, un lugar esencial para entender la historia de la migración en México. Testigo de ello ha sido Micaela Saucedo, directora desde hace cuatro décadas de la Casa-Refugio Elvira, el albergue para deportados y migrantes que está a unos metros de la frontera: “Este lugar era muy distinto entonces; era muy fácil cruzar al otro lado. Se pagaban 25 dólares por el brinco y a Tijuana venían cientos de personas a dar el salto a Estados Unidos. Yo venía a ver la gente que acampaba en este canal (que entonces era de pura terracería) a esperar el momento de cruzar. Aquí convivían un tiempo y luego se marchaban, pero no se quedaban estancados como ahora. Así me empecé a involucrar”.
Micaela creció en la ciudad y desde los 18 años trabaja para una organización benéfica por los derechos de inmigrantes y personas indocumentadas de Los Angeles. Desde esta plataforma, se han promovido leyes, actuaciones, organización de trabajadores y estudios de ciudadanía a nivel nacional (estadounidense). Ahora, tanto Saucedo como estas organizaciones pro-derechos, tienen todas las esperanzas puestas en la reforma migratoria y de la que se podrían beneficiar hasta dos millones de personas deportadas.
Y en el bordo hay varias personas que podrían hacerlo, como Domingo Barraza, de 66 años, que fue expulsado tras vivir 35 de ellos en San José (California), dejando una esposa y tres hijos. “Siempre me gané la vida trabajando en la construcción y pude crear mi propia familia. Ahora llevo siete años viviendo en el bordo y hace mucho tiempo que no hablo con mis hijos. Me da vergüenza que sepan cómo vivo”, indicó Barraza, que no tiene familiares vivos en su Durango natal.

“Ninguna de las personas que aquí vive está a salvo de los peligros de la violencia callejera, las enfermedades y la extorsión.”

Hasta los años 70, “el bordo” era un pueblito, “cartolandia”, donde la gente se congregaba, montaba su casita con lo que encontraba y esperaba para cruzar. Entonces empezaron a pavimentar la canalización y a aumentar la seguridad de la valla progresivamente. Definitivamente la situación empezó a revertirse cuando se inauguró el operativo “Guardián” (durante el mandato del ex presidente norteamericano Bill Clinton), que consistió en minar de agentes fronterizos, cámaras y sensores el cada vez más fortificado cerco, hasta sellar la frontera por completo. Los migrantes comenzaron a quedarse estancados en el canal por la imposibilidad de un salto seguro, lejos del alcance de la vigilancia de la patrulla fronteriza, y los deportados que llegaban cada noche empezaron a sumarse a ellos en la vecindad del bordo.
Saucedo cree que el problema de la emigración es muy complejo debido a los cambios que el fenómeno experimenta con el tiempo, sin embargo habla de momentos en los que la situación ha sido casi insostenible: “Hace dos años las deportaciones eran de más de mil personas diarias, entonces era un mundo de gente que se congregaba aquí. Incluso hace unos meses aún se estimaba una cantidad de habitantes en el canal de entre 2 mil y 3 mil personas. Ahora ya los dispersan más y las autoridades migratorias estadounidenses empiezan a dejarlos en Matamoros y otras ciudades fronterizas por las quejas que hemos enviado a Washington”. Durante 2012, el gobierno de Obama deportó a 409.849 personas, la mayoría eran mexicanos de los que al menos la mitad no contaban con ningún récord delictivo. La mayoría vinieron a parar a Tijuana y Mexicali.

México es el país con mayor número de emigrantes del mundo. De los 11,9 millones que viven en el extranjero, un 98% reside en Estados Unidos. Aunque la crisis económica estadounidense de los últimos años ha afectado tanto al flujo migratorio (en 2007 cruzaron ilegalmente unos 683 mil emigrantes y en 2010 se redujo a 235 mil), como al dinero que envían los trabajadores a sus familias –que han descendido un 20% desde 2009–, el país es el tercer receptor del mundo de remesas, sólo por detrás de India y Rusia.
En 2012 se enviaron 22,565 millones de dólares en remesas que significan el 2% de PIB, lo que contribuyó en gran medida, entre otras cosas, a equilibrar la balanza de pagos del país. El descenso de las transacciones no ha sido uniforme en todos los estados de la República; en Baja California han crecido un 80% desde 2005. Para el profesor e investigador del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte, Eliseo Díaz González, la caída de remesas no ha afectado a la macro economía mexicana gracias a la inversión extranjera y el ingreso de liquidez durante estos años de crisis norteamericana. No obstante, el efecto directo del desempleo en el país vecino son las deportaciones: “Es necesario mantener el equilibrio de determinadas regiones y destinar fondos públicos a resolver el problema de las personas en situación de calle y desempleados. El aumento de las remesas en Baja California también está relacionado con la llegada de deportados. Hay regiones donde el envío de remesas supone casi el 10% del PIB estatal”.

“El canal fronterizo de Tijuana es, desde los años 60, un lugar esencial para entender la historia de la migración en México.”

Al respecto, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Zacatecas (por ese orden), son los principales receptores de remesas, y multitud de familias en estos estados dependen del dinero procedente de los emigrados a Estados Unidos. Hasta un millón trescientos cincuenta mil hogares mexicanos las reciben, por lo que cabría esperar una respuesta solidaria y responsable por parte del gobierno federal para ayudar a la reinserción laboral y familiar de los migrantes deportados.
La mayoría de trabajadores mexicanos de Estados Unidos son hombres de entre 20 y 39 años. Sólo tres de cada diez tienen un grado de escuela secundaria. Se puede decir que la economía de estados como California (donde viven el 37,3% de los emigrados), o Texas (con el 21,6%), dependen directamente del trabajo de los mexicanos, que aportan la mano de obra imprescindible al sector servicios y a la agricultura.
Saucedo explica que si los trabajadores indocumentados pudieran regularizar su situación, comprarían autos y casas y empezarían a pagar sus impuestos sin miedo a ser expulsados. “Políticos e inversionistas están convencidos de la regularización de los trabajadores indocumentados. Pero hay un problema racista de trasfondo. Hay personas que dicen que no se puede regularizar a los trabajadores latinos porque deben adaptarse a la forma de vida norteamericana, cuando lo cierto es que la mayoría son hijos de emigrados o llevan viviendo en el país desde su infancia, ¿cómo pueden estar deportando gente a un país que no conocen?”, recalca Saucedo.
La población de origen mexicano de 2ª y 3ª generación creció de los 14,4 millones en 2000 a 21,8 en 2012. No todos se dedican a la construcción, la hotelería o las manufacturas. “Tenemos muy grandes políticos allá; senadores hispanos, mexicanos o hijos de inmigrantes. Esto nos ha ayudado mucho, y en toda mi vida como activista he visto cómo los latinos hemos progresado en este aspecto”, afirma esperanzada Saucedo.

Los barrios de Tijuana crecen en zonas sin urbanizar, con casas en barrancos, junto a las vías del tren, bajo torres eléctricas o en cauces de canales y ríos. Sin agua, luz ni drenaje, fabricadas con cualquier tipo de materiales de desecho y de forma ilegal, las familias intentan abastecerse por medio de la picardía. Décadas de expansión urbanística han dejado al municipio sin terreno libre donde construir. Parece que la mancha urbana deja de extenderse, aunque se estima que alrededor de 70 mil personas se asientan cada año en la zona este procedente de otros estados del país. Sin embargo, las construcciones levantadas en lugares peligrosos se encuentran en cualquier rincón de la ciudad.
Ovillos de cables salen de las farolas y se enredan en los improvisados postes de las viviendas, empalmes pelados con el cobre desnudo sobre la tierra, en medio de la calle, y enganches caseros a torres de alta tensión. “A veces mueren niños al pisarlos, incluso caballos”, advierte Octavio Mendoza. Actuar de “diablito” es la única forma de obtener luz eléctrica para muchas de las familias de la zona este de Tijuana. Aquí se concentra la mayor densidad de población de la ciudad, aproximadamente medio millón de personas, y sigue llegando gente. Enjambres de casas trepan los característicos cerros de la ciudad, sin saber bien dónde empieza y dónde acaba cada colonia.

“Durante 2012, el gobierno de Obama deportó a 409.849 personas, la mayoría eran mexicanos.”

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Muchos de los deportados han vivido durante años en EE UU por los que no tienen ya familia o amigos que los apoyen en México.

Detrás de todo hay dos realidades distintas que aquí convergen: la migración y la ocupación. Es imposible calcular con exactitud la población flotante y la cantidad de emigrantes que terminan por quedarse (los datos oficiales de 2010 sitúan en un 47,7% la población residente en la ciudad nacida en otra entidad), y la única solución al problema habitacional para los recién llegados es construir su propia casa invadiendo un terreno ajeno.
La señora Castro lleva 14 años viviendo en la colonia Terrazas, en el extremo oriental de la ciudad. Empezó a construir su casa en un terreno baldío en el que en principio no encontró rastro del dueño. Poco a poco fue mejorando los materiales, la estructura y dotándola de servicios. Pero después de tantos años, y ya legalizada su situación con la adquisición de su parcela a través del Instituto Nacional para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI), se queja de las deficiencias que su casa y el barrio tienen: “Aunque algunos ya hayamos pagado al INDIVI por nuestra casa, no tenemos pavimentación, agua ni otros servicios como recogida de basura. Ni siquiera pagando el contrato de luz eléctrica la recibimos”.
El problema se debe a la cantidad y variedad de viviendas levantadas ilegalmente sobre los terrenos ocupados. Para que el gobierno pavimente las calles, previamente debe construir el sistema de drenaje para las casas, y la mayoría no figuran en ningún registro o están en procesos judiciales con los dueños del terreno. En el caso de Terrazas, existe un pleito desde hace más de diez años entre propietarios de las tierras y el Ejido colindante, que reclama la titularidad de éstas.
“Saben que el problema no se va a resolver en muchos años y por eso la gente llega y monta sus casas donde quieren. Ves de todo, desde pequeñas viviendas de lámina y madera que se caen cuando llueve, hasta viviendas de tres alturas levantadas con cimientos de concreto, loseta y buenos materiales. Incluso hay iglesias de nueva construcción”, señala Castro. A través de un juicio de prescripción se puede otorgar la titularidad de un terreno a quien ha estado viviendo por más de cinco años en él, aunque se debe justificar estrictamente.
En algunas colonias es difícil definir los límites de los terrenos en propiedad; en algunos se asientan menos de diez familias y en otros se han construido más de cien casas. Castro achaca el caos a la cantidad de gente que se ha llegado durante los últimos años y a que han construido sus casas sin tener en cuenta donde lo hacían: “Cuando nosotros llegamos casi no había gente. El INDIVI dice que a los únicos que debemos respetar es a los meros dueños, porque el gobierno ya arregló con ellos la compra de algunos terrenos como en los que estamos nosotros. Otros aún están en disputa, no se sabe qué se hará de ellos. Algunas familias que ocupaban un terreno han sido desalojadas por el dueño. Alguien llega, ve un terreno baldío y ahí se planta. Si tienen suerte no los sacan, pero si aparece el dueño, aunque el terreno lleve abandonado años, llega y los corre”.

“De los 11,9 millones de mexicanos que viven en el extranjero, un 98% reside en Estados Unidos.”

Gerardo Cortés, delegado general del INDIVI en Tijuana, habla del conflicto al que se enfrenta la justicia para otorgar la titularidad de estos terrenos: “Tenemos conflictos importantes en colonias como Terrazas, El Refugio o Lomas del Valle, donde se da el caso de que habitantes de terrenos previamente ocupados se encuentran con que el Ejido colindante reclama la titularidad del mismo. Tanto el supuesto dueño del terreno (en este caso, Rojo Gómez) como los ejidatarios, aportan documentos de titularidad, firmados unos en la época de Benito Juárez y otros en la de Pancho Villa. Es un problema para los habitantes que reclaman la urbanización de la colonia y la instalación de servicios de agua, drenaje, luz y pavimento, que sólo pueden esperar al fallo del Tribunal Agrario que se ocupa del litigio”.
Para Cortés hay un problema de base: “Se está acabando la tierra donde poder edificar en Tijuana”. El organismo gubernamental no tiene reserva de lotes como tal, aunque sí dispone de algunos en colonias alejadas. Los pocos que quedan son propiedad del gobierno federal o de los ejidos: “Desde aquí sólo podemos regularizar terrenos en colonias populares, las más alejadas del centro urbano”. Los terrenos que el INDIVI compra a particulares son vendidos a familias de escasos recursos por cuotas de entre 800 y 1300 pesos mensuales (de 60 a 100 dólares, aproximadamente) en plazos de unos diez años. En Tijuana hay actualmente 111.482 viviendas deshabitadas.

Tijuana viene experimentando etapas de crecimiento muy desiguales. Gran parte de las colonias que ahora tapizan las colinas de la ciudad se originaron de forma irregular, aunque no todas ilegalmente. Algunas fueron producto de invasiones de predios, otras a procesos de ocupación del territorio por compras a particulares en zonas campestres y otras por operaciones especulativas de pequeños y medianos constructores. Todo este fenómeno fue controlable hasta principios de los años 80, cuando el desarrollo económico de la industria maquiladora iba asociada a la necesidad de mano de obra. Por eso se encuentran numerosas construcciones en barrancos o terrenos baldíos en colonias más céntricas, próximas a parques industriales y fábricas.
Si bien no todo el crecimiento demográfico se justifica con el incremento de esta industria, hay que entender que tiene asociada otras actividades económicas que de forma directa o indirecta, producen otros puestos de trabajo y por ende, trabajadores que demandan una vivienda. Así se han desarrollado de forma incontrolada numerosos asentamientos que siguen creciendo con la llegada de emigrantes. Tijuana ha dejado de ser una ciudad de paso para convertirse en destino debido al control fronterizo y a las políticas migratorias al otro lado de la frontera.
Actualmente, más de medio millón de personas viven en el este de la ciudad. Una zona que se ha extendido aceleradamente en poco más de 15 años. Y mientras la ciudad se queda sin terreno donde construir ordenada y legalmente, las familias emigrantes continúan recargando progresivamente los barrios de la periferia, llenando de casas ilegales hasta el último rincón de estas colonias de tercera. Y de la misma forma, con viviendas construidas con todo tipo de materiales y sobre cualquier superficie, también sin luz, agua ni drenaje, siguen siendo invadidos predios céntricos, cañones y barrancos, vías del tren y cauces de arroyos.
Para Cortés, “el verdadero problema aparecerá cuando llegue una época de fuertes lluvias. Ahora tenemos años sin grandes tormentas, pero no será así siempre. Ya se han derrumbado muchas viviendas con anterioridad, y muchas colonias corren riesgo de inundarse. Los diablitos están en riesgo de cortocircuito e incendio”.


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