VENEZUELA: EL DERECHO A PROTESTAR, EN PENITENCIA

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Las marchas y protestas que se están produciendo en Venezuela han dejado un saldo de más de cuarenta personas muertas desde su inicio en febrero. Mientras las organizaciones Amnesty International y Human Rights Watch denuncian que muchas de las personas implicadas en las manifestaciones antigubernamentales corren peligro de sufrir tortura u otros malos tratos y su derecho al debido proceso está en riesgo, el Tribunal Supremo de Justicia ilegalizó las protestas espontáneas. Ambas partes han hecho manifestaciones masivas: los opositores acusan al presidente Nicolás Maduro de autoritarismo y desmanejo de la economía; y quienes lo apoyan respaldan la continuidad del legado de Hugo Chávez de bienestar social.

Texto: Humberto Márquez / Fotos: Anadeli Luna Rivas / Juan Manuel Ponte

Todavía no se percibe en Venezuela un efecto inmediato de las nuevas restricciones impuestas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al derecho a manifestarse, aunque expertos y activistas las consideren como un atentado a libertades establecidas en la Constitución. Al cabo de unas 5 mil protestas callejeras este año, el TSJ adoptó el 24 de abril un fallo que establece que las manifestaciones ya no pueden ser sólo avisadas por los organizadores, sino permitidas por la autoridad. De incumplir ese límite serán disueltas aunque sean pacíficas, y los convocantes responderán penalmente por desobedecer y por eventuales daños a personas o bienes.

No se advierten aún las consecuencias, porque quienes erigen barricadas en algunas ciudades nunca avisan ni solicitan permisos, y las marchas y concentraciones no han sido proscritas en los primeros días posteriores al fallo, aunque los opositores tienen vedado marchar hacia el centro de Caracas, la capital del país. Líderes estudiantiles y de diversas organizaciones opositoras anunciaron que no acatarán la decisión del TSJ. “Vamos a seguir en la calle hasta alcanzar la libertad y democracia que buscamos. Para manifestar no se necesita permiso, sino coraje y decisión”, declaró la dirigente estudiantil Gabriela Arellano, de la Universidad de Los Andes.

Esta decisión judicial “suprime garantías para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, avala la represión de los cuerpos armados contra los ciudadanos y es parte de una paulatina adopción de la doctrina de seguridad nacional por parte del Estado”, sostuvo el coordinador de la organización humanitaria Provea, Marino Alvarado. Se trata de “un retroceso, no sólo en la teoría o la doctrina, sino sobre la expresa disposición de la Constitución que ordena al Estado garantizar a los ciudadanos el goce de sus derechos conforme, entre otros, al principio de la progresividad”, señaló el jurista Carlos Ayala, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque las protestas por reivindicaciones salariales o de vecinos por deficiencias en los servicios públicos pueblan desde hace años el paisaje venezolano, fueron las que iniciaron los estudiantes universitarios en febrero las que han intentado de jaquear directamente al gobierno de Nicolás Maduro. En los choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes que erigen barricadas murieron ya 42 personas. Además, hubo 674 heridos, 70 casos de tortura documentados y más de 3 mil detenciones, de las que 252 personas siguen tras las rejas, según cifras de la Fiscalía General y del no gubernamental Foro Penal Venezolano. El abogado Hermann Escarrá, redactor de la solicitud que dio pie a la decisión del TSJ, la justificó porque “el derecho a manifestarse no es absoluto, y hay que ordenar la práctica de que con o sin autorización se manifieste. Ya van 42 muertes, y eso debe conmover a la opinión nacional”.

Castigados por protestar

La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusó al gobierno de Nicolás Maduro de usar de manera “sistemática” la represión y de llevar a cabo detenciones ilegales y cometer abusos contra manifestantes de la oposición que han estado saliendo a las calles desde el pasado febrero. HRW también culpó al gobierno venezolano de hacer uso excesivo de la fuerza y en algunos casos de implementar la tortura y amenazar con violar o ejecutar a detenidos.

La ONG informó que muchas personas arrestadas fueron sometidas “a graves abusos físicos y psicológicos por integrantes de las fuerzas de seguridad, incluidas en algunos casos torturas”. El informe asimismo denunció que las autoridades judiciales del país “no velaron porque se garantizaran los derechos al debido proceso de los detenidos”. Aunque el gobierno no se ha pronunciado sobre el reporte en particular, algunos de sus funcionarios condenaron los informes que supuestamente tergiversan la realidad venezolana. Mientras tanto, el senador demócrata Robert Menéndez, presidente del comité de relaciones exteriores del Senado de Estados Unidos, elogió el informe y pidió que el gobierno de Maduro ofrezca una “explicación clara sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus fuerzas de seguridad. El gobierno de Venezuela se está escondiendo tras su autoridad ejecutiva y el poder judicial para reprimir a los opositores políticos, y sin embargo la justicia es negada a las víctimas inocentes de esta ola de violencia política”, indicó Menéndez, que presidió una audiencia en el Senado estadounidense para debatir las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Si bien otras organizaciones trataron los casos en el ámbito de lo supuesto o presunto, HRW da por hecho que hay complicidad de las fuerzas oficiales con civiles armados, que la justicia está politizada y que los casos de tortura son más de los que alega el Ministerio Público venezolano.

Por otro lado, en su base de datos el Foro también identifica a 43 “retenidos”; es decir, personas que permanecen bajo arresto sin haber sido presentadas formalmente ante un juez. Según la información –que es actualizada en tiempo real con la información proporcionada por los voluntarios del Foro– al menos 1807 de los liberados hasta la fecha están bajo medidas cautelares, mientras que hay al menos 444 cuya situación legal aún está por verificar. “En el mejor de los casos las detenciones no han disminuido y los abusos han aumentado”, remarcó Alfredo Romero, presidente ejecutivo del Foro Penal.

En términos generales, la legalidad de las capturas y el tratamiento de los detenidos también es comúnmente objeto de versiones encontradas y debate. Entre los delitos o faltas más comúnmente citadas para justificar los arrestos están la instigación pública, la intimidación pública, la obstrucción de la vía pública, el agavillamiento y la resistencia a la autoridad. Las funcionarios indicaron que solamente actúan en contra de las manifestaciones violentas e intentando garantizar al máximo el respeto de los derechos humanos.

“La forma en cómo actúan los actores que están en la calle en contra de la Guardia Nacional es terrible, escupitazos (sic), insultos, piedras. Y la fuerza pública está en la obligación de contenerlos, pero contenerlos en el marco de los derechos humanos”, explicó la Fiscal General, Luisa Ortega. “Pero hemos sido garantistas y respetuosos de los derechos humanos y siempre vamos a estar vigilantes”, agregó Ortega, para posteriormente destacar las 160 investigaciones por supuestas violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública que actualmente adelanta su unidad.

En contraste, para Alfredo Romero, la mayoría de las capturas no están justificadas y tienen como objetivo la intimidación: “Los delitos que se imputan son varios, pero la razón es la misma: que han sido parte de una manifestación. Y no existe ninguna legalidad en más del 90% de los casos, porque las detenciones sólo se sustentan en el dicho de un policía o de un funcionario policial o militar, y la jurisprudencia venezolana ha señalado que no puede el dicho de un policía servir para incriminar a nadie”.

“Líderes estudiantiles y de diversas organizaciones opositoras anunciaron que no acatarán la decisión del TSJ.”

Las protestas comenzaron por reclamos contra la delincuencia en campus universitarios, y crecieron en demanda de libertad para presos políticos, renovación de los poderes Judicial y Electoral, y luego para pedir que se libere a los detenidos por protestar y se castigue a los responsables de delitos al reprimirlas. Sobre ese panorama, el TSJ acogió el pedido de un alcalde de provincia para interpretar el Artículo 68 de la Constitución de 1999 –impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1954-2013)– y varias normas de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. El artículo 68 de la carta magna establece que los ciudadanos “tienen el derecho de manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”.

La ley dice que los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones “deberán participarlo con 24 horas de anticipación, cuando menos, a la primera autoridad civil de la jurisdicción, con indicación de lugar o itinerario, día, hora y objeto que se persigue”. Luego establece mecanismos que deben seguir alcaldes o gobernadores concernidos por el aviso de los organizadores para velar por la seguridad de los manifestantes y porque se permita el libre tránsito, entre otros derechos de terceros.

El TSJ estableció que la autoridad –alcalde o gobernador– no sólo deberá autorizar la protesta para que pueda efectuarse, sino que podrá modificar el horario y lugar de su realización. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela controla el 75% de las alcaldías y 20 de las 23 gobernaciones estaduales. En el Distrito Capital (Caracas oeste y central) el alcalde Jorge Rodríguez veta desde el 12 de febrero todas las concentraciones o marchas opositoras. En los primeros días tras la decisión del TSJ, estudiantes y grupos de opositores radicales repitieron sus protestas, en forma de concentraciones, marchas y acampadas en plazas y calles de barrios de clase media en Caracas y el interior.

Opposition demonstrators take part in a protest against Venezuela's President Nicolas Maduro's government in Caracas

Negociación. El gobierno y la oposición acercaron posturas para retomar el diálogo luego del paso de la misión de la Unasur.

La coalición opositora Mesa de Unidad Democrática introdujo ante el máximo tribunal un recurso de oposición a su dictamen, con escasas probabilidades de que prospere. Ayala, catedrático de derecho en universidades de Venezuela, Estados Unidos y Gran Bretaña, cree posible recurrir a instancias de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos para que se informen, opinen y emitan recomendaciones. Es “absurdo pretender indiciar (procesar penalmente) a los convocantes si una manifestación se sale de su cauce por cualquier equívoco o por la acción de infiltrados”, subrayó.

La violencia de muchas protestas ha tenido como protagonistas en algunos casos a manifestantes y fuerzas de seguridad, en otros a infiltrados y a grupos de civiles que, en motocicletas, se presentan como partidarios del gobierno y atacan a quienes protestan y a sus vecindarios. Marco Ponce, del no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que lleva una contabilidad de las manifestaciones (4116 entre enero y marzo, y otro millar en abril), recordó que “el 80% de la protesta lleva una carga social, pues la gente reclama salud, educación, alimentos, seguridad y otros servicios. La nueva decisión del TSJ demuestra que quienes están en el poder buscan anular las voces críticas y a quienes reclaman sus derechos. Pero las cárceles se seguirán llenando de gente que protesta”.

Liliana Ortega, de la organización Cofavic, creada por víctimas del Caracazo (la semana de desórdenes, saqueos y represión que dejó centenares de muertos en 1989), recalcó que “los derechos humanos no son concesiones de los Estados ni dádivas de los gobiernos. Son inherentes al ser humano, irrenunciables, intransferibles, integrales e imprescriptibles, y no necesitan permiso para ejercerse”.

 

 

 

 


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